El Gobierno de Nicaragua ha anunciado el cierre de 151 organizaciones vinculadas al sector empresarial, incluyendo la Cámara de Comercio Americana (Amcham) y la Cámara Oficial Española de Comercio en Nicaragua, como parte de su intensificación represiva contra las ONG en el país centroamericano.
La medida ha sido ordenada por el Ministerio del Interior y publicada en la Gaceta Oficial nicaragüense, alegando un supuesto incumplimiento de las organizaciones al no proporcionar detalles financieros ante las autoridades, un argumento frecuentemente utilizado por el Ejecutivo de Daniel Ortega para justificar estas acciones.
En particular, el régimen de Ortega acusa a la cámara española, que tenía como objetivo fomentar lazos empresariales entre Nicaragua y España, de no entregar los estados financieros correspondientes al período 2022-2023 y de tener la junta directiva caducada desde febrero del año pasado.
El lunes, el Gobierno ya anunció el cierre de 1.500 organizaciones de la sociedad civil y, según Naciones Unidas, son más de 5.000 las ONG que han perdido su personalidad jurídica en Nicaragua, en su mayoría desde finales de junio de 2022.
La oficina de Derechos Humanos de la ONU tachó de "profundamente alarmantes" las últimas medidas, advirtiendo de que en el país es "cada vez más difícil" defender los Derechos Humanos sin someterse a la presión o las represalias del Gobierno de Ortega.
El Gobierno no se pronuncia acerca de los bienes
Según informa EFE, esta vez, el Ministerio del Interior no se pronunció sobre los activos de los organismos. En el pasado, comunicaba que era deber de la Procuraduría General de la República traspasar de oficio al Estado de Nicaragua los bienes muebles e inmuebles de las ONG canceladas.
Filiberto Rodríguez y otros diputados sandinistas han señalado que varias ONG, desde 2018, usaron fondos de donaciones para intentar derrocar al presidente Daniel Ortega durante las protestas de hace seis años.
Por otro lado, los sandinistas han justificado la ilegalización de estas ONG como parte de un proceso de ordenamiento, argumentando que, de las 7.227 registradas en Nicaragua hasta 2018, muchas no estaban activas.
