Hace algo más de un mes, el Parlamento Europeo decidió enviar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la cuestión de legalidad sobre la tramitación del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur. Traducido: se activó un freno político con envoltorio jurídico. Y lo más significativo no fue el tecnicismo institucional, sino la coalición que lo impulsó: la extrema izquierda y la derecha nacionalista antiliberal, votando en la misma dirección. La pinza de siempre. El proteccionismo de siempre. Eslóganes distintos, pero idéntico resultado: impedir que los europeos compren más barato y vendan más fuera.
El episodio dejó una imagen difícil de borrar. Por un lado, Vox, celebrando la “victoria del campo”: paralizar un acuerdo que llevaba negociándose desde 1999. Por otro, Podemos, proclamando lo mismo con un lenguaje casi intercambiable: “Mercosur reventará el campo para que ganen las grandes empresas”. Cambias el logo de los mensajes y se vuelven indistinguibles. Y eso es lo que debería escandalizar a cualquiera que aún respete la coherencia ideológica. ¿Aliados de Javier Milei votando contra la apertura comercial?
Si algo define a Milei en materia económica es su defensa explícita del libre comercio frente a la cerrazón peronista. No del libre comercio como consigna decorativa, sino para abaratar bienes, aumentar la competencia, elevar la productividad y disciplinar a los grupos de presión. ¿Por qué se opone entonces Vox (y la extrema izquierda) al acuerdo UE-Mercosur? No porque sea poco liberalizador. No porque mantenga aranceles, cupos y salvaguardas. No: se opone porque, incluso con todas esas limitaciones, liberaliza demasiado. Es decir, porque introduce competencia.
Es en este punto en el que aparece su consigna estrella: “Libre comercio sí, pero con igualdad de condiciones regulatorias”. O sea, libre comercio, no. Porque esa frase suele funcionar como un comodín para blindar cualquier privilegio existente. Europa está hiperregulada. Y, en vez de aprovechar esa evidencia para exigir desregulación interna y apertura exterior, se utiliza como excusa para cerrar fronteras comerciales. La lógica real es transparente: mantengamos nuestra regulación, nuestro coste, nuestros precios… y que el consumidor pague la factura. Y la paga.
Vox, al alinearse con los lobbies agrarios, está diciendo implícitamente lo siguiente: “los españoles deben seguir pagando más por la cesta de la compra para sostener determinadas explotaciones agrarias y ganaderas que no son capaces -o no se les permite- de competir”. Lo más cínico del asunto es que quienes más se lamentan del encarecimiento del coste de la vida son, a menudo, los mismos que se movilizan contra cualquier medida que, de verdad, podría abaratarlo. Si la carne, el arroz o el pollo importados pudieran entrar más fácilmente, lo harían, en general, por un motivo: porque serían más competitivos en precio. Si no fueran más baratos, no desplazarían nada.
Aun así, conviene subrayar otra idea esencial: el acuerdo UE-Mercosur ni siquiera es una liberalización radical, sino limitada, muy limitada. Mantiene restricciones que están diseñadas precisamente para proteger al campo europeo. Dos mecanismos lo muestran con claridad.
Primero, los cupos: cantidades máximas que pueden importarse con arancel reducido. Superado el cupo, vuelven los aranceles previos. El ejemplo más citado es el de la carne de vacuno: un cupo anual con un arancel del 7,5% (ni siquiera libre de aranceles). En términos relativos, estamos hablando de porcentajes pequeños frente a la producción europea (inferiores al 2% del total). Algo parecido sucede con la carne de ave, con cupos acotados y magnitudes modestas. Es decir, el acuerdo no abre las compuertas: apenas entreabre una rendija.
Segundo, las cláusulas de salvaguarda: si ciertas variables (precios e importaciones) evolucionan de forma que sugiera desplazamiento de productores europeos, el propio acuerdo permite suspender el trato arancelario preferente. En lenguaje llano: si la competencia aprieta, se puede volver a cerrar.
Todo eso es, desde la visión liberal, criticable. Cupos, aranceles, salvaguardas: trabas. Uno podría entender que un partido liberal votara en contra por considerarlo un acuerdo timorato, lleno de excepciones y privilegios. Pero no es eso lo que ha pasado. Lo han frenado porque les parece demasiado aperturista, un 1% o un 2% de importaciones potenciales en ciertos productos ya les resulta intolerable. Y una caída de precios superior al 5% ya les parece un sacrilegio.
Con estos bueyes proteccionistas tenemos que arar: la pinza entre extrema izquierda y derecha nacionalista bloqueando la apertura comercial para proteger a los grupos con mejor capacidad de presión.
