El mundo desarrollado necesita inflación y los estados europeos, cada vez más sobreendeudados, aplauden de puertas hacia dentro -y en voz muy baja, generalmente- cualquier repunte mensual de los diferentes indicadores de precios. El encarecimiento del coste de la vida riega de ingresos fiscales las arcas estatales sin necesidad de aplicar subidas de tipos impositivos, es el aliado perfecto del gobernante adicto al gasto porque los causantes siempre son externos y ajenos a su gestión.
El sistema, en esencia, está diseñado para que los precios suban, porque este escenario revaloriza activos como las propiedades inmobiliarias y, en términos generales, las acciones de las empresas cotizadas. Y esto sucede porque aumenta el capital en circulación, ya que, en las economías basadas en divisas como el dólar, el euro, la libra esterlina o cualquiera de las denominadas como fiat, rara vez se produce una contracción del dinero. Los bancos centrales cuidan a los inversores y a los propietarios.
La caída de precios, de hecho, se considera una mala noticia en términos generales, independientemente de que esta se produzca por ganancias en productividad, como es el caso, por ejemplo, de las que se observan en el sector tecnológico. Si se produjera una deflación -fuertemente temida por la mayoría de los economistas-, en un contexto de ‘normalidad’ económica, los ciudadanos asalariados tendrían mayor capacidad para adquirir bienes y servicios.
Lo que sucede es justo lo contrario, y lo podemos observar en las rentas reales de los españoles. El poder adquisitivo, pese a las subidas de salarios pactadas en los últimos años, se deteriora a marchas forzadas desde 2019. Según datos del Banco de España, el salario neto -descontada inflación- ha caído cerca de un 4% en los últimos siete años.
En realidad, los bancos centrales no tienen toda la capacidad que les atribuimos para controlar las fuertes variaciones de precios. Según un estudio de UBS, después de la pandemia, más del 70% de las desviaciones en la inflación son atribuibles a los alimentos y a la energía -particularmente, al petróleo-, que evolucionan en función de variables globales como las guerras o los cambios climáticos. Es decir, que no están afectados por la política monetaria.
Esta puede ser una explicación válida para entender que los objetivos de inflación de los bancos centrales sean del 3 %, ya que los incrementos de PIB generados por los aumentos de precios son muy útiles para ‘enjuagar’ las estadísticas de deuda pública. Esto, independientemente de que un aumento del coste de la vida de ese nivel, sostenido en el tiempo durante muchos meses, e incluso años, supone un duro golpe para la capacidad adquisitiva de la mayor parte de la población mundial.
En el caso español, la inflación es un regalo del cielo para el Gobierno. Los ingresos fiscales crecen a un ritmo superior al 10% todos los meses, prácticamente de forma automática, gracias a las subidas de precios. Y esto impide analizar el comportamiento de algunas variables que se disparan, silenciosamente ocultas en los datos de ejecución presupuestaria.
Es el caso, por ejemplo, del coste de la deuda. Los intereses de las obligaciones, los bonos y las Letras del Estado en circulación crece a un ritmo del 11% -datos de mayo publicados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)-, ya que, al ingente aumento del volumen de emisiones, se suma un incremento gradual del coste de financiación del pasivo público español en el mercado.
De hecho, el Estado central gasta casi un 80% más en pagar intereses de deuda -15.748 millones hasta mayo- que en salarios de funcionarios -8.904 millones-. Esta brecha, previsiblemente, seguirá ampliándose, pero, mientras exista inflación, los ingresos tributarios seguirán disparados. Feliz verano, aunque un poco más caro, para todos.
