Opinión

Borja Carrascosa, director de Capital
Borja Carrascosa
Director de Capital

¿Dónde está nuestro gigantesco Estado?

Empezamos un nuevo curso y España se mantiene en esa llamativa paradoja que afecta desde hace varios años a sus ciudadanos, que se preguntan dónde está el Estado cuando más se necesita, ese gigantesco ente que financian con impuestos cada vez mayores y que tiene ramificaciones en todo el tejido productivo nacional. Solo en esta legislatura, pasó con la DANA en Valencia (238 fallecidos), con el accidente ferroviario de Adamuz (46 víctimas) y, anteriormente, con el volcán de la Palma. Y sigue y seguirá pasando.

Este verano de 2026 comenzó con el mayor incendio vivido en nuestro país desde que existen registros -el de Burgohondo (Ávila), que afectó también a la Comunidad de Madrid-. Posteriormente, España vivió a finales de julio la invasión de Ceuta desde Marruecos, que ha convertido la ciudad autónoma en un campo de refugiados, de número indeterminado, tras una clara violación de las fronteras de la UE que no ha tenido consecuencia alguna en términos de responsabilidades políticas. Y, al cierre de esta edición, el conflicto está lejos de solucionarse.

En estos dos casos más recientes, los ciudadanos de los territorios afectados se sintieron, y así lo expresaron, “abandonados” por el Estado. La lentitud en la reacción de la Administración, la tediosa y jerárquica toma de decisiones en dos momentos clave y la falta de unidad en la respuesta impidieron un apoyo institucional mayor a todos los niveles, con eficacia y agilidad. En vez de ello, hubo broncas entre los dirigentes políticos, hasta del mismo signo y dentro del propio Ejecutivo.

Por no hablar, claro está, de las extensas vacaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que descansaba mientras todo esto sucedía en nuestro país. Durante el periodo vacacional históricamente más extenso que ha disfrutado un líder del Ejecutivo desde la instauración de la democracia, España se ha quemado y Europa ha sido invadida a través de nuestras fronteras en un verano gris en el que la política no ha estado a la altura.

Y no podemos achacar esta falta de reacción a la escasez de recursos económicos, al menos, a la vista de los datos. La realidad es que la maquinaria estatal española no había gestionado tanto capital, ni en términos relativos ni en términos absolutos, en ninguno de los momentos álgidos de la economía española en los últimos cincuenta años. El volumen de ingresos bate récords históricos todos los meses.

La progresiva estatalización de nuestro país es clara, la Administración es el primer actor económico de España y el que impulsa con mayor brío el avance del PIB. Porque no debemos olvidar que el gasto público improductivo también infla las estadísticas de creación de riqueza, y que la inflación juega a favor del Estado y en contra del bolsillo de los ciudadanos.

Haicenda nunca había recaudado tanto. Los ingresos tributarios cerraron el primer semestre con otro incremento superior al 10% (cerca del 9% en términos homogéneos), según datos de la Agencia Tributaria (AEAT). El nivel de esfuerzo fiscal, unido a la inflación (4,3%), impacta en las cuentas domésticas y en los resultados de las empresas, pero no es suficiente, no obstante, para sostener la evolución de las pensiones.

De hecho, según cálculos del ministro de Hacienda, Arcadi España, el pago de las prestaciones absorberá aproximadamente ocho de cada diez euros del déficit del Estado. Estos son cálculos incluidos en la senda de estabilidad, rechazada por el Congreso de los Diputados, porque nuestro país sigue sin renovar sus Presupuestos Generales del Estado (PGE) desde hace tres años.

El ciudadano, pues, busca explicaciones para poder entender por qué un ente que cada vez es más grande no sale rápidamente al rescate de la población cuando la situación más lo requiere. El viejo tópico del gigante con pies de barro, el Goliath torpe, una máquina enorme, pero terriblemente lenta e ineficiente.

La debilidad del Ejecutivo, sin apoyos parlamentarios, lo que revela es que el Estado, hoy en día, no se utiliza para proteger al ciudadano, sino a los miembros del Gobierno y todos los que dependen de ellos. Feliz vuelta a la realidad.

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