La reforma fiscal en España ha sido un tema central en los últimos años, en especial en relación con la tributación de las rentas de capital. La reciente propuesta de Sumar de aumentar el tipo máximo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para las rentas del capital al 30% es un aspecto que ha suscitado un amplio debate. Esta medida podría tener implicaciones significativas en términos de equidad económica, progresividad fiscal, inversión, y competitividad fiscal de España. Charlamos con Gestha, sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, para analizar los distintos aspectos vinculados a esta propuesta y las posibles consecuencias de su implementación.
Contribución a la equidad económica
Según la organización, el aumento del tipo impositivo de las rentas de capital podría ser un paso hacia una mayor equidad económica, dado que las rentas del capital están mayormente concentradas en los segmentos más ricos de la sociedad. "Las rentas de capital incluyen ganancias patrimoniales, dividendos e intereses, y suponen una importante fuente de ingresos para las personas con mayores patrimonios. En contraste, los sectores con ingresos medios y bajos suelen depender en mayor medida de las rentas del trabajo", afirman.
En su opinión, este aumento impositivo busca corregir un desequilibrio histórico: "Las rentas del capital han estado tradicionalmente menos gravadas que las del trabajo. Mientras que los ingresos laborales están sujetos a tipos impositivos progresivos que alcanzan hasta el 54% en algunas comunidades autónomas, las rentas del capital han tenido un tratamiento fiscal más favorable, con tipos máximos que no superan el 28%. Este tratamiento desigual ha contribuido a la creciente brecha de riqueza en España".
En conclusión, indican que desde una perspectiva de redistribución de la riqueza, un tipo del 30% para las rentas de capital permitiría aumentar los ingresos fiscales que el Estado podría utilizar para financiar programas sociales y mejorar los servicios públicos. Esto beneficiaría, principalmente, a los sectores más vulnerables de la sociedad, generando un mayor equilibrio en la distribución de la riqueza.
Progresividad del sistema fiscal
El sistema fiscal español ha sido criticado por su falta de progresividad, y gran parte de esta crítica se dirige a la diferenciación en la tributación entre las rentas del trabajo y las del capital. Según el Comité de Expertos para la Reforma Tributaria de 2022, las rentas del capital son más sensibles a los cambios impositivos debido a su mayor movilidad internacional y a la facilidad de elusión. Sin embargo, también se sugiere que acercar los tipos impositivos de las rentas del capital a los del trabajo podría mejorar la progresividad del sistema.
En la actualidad, las personas que ganan un millón de euros en dividendos tributan efectivamente un 26,78% de IRPF, un tipo que también soportan trabajadores con bases liquidables de solo 42.000 euros. En concreto, explican que en España, "las rentas del ahorro se gravan a tipos marginales más bajos (del 19 al 28% desde que el 1/1/2023 entró en vigor la nueva escala de gravamen aprobada con la Ley de PGE para 2023) que las rentas de la base liquidable general (cuyos tipos marginales varían según la Comunidad autónoma de residencia que oscilan del tipo mínimo del 18,5% de Madrid o el 20% de Cataluña, al máximo entre el 45% de Madrid y el 54% de la Comunitat Valenciana).
La dualidad del IRPF, en el que las rentas de capital no aumentan el tipo progresivo del resto de rentas, así como este tratamiento fiscal más favorable para las rentas del capital, son dos factores que han reducido la progresividad del sistema fiscal desde hace décadas. A este respecto, debe tenerse en cuenta que el IRPF aporta el 95,4 % de la progresividad del sistema fiscal español, frente al Impuesto de Sucesiones y Donaciones que solo aporta el 3,2 %, y al Impuesto de Patrimonio, el 1,4 % restante. Al aumentar el tipo impositivo sobre las rentas del capital, especialmente para las rentas más altas, se podría equiparar más el trato fiscal entre el capital y el trabajo, contribuyendo así a una mayor progresividad. De hecho, quienes obtienen un millón de euros en dividendos, soportan en la actualidad un tipo efectivo en el IRPF del 26,78%, el mismo tipo que soportan, en general, trabajadores o autónomos con bases liquidables de 42.092,64 euros". En conclusión, y desde su perspectiva, este hecho ilustra la falta de equidad en el tratamiento de ambos tipos de renta. Por tanto, desde Gestha argumentan que equiparar el tratamiento fiscal de ambas rentas mediante el aumento de los impuestos sobre el capital ayudaría a corregir esta distorsión y a fomentar una mayor progresividad.
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Impacto en la inversión extranjera y nacional
"Uno de los principales temores ante el aumento de la fiscalidad sobre el capital es su posible impacto negativo en la inversión extranjera y nacional. Según el Comité de Expertos para la Reforma Tributaria, las rentas del capital responden de manera más elástica a los cambios impositivos en comparación con las rentas del trabajo. Esto significa que, en teoría, un aumento en los impuestos sobre el capital podría disuadir la inversión y provocar la salida de capitales hacia países con regímenes fiscales más favorables", sostienen.
Sin embargo, "la evidencia reciente en España parece contradecir esta teoría: los datos de DataInvex muestran que la inversión extranjera en el país aumentó un 41,06% en 2023 en comparación con el año anterior, pese a la implementación de nuevos tramos impositivos sobre las rentas del capital. Esto sugiere que, al menos en el contexto actual, el aumento de los impuestos sobre el capital no ha tenido un impacto negativo significativo en la atracción de inversión extranjera".
En cuanto a la inversión nacional, recuerdan que la mayor parte de esta está canalizada a través de grandes empresas e inversores institucionales, que no están directamente afectados por el IRPF. "Las empresas, además, cuentan con mecanismos como la deducción de doble imposición y la armonización fiscal internacional, lo que mitiga el impacto de los impuestos a nivel corporativo. Por tanto, el riesgo de que un aumento del IRPF desincentive la inversión nacional también parece limitado", concluyen.
El incremento del IRPF sobre las rentas del capital no discrimina entre sectores específicos como el tecnológico o energético
El incremento del IRPF sobre las rentas del capital no discrimina entre sectores específicos como el tecnológico o energético, según los expertos consultados. Sin embargo, existen incentivos fiscales que promueven la inversión en empresas de nueva creación, con deducciones en varias Comunidades Autónomas. Además, el FMI alerta sobre la necesidad de reconsiderar incentivos fiscales que fomentan la automatización en detrimento del empleo, especialmente en sectores tecnológicos donde la IA podría aumentar la desigualdad.
Por otro lado, explican que España mantiene una competitividad fiscal aceptable según índices internacionales, aunque se sitúa en una posición baja en el ámbito de los impuestos. Pese a esto, matizan que hay margen para incrementar los tipos marginales del IRPF sin afectar la competitividad, aunque el margen para aumentar los impuestos sobre el capital es más limitado.
Además, nos cuentan que existen propuestas como equiparar los tipos impositivos entre las rentas del trabajo y del capital, revisar el tratamiento de las ganancias patrimoniales a corto plazo, armonizar los impuestos sobre patrimonio y sucesiones, e implementar un impuesto mínimo global sobre grandes fortunas. Y detallan que, dado que las rentas del capital están concentradas en una pequeña parte de la población, el impacto recaudatorio de aumentar los impuestos sería limitado. Si bien esta medida podría mejorar la equidad del sistema tributario, no sería suficiente para financiar significativamente los servicios públicos como sanidad o educación.
Como conclusión, desde Gestha afirman que un aumento del IRPF sobre las rentas del capital no parece tener un impacto negativo directo en la creación de empleo, dado que las fortunas más altas están concentradas en pocas personas. Además, cualquier posible efecto negativo podría compensarse con incentivos fiscales a la inversión productiva y políticas activas de empleo.