El Congreso de los Diputados se prepara para debatir y decidir este miércoles, 16 de septiembre, sobre la continuación o derogación del decreto ley que destina 309 millones de euros a medidas urgentes de apoyo económico y social para Ceuta. Esta norma, que está en vigor desde su aprobación por el Consejo de Ministros el pasado 2 de septiembre, deberá ser convalidada o derogada por el Congreso conforme a la Constitución española.
El decreto ha generado polémica, y Vox ya ha manifestado su rechazo, calificando las medidas de "financiar nuestra propia invasión" y criticando la gestión de la situación en lugar de combatirla. Pepa Millán, portavoz de Vox, expresó en una rueda de prensa que las medidas no ayudarán, sino que multiplicarán "las estructuras destinadas a atender a los invasores".
El paquete económico que defiende el Gobierno incluye 309 millones de euros, más 50 millones en avales, para respaldar áreas claves como servicios esenciales, seguridad, acogida de menores y apoyo a empresas y trabajadores en el periodo restante de 2026. Del total, 118 millones están destinados a la acogida de menores y asistencia humanitaria, 90 millones refuerzan la seguridad, y 80 millones proporcionan ayudas a empresas y trabajadores. Finalmente, 21 millones apoyarán servicios esenciales como la sanidad, educación y justicia.
El paquete económico incluye una amplia gama de medidas para apoyar tanto a la ciudadanía como al tejido empresarial de Ceuta
Entre las ayudas al sector empresarial destacan 36,6 millones de euros en ayudas directas, que gestionará la Agencia Tributaria para beneficiar a 2.500 autónomos y 1.500 empresas de la región. A partir del 14 de septiembre, los autónomos podrán recibir 5.000 euros, mientras que las empresas obtendrán entre 1.000 y 150.000 euros según su facturación. Además, se prevén 14 millones para el comercio y turismo, canalizados a través de la Cámara de Comercio, para fomentar el consumo y la llegada de visitantes.
La norma también promueve la promoción de Ceuta como destino turístico mediante un plan especial gestionado por Turespaña. En el ámbito laboral, se incluyen exenciones en las cuotas a la Seguridad Social para empresas afectadas por la situación, así como prestaciones extraordinarias por cese de actividad para autónomos.
El Gobierno ha legislado un régimen especial de fuerza mayor para expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), aún vigentes hasta finales de 2026, permitiendo una exención del 100% en las cuotas a la Seguridad Social de las empresas afectadas. También se incrementa al 75% la bonificación de aportes para trabajadores indefinidos en Ceuta y Melilla, impactando el presupuesto con 36,6 millones de euros por ciudad.
Las medidas se extienden a la inversión en servicios esenciales, con refuerzos en sanidad, educación y justicia, incluida la asignación de 3,5 millones de euros para 100 nuevos profesionales de salud. Mientras tanto, 90 millones se destinan a seguridad, con incentivos para la Policía Nacional y Guardia Civil.
Finalmente, el decreto contempla apoyo a infraestructuras esenciales con una subvención al puerto de Ceuta y recursos para la planta desalinizadora, además de beneficios fiscales mejorados para empresarios residentes en Ceuta y Melilla, agregando un presupuesto de 100 millones de euros anuales para estas medidas.
