Apenas una semana después de los terribles accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba, Andalucía) y Gelida (Barcelona, Cataluña), que se cobraron la vida de 46 personas, y en pleno debate sobre la inversión de la Administración en infraestructuras con unos Presupuestos Generales del Estado ‘congelados’ desde hace tres años, Capital recibe a Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda e Infraestructuras del Partido Popular (PP).
En la segunda edición de los Desayunos Capital, celebrada en el AC Hotel Aitana de Madrid, Bravo analizó la actual situación de la economía española y los diversos ‘frentes’ que tendrá que solucionar en los próximos meses. Acompañado por Nicolás Redondo Terreros, presidente de Capital, Javier Santacruz, economista, y Borja Carrascosa, director de Capital, el encuentro sirvió de termómetro de la actualidad económica y empresarial del país.
Durante la introducción del encuentro, Nicolás Redondo Terreros y Borja Carrascosa mostraron el apoyo y todo el cariño de la familia Capital a las víctimas y a todos los afectados por los terribles accidentes ferroviarios, un mensaje al que se sumaron tanto Javier Santacruz como el propio Juan Bravo. Redondo Terreros enfatizó además que los sucesos de Córdoba y Barcelona ponen de manifiesto la sensación de que “todo está cogido con pinzas en España, todo se puede caer en algún momento”.
Al cierre de esta edición, la hipótesis con mayor respaldo para explicar la catástrofe de Adamuz responde a una rotura de la vía por la que transitaba el primer tren que descarriló, un Iryo. “La sensación de improvisación está dominando la vida pública española”, añadió Redondo Terreros, que quiso destacar, además, que Juan Bravo “es una de las personas con la máxima responsabilidad para explicar lo que hará” el PP en caso de que, como vaticinan todas las encuestas, forme gobierno tras las próximas elecciones generales.
“Es uno de los políticos que estudia los temas y prepara minuciosamente las cuestiones”, añadió el presidente de Capital, a lo que el portavoz ‘popular’ respondió que “cuando escuchas mucho y filtras las opiniones, generalmente la decisión que sueles tomar es más acertada”.
Gestión pública y Presupuestos
Bravo entró de lleno en el debate al asegurar que “el problema de ahora mismo es que nadie gestiona nada. Estamos en el relato, en el discurso político, pero no en la gestión, que quizás menos llamativa, pero permite que nadie hable de ella porque las cosas van bien”. “Tenemos un enorme déficit en el ámbito de las infraestructuras”, apuntó Bravo, que apuntó que el Gobierno “no tiene Presupuestos y ha ido ‘tirando’ de los fondos Next Generation”.
Según Bravo, “no tener Presupuestos tiene consecuencias y la prórroga limita mucho más las inversiones”, y este año 2026 “cuando se acaben los fondos europeos, lo vamos a notar de una manera más especial”. El PP ha calculado que España necesita “unos 300.000 millones de euros” por “dejación de actividades en estos años”. “Habrá que hacer un plan de infraestructuras a diez años”, destacó.
“Alguien podría decir que no tenemos mejores servicios públicos porque no tenemos recursos”, dijo Juan Bravo, y enfatizó, a la vista del ritmo de la recaudación tributaria -incremento del 11% hasta noviembre de 2025, en términos homogéneos, según la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)- que “recursos sí que hay, pero tenemos que analizar dónde se están destinando”. Y puso como ejemplo que “hemos visto cómo se utiliza el dinero público para invadir empresas, por ejemplo, Telefónica” y que “una empresa como Correos, que genera una importante actividad, pierde más de 1.000 millones de euros”.
“En vivienda, tenemos que bajar IVA y Transmisiones Patrimoniales al 4%”
“La AIReF dice que hay más de 20.000 millones de euros en subvenciones”, enfatizó Bravo, “y muchas de ellas no somos capaces de justificar que aporten nada positivo. Este gobierno no ha querido tomar ninguna medida” a este respecto, destacó.
Sobre el nivel de crecimiento del PIB español, Juan Bravo apuntó que hay tres razones que sostienen el nivel de aumento en la capacidad de generación de riqueza de nuestro país. En su opinión, la inmigración es una de las principales razones. “Han venido más de 2,5 millones de personas de fuera”, apuntó Bravo. Además, considera que el incremento del PIB también descansa en el recurso al endeudamiento. “Más de medio billones de euros de deuda y 160.000 millones de fondos europeos”. Y, por último, en el turismo.
A pesar de estas grandes cifras macroeconómicas, dijo Bravo, “la gente no está cómoda”. “Hemos perdido poder adquisitivo, porque la inflación, junto con la subida de impuestos (más de 100), hacen que al final de mes tengamos menos dinero y menos capacidad para comprar”. “Tenemos que potenciar el ahorro en todas sus vertientes y lo que ha hecho este gobierno es penalizarlo”, añadió.
Respecto al marco fiscal en el que se produce la actividad económica en España, y el nivel de esfuerzo fiscal que asume el sector privado español (ciudadanos y empresas), Juan Bravo destacó que “tenemos que hacer una reforma profunda del sistema fiscal orientado a las necesidades que tenemos y a potenciar el impulso fiscal de la actividad”.
Por la vía del gasto público, Bravo puntualizó que “hay un agujero, principalmente, en el ámbito de las pensiones, de unos 60.000 millones de euros. Hay que bajar los impuestos, pero a su vez hay que analizar el gasto, donde tenemos mucho margen. Eso lo hicimos en Andalucía”, apuntó.
Financiación autonómica
Respecto al sistema de financiación autonómica, Bravo analizó las acciones de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y Administraciones Públicas, María Jesús Montero. “Se ha sentado con un partido que no cree en España para decidir lo que hacemos con el dinero de todos los españoles. Han hecho la cuenta por abajo, Esquerra quería 5.000 millones de euros y han montado el sistema para que los datos diesen 5.000 millones.
Y criticó el “hecho de repartir el dinero que no se tiene, ¿de dónde lo van a sacar?”, se preguntó. “Hacen falta más recursos. Vamos a tener problemas para pagar las pensiones, porque pasaremos de 10,5 millones de personas mayores en la actualidad a cerca 15 millones en el año 2047. Eso genera tensiones para las pensiones, para la sanidad y para la dependencia. Hay que preparar el sistema y la financiación para esto”.
“El Estado no debe ‘invadir’ las empresas”
Bravo lamentó, además, que, en este contexto, “deberíamos trabajar con las comunidades autónomas escuchando las propuestas que nos hace la AIReF de ahorro del gasto público, pero es algo que no vamos a poner encima de la mesa del sistema de financiación”. “Nadie le va a reconocer a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos que están en equilibrio presupuestario, algunas con superávit. Sin embargo, es el Estado el que no cumple”.
“La ministra María Jesús Montero no es capaz de controlar sus competencias y le quiere decir a las comunidades autónomas que vuelvan a aplicar impuestos que han decidido eliminar”, apuntó. “Nosotros hablamos un sistema de financiación autonómica que hable en primer lugar de multilateralidad, una mesa abierta en la que todo el mundo pueda hablar y sepa qué es lo que se está haciendo”.
“Tenemos que tener en cuenta las variables que cada ciudadano necesita en cada territorio”, apuntó Juan Bravo. “En el ámbito de la financiación europea, tenemos que dejar unas estructuras perfectamente definidas para que no se vuelva a perder dinero con la gestión de los fondos europeos”. “No podemos hablar de sistema de financiación autonómico sin hablar del local. Pero claro, como a Esquerra Republica de Cataluña no le importan a los ayuntamientos, entonces de eso no se habla”.
El problema de la vivienda
No podíamos dejar de abordar en este encuentro uno de los principales problemas de los españoles: la vivienda. Bravo apuntó que “el Covid nos demostró la importancia de la colaboración público-privada. Ninguna administración, hubiera sido capaz de responder al Covid por sí sola”. “En España faltan 700.000 viviendas, según el Banco de España, y necesitaremos más si sigue viniendo gente de fuera. En números redondos, estamos construyendo solo 100.000. Hay que construir vivienda, pongamos todos los requisitos públicos y privados para construir vivienda, liberalizando”, apuntó.
Además, Bravo incidió en que “hay que dar seguridad jurídica al sector, porque tenemos más de 120.000 viviendas que ha desaparecido el mercado de alquiler por las leyes intervencionistas del gobierno. Debemos eliminar la Ley de la Vivienda y la intervención de los precios y debemos promover una ley antiokupación, así como una ley del suelo ordenada que permita que un proceso de urbanización no tarde 20 años”.
“En vivienda, tenemos que bajar IVA y Transmisiones Patrimoniales al 4%”
“El tercer bloque sería la reducción y simplificación de todos los trámites administrativos. Hablamos del silencio positivo, de la declaración responsable que se puede hacer o incluso la colaboración con los colegios profesionales”. Y en el ámbito tributario, destacó que “la fiscalidad de la vivienda es casi un 30%. En un momento de máxima urgencia, tenemos que hacer un esfuerzo, como hemos planteado, de bajar el IVA del 10% al 4%, y Transmisiones Patrimoniales también al 4%, incluso plantearnos si podríamos bajarlo incluso más”.
“Tenemos que establecer un sistema que permita rebajar costes y sacar al mercado todo el suelo público que haya en poder de las administraciones”. “La vivienda es una necesidad y un problema, pero también puede ser una oportunidad. Hay empresas españolas que lo están haciendo muy bien”.
Y apuntó que “Cataluña es el paradigma de todos los errores que se cometen y se trasladan al resto de los territorios”. La simplificación de trámites administrativos centró parte de la intervención de Bravo, que puso como ejemplo el caso de “un plan general urbanístico tumbado por no contar con un informe de impacto de género”.
“El hecho de trabajar conjuntamente con los colegios profesionales de arquitectos e ingenieros me parece que es una muy buena fórmula, colaboración público-privada”, señaló.
La mano tendida a la empresa
En los últimos años, la relación de la Administración con las empresas y los autónomos se ha deteriorado de forma significativa, tanto desde la visión de la negociación colectiva, como en el ámbito normativo. Según Bravo, “lo primero que tenemos que hacer es dejar de demonizar a la empresa y, si es posible, darle las gracias por su día a día, porque genera actividad. Y esa actividad genera recaudación de impuestos, empleo, marca país…”
“Con los autónomos hemos visto un ejemplo muy claro. En 2022, el Gobierno les pidió un esfuerzo tributario, porque iba a hacer una red de seguridad para estos profesionales. Los autónomos cumplen y, a los tres años, había que revisarlo. El Ejecutivo ofrece ahora una fuerte subida de las cotizaciones sociales, pero la red de seguridad no está construida y el 60% de las bases de actividad no tiene cobertura. Tenemos que proteger al que se está jugando lo suyo”, destacó.
Además, dijo que en España, un país mayoritariamente de pymes, la normativa y los cambios legislativos las asfixian. “Son casi 400 folios los que hay que leer diariamente para poder estar al día. Vamos a crear de verdad un sistema que permita simplificar y reducir trabas para las pymes y autónomos”.
“Vamos a diseñar una legislación que analice todas las dificultades que tienen las empresas para crecer, para generar fusiones y empresas más grandes, que puedan pagar mejores sueldos y tengan mayor capacidad de innovación”, apuntó Bravo. Y señaló, como propuesta, que en la “Agencia Tributaria, por ejemplo, ya hay un foro de grandes empresas que está muy bien, pero habría que hacer un foro de pymes y autónomos, que son los que realmente tienen mayores dificultades”.
La intervención de la Administración en la economía
“Creo que el intervencionismo no es bueno, pero hay algunos ejemplos de impacto positivo”, apuntó Bravo. No en el caso de Teléfonica, según señaló, donde “se intervino para evitar que unos inversores árabes invadieran la empresa, pero al final, han cambiado al presidente desde Moncloa. Las empresas son empresas, y el Estado es el Estado y no tiene que invadir empresas”. “Nosotros tenemos que poner todos los instrumentos para que el sector privado pueda desarrollarse y competir al máximo y que el ciudadano se beneficie”.
También retomó el ejemplo de los trágicos accidentes de Córdoba (Adamuz) y Barcelona (Gelida) para señalar que “vimos como algunas compañías aéreas han subido rápidamente el precio como consecuencia del accidente de los trenes y eso es un abuso. El Estado tiene que llamar a esas empresas e intervenir para en proteger a los ciudadanos”.
“Hay que dejar que las empresas operen y compitan en un sistema de igualdad, con una fiscalidad atractiva especialmente para las pymes, quitándole trabas… pero nunca interviniendo”, destacó.
La inversión en Defensa
La inversión en Defensa, y la ‘obligación’ tácita de Donald Trump de que los países de la OTAN eleven su gasto al 5% del PIB, puso el cierre al encuentro. “Vamos a tener que invertir 55.000 millones durante los próximos 10 o 12 años, es un dinero que no se recupera y ahora no lo tenemos ahora. ¿Y si lo producimos desde España, con ingeniería española? ¿Están preparadas las embajadas para vender fuera? Los principales avances tecnológicos en muchos casos se han producido en el sector de Defensa”, dijo Bravo.
“Es un sector que paga buenos sueldos y nos puede dar oportunidades, pero yo, de todo eso, no oigo hablar al Gobierno. Oigo que dice que no va a cumplir el 5% cuando lo acaba de firmar”, añadió. “Lo importante es convertir una necesidad en una oportunidad. Pero claro, tenemos empresas que están yendo a Estados Unidos y a Arabia
“No tengamos miedo, hay que salir. Eso es lo que este país necesita, romper las barreras”, concluyó Bravo.
