El Estado entra en la propiedad de Telefónica para influir en el equilibrio de poder del consejo
Con el 10% de las acciones en manos del Estado, las participaciones con pasaporte español superarían el 20%, más del doble que las saudíes
Los analistas plantean sus dudas sobre posibles injerencias políticas en la gobernanza de la compañía
Los tronos y sus ocupantes han sido los principales protagonistas de lo que llamamos Historia. En la actualidad, los tronos reales han perdido relevancia, aunque sigue siendo importante quién ocupa los asientos. Llevado al mundo empresarial, las sillas de los consejos desencadenan tramas propias de las novelas de George R.R. Martin o de su equivalente en la ficción televisiva, la popular "Juego de Tronos".
Ocurre en todo tipo de empresas y Telefónica no iba a ser una excepción. El argumento no ha hecho más que retorcerse desde que se dio a conocer que STC Group había comprado una participación en Telefónica. El grupo empresarial, dependiente de la monarquía de Arabia Saudí, optó por hacerse con un 9,9% de las acciones, justo por debajo del 10% que habría dejado la operación en manos del Consejo de Ministros conforme regula el llamado escudo antiopas.
No obstante, existe un requisito específico para empresas relacionadas con la Defensa, como es el caso de Telefónica, según el cual las participaciones extranjeras superiores al 5% del accionariado tienen que conseguir el visto bueno del Ministerio de Defensa. Para ello, el inversor debe presentar formalmente una notificación, cosa que aún no ha sucedido, según traslada el Gobierno.
Tanto el escudo antiopas como la normativa referente a las empresas relacionadas con la Defensa buscan darle al Estado cierto poder de decisión sobre las inversiones extranjeras. En un primer momento, la ley antiopas se ideó en 2020, cuando el valor de la acción cayó con estrépito fruto de la aparición del covid-19. Después, se ha mantenido para preservar la capacidad del Gobierno. Sin embargo, eso no ha evitado que STC haya logrado entrar en Telefónica. Hay que aclarar que, si bien controla un 4,9% que ya está formalizado, resta el 5% restante que depende de la autorización del Gobierno.
En condiciones normales, la entrada de un inversor no habría supuesto mayor preocupación, sino todo lo contrario. STC Group informó a la CNMV de que "la inversión refleja la confianza de stc Group en el equipo directivo de Telefónica, su estrategia y capacidad de crear valor". Asimismo, manifestó que "no tiene la intención de adquirir el control o una participación mayoritaria en Telefónica".
Pese al aparente carácter amistoso de la operación, tanto la propia Telefónica como el Gobierno han ido moviendo sus fichas. El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, interrumpió su participación en unas conferencias organizadas por Goldman Sachs en septiembre para viajar con su consejero delegado, Ángel Vilá, a Arabia Saudí a hablar con STC.
De cara al público, lo único que la compañía saudí dejó claro es que tenía intención de obtener sus derechos de voto, pero sin aclarar nada más. Hasta ahora, la estrategia está marcada por la opacidad, de ahí que hayan despertado recelos. Por un lado, no manifestó que quisiera una silla en el Consejo, algo que el mercado da por hecho.
El motivo para la sospecha es, además del origen de la inversión, el modo en que se realizó la compra: a través de Morgan Stanley, que posee el 12,178% de Telefónica, incluyendo el 9,9% perteneciente a la compañía saudí. De esa forma, según publicó Expansión, la operación se había gestado durante cuatro meses sin que los principales accionistas tuvieran noticia. Si el Gobierno tenía conocimiento de ello representa una incógnita.
En ese sentido, la línea a seguir ha sido la reacción, no la prevención. En un primer momento, el Gobierno de Pedro Sánchez trasladó que velaría por mantener la españolidad de Telefónica. Preguntados por el significado de esas palabras, los ministros no dieron más detalles, si bien ahora se han relevado como la participación directa del Estado en la empresa.
No es que haya sido un secreto, pero sí se puede decir que ha imperado la discreción. El 30 de octubre la SEPI informó de que estaba analizando "una eventual adquisición" de acciones de la empresa. Después, en el Consejo de Ministros del 19 de diciembre se ejecutó la medida. No se dijo ni una palabra sobre el asunto en la rueda de prensa posterior donde se suele dar cuenta de todos los acuerdos alcanzados, pero sí hay constancia de la decisión en las referencias que se hacen públicas después de cada Consejo.
El resultado es que el Estado, a través de la SEPI, adquirirá hasta un 10% del capital social de Telefónica, cuyo coste se estima en alrededor de 2.000 millones de euros, en función de la cotización en bolsa de la empresa. La justificación que da el Gobierno es que la empresa desarrolla actividades relevantes para la economía, la investigación, la seguridad, la defensa y el bienestar de los ciudadanos.
Dada esa explicación, lo que se busca es proteger el interés general por medio de "una mayor estabilidad accionarial". Esta es la clave de la operación, ya que lo que busca el Gobierno es influir en el equilibrio de poder que se avecina con la aparición de STC Group.
En este punto, la cuestión se parece más a un problema matemático que a una partida de ajedrez. En total, el consejo de Telefónica se compone de 15 miembros, contando con el presidente, José María Álvarez-Pallete. Hay que considerar que La Caixa y BBVA, accionistas históricos de Telefónica, tienen sendos consejeros. En concreto, Isidro Fainé por parte de CaixaBank y José María Abril por parte de BBVA. Con la adquisición, la SEPI conseguiría uno, que contrarrestaría el que obtendría el grupo saudí. Al margen quedan otros diez, de carácter independiente.
CaixaBank ostenta el 4,8% del capital, más otra pequeña participación que lleva al grupo a rozar el 6%. Por su parte, BBVA queda cerca del 5%, con el 4,8%. Con el 10% en manos del Estado, las participaciones con pasaporte español superarían el 20%, más del doble que las saudíes. Estas cuentas adquieren sentido si se miran desde el prisma de la "estabilidad accionarial" y la protección de la "españolidad" de Telefónica, que es el propósito del Gobierno.
Recepción dispar
Desde el Gobierno, el presidente Pedro Sánchez ha defendido la participación en Telefónica como una "operación estratégica" por su relación con la defensa y la ciberseguridad. En esa línea, el presidente defiende que "tiene que ver con la transformación digital, tiene que ver con que ahora mismo las telecomunicaciones están íntimamente vinculadas con la seguridad, con la defensa, con la ciberseguridad y con el desarrollo de toda la economía digital, en la que están inmersas las economías particularmente occidentales".
Asimismo, cita los ejemplos de países vecinos, como son Alemania, Italia y Francia, cuyas principales operadoras de telecomunicaciones están participadas por el Estado. De hecho, esa participación del Estado se extiende a otras actividades económicas consideradas estratégicas para los intereses nacionales.
En el lado opuesto, la oposición critica con vehemencia esta intervención. Alberto Núñez Feijóo pidió en la reunión que mantuvo con el presidente el pasado 22 de diciembre que reconsiderara la decisión. Feijóo acusa al Gobierno de utilizar fondos públicos para "controlar" empresas españolas.
Al margen de la política, las reacciones han abordado diferentes puntos de vista. La propia Telefónica respondió al anuncio con un escueto comunicado en el que manifestaba que "continúa enfocada en la ejecución del Plan Estratégico 2023-2026 (...) para seguir creando valor para sus accionistas y procurar el mejor servicio a sus clientes".
Como el anuncio se hizo público tras el cierre del mercado, las acciones de Telefónica llegaron a repuntar un 7% en la apertura del día siguiente si bien, a lo largo del día, el repunte se moderó al 3,2%. Con esa revalorización, Telefónica lideró las subidas en el Ibex35 del pasado miércoles 20 de diciembre.
Los analistas coinciden en aplaudir el objetivo que persigue la operación: fortalecer la estabilidad. Manuel Pinto, analista de XTB, cree que "es una magnífica noticia para los inversores". El movimiento reafirma confianza y seguridad en la empresa y en su plan estratégico. En cuanto al asunto de la nacionalidad, "despeja de un plumazo las dudas sobre la posible compra del 10% de Saudi Telecom, que hubiera generado desconfianza sobre su independencia".
Javier Molina, analista senior de eToro, observa que la entrada de la SEPI supone "una importante estrategia de Estado" y "garantiza la estabilidad de los principales accionistas de Telefónica". Asimismo, Molina añade que "garantiza una base accionarial sólida y predecible", lo que a la vez refleja cierto esfuerzo por "proteger los intereses estratégicos nacionales".
Pinto coincide en que el objetivo del Gobierno es "incrementar y potenciar sectores estratégicos", al igual que han hecho Alemania y Francia, dice Molina. En ese sentido, se puede contemplar como una "medida defensiva" frente a los movimientos del fondo saudí.
Existen otras consideraciones con respecto a la operación, más enfocadas a la gobernanza y al comportamiento bursátil de Telefónica. En términos de gobernanza, Molina habla de una "reestructuración" del accionariado, de manera que el Estado será ahora el máximo accionista de la empresa.
Pinto explica que, si bien a corto plazo es una buena medida, a medio y largo plazo plantea más dudas, en tanto que los objetivos del Estado pueden no corresponderse con los de los inversores privados. La clave estará en el equilibrio entre la rentabilidad y el interés público que el Gobierno se ha mostrado dispuesto a proteger.
"Convertir a SEPI en un accionista importante podría aumentar la influencia del gobierno sobre la estrategia corporativa de Telefónica, lo que podría tener un impacto significativo en la gobernanza y la dirección futura de la empresa", reflexiona Molina.
En cuanto a la evolución del valor, ambos expertos tienen una visión similar. El portavoz de XTB subraya que "el año de Telefónica no está siendo especialmente positivo". Para más inri, desde que Saudi Telecom anunció la operación la caída ha sido del 5% mientras "el mercado se ha disparado al alza". Sin ir más lejos, la acción ha reducido su valor un 3% tras la presentación del plan estratégico y de los últimos resultados.
Desde eToro sostienen que "la cotización de la operadora en bolsa se desmarca de la buena tendencia del Ibex que sube cerca del 25%, al experimentar revalorizaciones que apenas superan el 7% en el año". De cara a la inversión, Molina aconseja considerar "cómo afectará esta nueva estructura de propiedad a la estabilidad y la estrategia futura de la empresa, prestando al mismo tiempo mucha atención a las tendencias de los precios de las acciones y al sentimiento del mercado".
