En un paso firme hacia la regulación del control horario, el Ministerio de Trabajo ha anunciado que introducirá pequeños cambios en el texto del Real Decreto tras la evaluación desfavorable del Consejo de Estado. No obstante, se ha comprometido a no desnaturalizar la esencia de la norma, que seguirá siendo digital y accesible para la Inspección de Trabajo.
Las modificaciones apuntan a asegurar que el manejo del registro sea acorde a las normativas de protección de datos, anticipándose así a posibles litigios, especialmente aquellos que la CEOE ya ha señalado. La nueva norma además permitirá que la negociación colectiva juegue un papel fundamental en la definición de los mecanismos de adaptación de estas obligaciones según el sector.
Las autoridades han destacado que no se flexibilizará el registro para las pequeñas empresas, evitando así una posible desigualdad frente a las compañías más grandes. Se enfatiza que las pymes contarán con apoyo en la implementación del nuevo sistema de registro, en línea con las declaraciones hechas por el ministro de Economía, Carlos Cuerpos.
Frente al informe crítico del Consejo de Estado, el Ministerio de Trabajo ha reafirmado su misión de vigilar un cumplimiento efectivo de las 40 horas semanales y prevenir el abuso de las horas extraordinarias, defendiéndose de las críticas sobre el procedimiento de aprobación vía Real Decreto en lugar de una ley formal.
El informe del Consejo, al que calificaron de demoledor, es considerado por Trabajo como una excusa para cuestionar una medida que consideran crucial y obligatoria desde hace tiempo. De los 14 reales decretos aprobados, solo en un pequeño porcentaje el registro no ha sido digitalizado.
Desde la cartera de Yolanda Díaz han subrayado que en el Gobierno hay un consenso rotundo respecto al nuevo registro horario.
Además, han minimizado la posibilidad de retrasos, apuntando que la aprobación podría solo extenderse una semana si la norma pasa por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Se espera que la normativa esté lista para votación en las próximas semanas, estableciendo un plazo de seis meses para que las empresas ajusten sus prácticas al nuevo régimen una vez que la norma entre en vigor.
