Por Borja Carrascosa, director de Capital
El Estado desafía otra vez al mercado. Esta semana, el Gobierno ha desatado la euforia al anunciar que el déficit público, en números redondos, se redujo en 32.400 millones de euros en 2021 frente al registrado en el “pandémico” 2020, hasta situarse en 82.800 millones (6,87% del PIB). Estas cifras grandilocuentes -en esencia, cualquier reducción del déficit es buena, ojo-, ocultan una doble realidad alarmante: la persecución fiscal de la iniciativa privada es salvaje y el proceso de estatalización de la economía española avanza día tras día.
Este “histórico” ajuste del desequilibrio de las cuentas públicas se ha producido como consecuencia de la creciente capacidad del Estado de succionar las rentas generadas por el trabajo de los ciudadanos y de las empresas. Son estos últimos los que han salvado al sector público, igual que sucedió en 2012 y 2013, y no al revés. Las cifras que exponemos a continuación así lo demuestran.
Según los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el fuerte ajuste del déficit descansa sobre el incremento de los ingresos, ya que la recaudación de impuestos se dispara un 15,3% -295.800 millones de euros- y las cotizaciones sociales que pagan las empresas por sus trabajadores crecen un 6,3 % -172.500 millones-. En conjunto, el sector privado pagó 61.500 millones de euros más al Estado que el año anterior, un 13,2% más, concretamente.
La estrategia de extracción de rentas por parte del Gobierno se percibe aún con mayor nitidez ante la negativa de bajar los impuestos a los carburantes en un momento de necesidad real. En vez de eso, la bonificación de 20 céntimos por litro -en la que también pierde ingresos la gasolinera- suena más a improvisación que a medida de apoyo al sector privado. Además, las colas de automóviles, camiones y motos que se vieron el viernes en las estaciones de servicio recordaron por momentos a situaciones desagradables del pasado.
“La persecución fiscal de la iniciativa privada es salvaje y el proceso de estatalización de la economía española avanza día tras día”
La estatalización de la economía española por la vía del gasto público es incluso más impactante que la estrategia fiscal. La subida de los ingresos, producto de la recuperación económica, fue la excusa perfecta para que la Administración aumentara otra vez sus desembolsos. En 2020, el argumento para elevar el presupuesto estaba más que justificado: la pandemia reventó el consumo y disparó las cifras de desempleo.
En 2021, con una recuperación real -aunque insuficiente- del sector privado, la subida del gasto público en otros 29.000 millones de euros ya no se puede justificar como apoyo al crecimiento y a la creación de empleo. El objetivo es el control absoluto de la economía. La Administración Pública lo quiere todo.
El mercado recrudece su castigo a través de la deuda pública
Y los mercados -sí, aquellos capitalistas malvados que le prestan dinero a este Estado quebrado- empiezan a castigar al Gobierno que, a través del BOE, se dedica a extraer rentas al sector privado. Esta semana, el interés del bono español a 10 años ha superado el 1,6% en el mercado secundario y las subastas de deuda son cada vez más caras. La comparativa interanual es alarmante, por mucho que el Banco Central Europeo (BCE) siga siendo el principal comprador.
Hace un año, en marzo de 2021, el Tesoro Público español adjudicó bonos a diez años con un interés medio del 0,351%. La misma referencia, un año después, se ha colocado con un cupón del 1,307%. Esto implica un encarecimiento del 272,4%, casi se ha cuadruplicado en solo un año. Y no debemos olvidar que la partida de “servicio de la deuda” también se paga a través del presupuesto.
En total, en 2021 el coste de la deuda se llevó más de 26.000 millones de euros del presupuesto del Estado español, y, en el presente ejercicio, esta cifra superará con total probabilidad otra vez los 30.000 millones, con un pasivo público superior a los 1,5 billones. La ralentización económica; la inflación; la guerra de Ucrania; la incertidumbre; la inseguridad jurídica y la nula aplicación de reformas estructurales con visión de largo plazo son lastres demasiado pesado para un Gobierno adicto al gasto.
