La ola de incendios forestales que asola España este mes se ha convertido en una crisis económica y logística de enormes proporciones. Más de 150.000 hectáreas calcinadas en lo que va del año sitúan al país en el tercer peor balance en dos décadas, mientras los efectos se extienden mucho más allá de las zonas devastadas.
Una de las consecuencias más inmediatas ha sido la interrupción del principal corredor ferroviario: la línea de alta velocidad Madrid-Galicia permanece suspendida por quinto día consecutivo debido al riesgo que representan los fuegos en Ourense. La falta de conexión ha dejado a miles de viajeros atrapados, obligados a recurrir a autobuses improvisados y generando una desorganización que afecta no solo al turismo, sino también a la vida cotidiana de quienes dependen de ese enlace.
La crisis se agrava con cortes en la red viaria, incluyendo la autopista A-52 entre Zamora y Ourense y hasta 16 carreteras nacionales y autonómicas afectadas. Estas interrupciones complican el transporte de mercancías y encarecen los desplazamientos en todo el noroeste del país.
El turismo, motor económico en pleno verano, está sufriendo especialmente. El encarecimiento de vuelos hacia Galicia, que han pasado de unos 100 euros a superar los 400 en apenas unos días, refleja la tensión del mercado aéreo. Hoteles, casas rurales y negocios de hostelería acumulan cancelaciones, mientras que territorios emblemáticos como los Picos de Europa han visto cómo las llamas obligaban a cerrar rutas icónicas y a evacuar localidades enteras, arruinando la temporada para cientos de pequeños empresarios. El patrimonio natural y cultural, que constituye la principal fuente de atractivo de estas regiones, queda así expuesto a una doble amenaza: el daño inmediato del fuego y el colapso económico de su entorno.
La factura económica ya es millonaria. Las primeras estimaciones sitúan en más de 500 millones de euros el coste de las tareas de extinción, a lo que habrá que sumar las inversiones en restauración de ecosistemas, reconstrucción de viviendas y compensaciones a los sectores más afectados. La logística también paga un precio: la interrupción de carreteras y vías férreas altera el flujo de mercancías y retrasa el suministro de productos frescos y de primera necesidad, con especial incidencia en los mercados regionales del noroeste peninsular.
La situación se ve agravada por la prolongada ola de calor, una de las más intensas desde 1975, que ha creado un cóctel explosivo de altas temperaturas, sequedad extrema y vientos que favorecen la propagación de las llamas. A ello se suma la falta de inversión acumulada en prevención: España destina hoy la mitad de recursos que hace trece años a políticas de protección y limpieza forestal, lo que ha dejado una red debilitada frente a catástrofes de esta magnitud.
El resultado es una tormenta perfecta que no solo devora montes y pueblos, sino también infraestructuras vitales, oportunidades de negocio y confianza en la capacidad del país para proteger su territorio. Los incendios de agosto muestran con crudeza cómo una catástrofe ambiental se transforma en crisis logística y económica, con efectos que se sentirán durante meses.
La reconstrucción exigirá más que apagar el fuego: hará falta repensar la prevención, reforzar el sistema de transportes y diseñar un plan de recuperación que evite que la próxima ola de calor paralice de nuevo a todo un país.
