Pedro Sánchez presentó este miércoles en el Congreso un paquete de 15 medidas destinadas a reforzar la lucha contra la corrupción política y administrativa en España, en medio de una creciente presión por los casos que afectan a su entorno y al PSOE. El presidente del Gobierno defendió que se trata de un plan “transversal, estructural y evaluable”, con el que pretende blindar las instituciones públicas y recuperar la confianza ciudadana e inversora en el sistema político.
El Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción es fruto de un trabajo técnico conjunto con la OCDE y cuenta con la influencia directa de estándares internacionales de gobernanza. Su diseño se articula en cinco grandes áreas: prevención y control, protección de denunciantes, refuerzo del aparato judicial, recuperación de activos ilícitos y promoción de una cultura de integridad. El objetivo declarado es tanto “cerrar grietas estructurales” como “evitar que las tramas corruptas se reproduzcan con nuevas fórmulas”.
Entre las medidas más destacadas figura la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública, que tendrá la misión de coordinar las políticas de prevención y actuar como organismo de alerta temprana ante riesgos de corrupción. Esta entidad tendrá rango legal y autonomía funcional, con capacidad de supervisar a todos los niveles de la administración y emitir recomendaciones vinculantes.
En el ámbito tecnológico, el plan contempla la aplicación de sistemas de inteligencia artificial en la contratación pública, orientados a detectar patrones irregulares, conflictos de interés o adjudicaciones opacas. Esta tecnología, que ya se ha empleado en el seguimiento de fondos europeos Next Generation, pasará a ser de uso generalizado. También se exigirá que todas las empresas licitadoras dispongan de sistemas de cumplimiento normativo (compliance) certificados como condición para contratar con el Estado.
Otra novedad relevante es la reforma del Portal de Transparencia y la aprobación de una nueva Ley de Administración Abierta. Esta norma establecerá la obligatoriedad de controles patrimoniales aleatorios a altos cargos, limitará las donaciones privadas a partidos políticos a un máximo de 2.500 euros mensuales y obligará a que fundaciones y entes vinculados a partidos con ingresos superiores a 50.000 euros sean auditados por órganos independientes. Asimismo, se regulará de forma más estricta la actividad de los grupos de interés, con un registro público obligatorio y sanciones por incumplimiento.
En cuanto a la protección de denunciantes, el Ejecutivo propone reforzar la confidencialidad y el respaldo legal a cualquier ciudadano que acuda a Fiscalía, juzgados o cuerpos policiales a informar sobre posibles casos de corrupción. Las empresas y administraciones deberán establecer canales internos de denuncia seguros y accesibles, en línea con la directiva europea de whistleblowing. Esta protección se aplicará también a funcionarios, asesores y personal eventual, que en muchos casos han sido históricamente represaliados por denunciar irregularidades.
Para mejorar la respuesta judicial, se impulsará la creación de secciones especializadas dentro de los tribunales y un procedimiento sumarísimo específico para casos que afecten a altos cargos o a fondos públicos de gran volumen. El plan incluye un refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción, con nuevos recursos humanos y tecnológicos, y una reforma de los modelos de instrucción para evitar dilaciones procesales, que según Sánchez “han convertido la corrupción en una carrera contra el tiempo de la impunidad”.
Además, se revisará el Código Penal para endurecer las sanciones. En concreto, se duplicarán los plazos de prescripción para delitos de corrupción, se aumentarán las penas económicas y se vincularán las multas al volumen de ingresos de las empresas o individuos implicados. Las compañías condenadas quedarán excluidas de cualquier contrato público durante un mínimo de cinco años y se creará una lista negra estatal que será pública y actualizable.
Uno de los puntos más innovadores del paquete es la introducción del decomiso preventivo de bienes, es decir, la posibilidad de congelar activos sospechosos antes de que haya sentencia firme, como forma de impedir la ocultación o transferencia de fondos obtenidos ilícitamente. Esta medida, avalada por la OCDE, busca facilitar la recuperación del dinero público sustraído y será gestionada por una Oficina de Recuperación de Activos con mayores competencias y autonomía.
Por último, el plan dedica un bloque a la cultura de integridad. Se prevé un programa de formación permanente para empleados públicos y campañas dirigidas a la ciudadanía para crear conciencia sobre los efectos de la corrupción. El CIS incorporará encuestas periódicas sobre percepción de integridad institucional, y se establece un sistema de evaluación a 12 y 24 meses, con indicadores medibles de cumplimiento.
En clave económica, este conjunto de medidas pretende corregir una de las grandes externalidades negativas del sistema político español: el coste financiero y reputacional de la corrupción. Según diversos estudios, las prácticas corruptas en contratación pública suponen un sobrecoste medio del 20 % y generan una desconfianza que penaliza tanto la inversión extranjera como la competitividad del tejido empresarial. Al reforzar los mecanismos de control, se espera reducir estos sobrecostes, mejorar la posición internacional de España en índices de transparencia y disminuir el riesgo-país en los mercados financieros.
El Partido Popular ha tachado las medidas de “lavado de cara político” y Vox las ha considerado “inoperantes si no van acompañadas de elecciones anticipadas”. Por su parte, los socios de investidura han expresado un apoyo cauteloso, subrayando que muchas de las propuestas ya estaban recogidas en compromisos anteriores y exigiendo un calendario detallado de implementación.
Pedro Sánchez asegura que no dimitirá, pero sí que “toma nota del malestar social”. Aseguró que su responsabilidad como presidente es “reparar el daño” y “proteger la democracia con reformas concretas”.
