En julio de 2022, el Gobierno de España aprobó una normativa que entrará en vigor en el primer trimestre de 2024, conocida como la 'ley influencer'. Esta legislación se enfoca en influencers, streamers y creadores de contenido digital, proponiendo un marco legal que equipare su contenido publicitario al permitido en la televisión. Con sanciones que pueden alcanzar millones de euros, esta ley es un antes y un después en la responsabilidad y el alcance de los creadores de contenido en la era digital.
La ley se dirige a influencers con más de dos millones de seguidores o una facturación anual superior a 500.000 euros. Incluye a creadores de contenido en plataformas como Twitch, YouTube, TikTok, 'X' e Instagram. Aunque algunos creadores de contenido ya cumplen con iniciativas similares, la ley impone un estándar uniforme y obligatorio. Hay expectativas de que la normativa normalice la transparencia en la publicidad digital. Sin embargo, aún resta ver cómo se adaptarán los influencers y las plataformas a estas nuevas regulaciones.
La 'ley influencer' recientemente aprobada en España impone una serie de restricciones y prohibiciones significativas en el ámbito de la publicidad digital y la protección de menores. Esta legislación refleja un esfuerzo por adaptar las regulaciones a la creciente influencia digital y abordar las preocupaciones sociales emergentes.
Principales prohibiciones y restricciones de la 'Ley Influencer'
Esta ley prohíbe específicamente la publicidad de alcohol, tabaco, alimentos no saludables y ciertos medicamentos, limitando así los tipos de productos que los influencers pueden promocionar. Además, establece restricciones en contenidos que promuevan la ludopatía, así como en la publicidad encubierta o subliminal, buscando así garantizar una mayor transparencia en las comunicaciones digitales.
Una de las preocupaciones centrales de la ley es la protección de los menores de edad. Se exige que los contenidos no inciten a los menores a comprar productos, aprovechando su inexperiencia o credulidad. También prohíbe la publicidad que promueva el culto al cuerpo o el rechazo a la autoimagen, medidas que buscan salvaguardar la integridad y el bienestar emocional de los jóvenes.
La ley también exige la obligatoriedad de que los influencers se inscriban en el Registro Estatal de Prestadores del Servicio de Comunicación Audiovisual. Este requisito es un paso importante para regular la actividad de los creadores de contenido y asegurar el cumplimiento de las normativas establecidas.
Las sanciones por incumplir con la normativa son severas y están diseñadas para disuadir cualquier violación de la ley:
- Infracciones leves conllevan multas de entre 10.000 y 50.000 euros.
- Infracciones graves pueden resultar en multas que oscilan entre 30.000 y 600.000 euros.
- En casos de infracciones muy graves, las multas pueden superar el millón de euros.
Estas sanciones reflejan la seriedad con la que el gobierno español aborda la regulación de los contenidos digitales.
Antecedentes y motivaciones de la Ley
La necesidad de esta regulación surge de varios factores clave. El impacto cada vez mayor de los influencers en la sociedad, especialmente entre los jóvenes, ha generado preocupaciones sobre su influencia y el contenido que promueven. Han surgido controversias previas relacionadas con publicidad engañosa, apuestas y contenido perjudicial para menores, lo que ha impulsado la necesidad de una regulación más estricta. La ley busca adaptar la legislación a la realidad digital actual, reconociendo el cambio en los hábitos de consumo de medios y la forma en que la publicidad se presenta en las plataformas digitales.
Esta nueva ley marca el inicio de una era de regulación más estricta para los contenidos digitales. Representa un esfuerzo por parte del Gobierno para proteger a los usuarios, especialmente a los menores, de potenciales daños relacionados con ciertos tipos de publicidad y contenidos promocionales. Para los influencers, significa una mayor responsabilidad y la necesidad de adaptarse a un entorno digital más regulado.
