Las posturas del PP y PSOE difieren con respecto a este escudo antiopas pensado para evitar que empresas de sectores estratégicos caigan en manos extranjeras durante la pandemia
El llamado 'escudo antiopas' o 'ley antiopas' se introdujo al arrancar la pandemia. Con ello, el Gobierno se reservó el derecho de autorizar o denegar las inversiones extranjeras en empresas estratégicas cotizadas en las que se pretenda superar el 10% del capital, así como en aquellas no cotizadas en las que la inversión supere los 500 millones de euros.
En su momento tuvo un sentido: evitar que ciertas empresas de sectores estratégicos como las infraestructuras, la energía o los medios de comunicación cayeran en manos extranjeras. No obstante, el contexto era muy particular, dado que el Ibex35 llegó a perder el 22,2% de su valor en marzo, lo que hizo que muchas empresas fueran vulnerables y susceptibles de compra.
El Gobierno ha ido prolongando este escudo hasta diciembre de 2022 con varias prórrogas de apenas unos meses. Sin embargo, en diciembre decidió que el mecanismo se extienda hasta finales de 2024 porque "sigue siendo importante que determinadas inversiones se revisen", según explicó el secretario de Estado de de Economía y Apoyo a la Empresa hace unos meses.
En la práctica, el decreto antiopas supone un freno a la inversión extranjera, en tanto que cada operación de este tipo debe pasar por la mesa del Consejo de Ministros y recibir su aprobación. La propia CNMV compartió ese punto de vista a principios del año pasado.
En palabras de su presidente, Rodrigo Buenaventura, se requiere una "normalización del régimen de control de las inversiones exteriores sobre compañías cotizadas españolas". Dicho de otro modo, se trata de un mecanismo que, si bien tuvo sentido en las circunstancias extraordinarias en las que se utilizó, va en contra de la apertura internacional que tienen las economías más avanzadas.
¿Qué harán PSOE y PP?
Los lectores recordarán el capítulo del traslado de la sede de Ferrovial a Países Bajos. El Ejecutivo esgrimió que podía usar esta ley para evitar que la empresa se marchara, a pesar de que esa norma no tiene atribuciones en tal sentido. En ese caso, se trató de una fusión entre una empresa española y una neerlandesa, no de una inversión extranjera como tal.
Así y todo, el mundo corporativo rechazó que el Gobierno pusiera trabas a una decisión empresarial y que tratara de utilizar ese y otros argumentos para influir en el traslado de Ferrovial. En ese sentido, se trata de una cuestión de libertad económica, de manera que normas de ese estilo pueden acabar reduciendo el interés de los inversores en España.
En este momento, la norma actual tan solo es una prolongación de lo que se aprobó en marzo de 2020. No obstante, las intenciones del Gobierno consisten en crear una ley que haga permanente esta prerrogativa sobre las inversiones extranjeras. En esa línea, dejaría de ser un decreto y adquiriría categoría de ley.
Esto es lo que pretende el Gobierno, tal y como han publicado distintos medios, si consigue revalidar la confianza del electorado en las urnas. Las condiciones actuales son las que se han relatado al comienzo de este artículo, pero una nueva ley para este respecto podría suponer la introducción de otros poderes adicionales para el Ejecutivo.
Con todo, estas intenciones requerirían una victoria el 23-J. Si, por el contrario, es el PP quien consigue la mayoría, esta norma puede tener sus días contados. De hecho, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoó, explicó que actuaría para contrarrestar esta norma.
En una entrevista con 'The Objective', explicó que este decreto "va a tener una respuesta en los cien primeros días" de su mandato, si consigue gobernar. En su opinión, medidas como este escudo y su prórroga demuestran que "el Gobierno está intentando controlar la economía y está utilizando una práctica muy al borde de lo que un Estado occidental europeo puede hacer".
Feijoó añade que, tanto esta medida como otras significan una cierta persecución de la inversión extranjera. Por su parte, desde el Gobierno se rechaza que esta medida haya tenido efectos negativos en la inversión en España.
