“Un poder judicial independiente y con calidad profesional es pilar del desarrollo. Lo contrario es desorden, imposición y subdesarrollo”
En mi anterior colaboración, partiendo de la inviabilidad de una reforma constitucional a medio plazo y supuesta una mayoría absoluta de distinto signo en la próxima legislatura, proponía reformas en la Administración pública en pro de la eficiencia del poder ejecutivo. En esta aportación me propongo sugerir, supuestas las mismas circunstancias, modificaciones en los poderes legislativo y judicial.
Por lo que se refiere al poder legislativo, se trataría de activar el debate y la transparencia como exigencias básicas de sus funciones legislativa y de control, lo que conllevaría una profunda reforma de los reglamentos del Congreso y del Senado, equiparando tiempos de intervención, estableciendo un régimen ágil de replicas y dúplicas y consagrando la obligación de responder con concreción y veracidad las preguntas formuladas al Gobierno.
Así, el parlamentario insatisfecho por la respuesta o por el silencio recurriría a la Mesa de Congreso, y, de quedar insatisfecho, acudiría al Consejo de la Transparencia, quien requeriría una respuesta concreta y veraz. De frustrarse nuevamente, este Consejo lo denunciaría a la Fiscalía por obstrucción a la acción parlamentaria, delito de nueva creación que conllevaría la pena de inhabilitación para cargos público de la autoridad rebelde.
Otras leyes de relevancia institucional merecerían inmediata revisión, tales como la ley de partidos políticos y de organizaciones sindicales y empresariales, que refuerce su funcionamiento democrático y el acatamiento al orden constitucional, derogándose la norma de sobrerrepresentación a favor de UGT y CCOO o como la ley de estado de alarma, excepción y sitio. Y, desde luego, la ley de subvenciones, para cerrar un grifo incontenible e incontrolado, junto con otras de similar trascendencia.
El poder judicial tiene la exclusiva función de juzgar y ejecutar lo juzgado según ley y con independencia. Un poder judicial independiente y con garantía de calidad profesional es pilar del desarrollo económico. Lo contrario es desorden, imposición y subdesarrollo.
La imparcialidad y la calidad judicial exigen reformas en términos similares a estos: 1. Acceso a la carrera por la exclusiva vía de la oposición, con exclusión de los turnos; 2. Establecimiento de sistemas objetivos, automáticos, tanto para la evaluación profesional de jueces, magistrados, fiscales y secretarios como para establecer la prelación para destinos y ascensos, únicamente fundados en la antigüedad, la capacidad y el mérito, de modo que se eliminara la evaluación subjetiva.
3. Los presidentes de los tribunales colegiados sería elegidos por sus miembros por periodos trianuales; 4. Los jueces y los fiscales que hubieran ocupado cargos públicos de elección o de designación, incurrirían en incompatibilidad por periodo de diez años; 5. La singularidad de la Audiencia Nacional requeriría de la rotación quinquenal de todos sus magistrados; 6.- quedaría interdictada la alteración del impulso procesal por motivos electorales o de cualquier otra causa ajena al proceso, bajo pena de prevaricación.
7. Se trasladaría la competencia para promover y tramitar el derecho de Gracia al tribunal que dictó la sentencia firme; 8. No sobraría resaltar que el juez no es creador sino intérprete del derecho, debiendo interpretar las normas según el sentido propio de sus palabras, con interdicción de la interpretación alternativa, de oportunidad política, del derecho.
Por ser de creación constitucional, no puede eliminarse el CGPJ (instrumento de control partidario de la Justicia) pero sí puede, como propongo, regularse por ley el régimen de destinos y ascensos y la elección de presidentes de sala. Así que, hasta su disolución por ulterior reforma constitucional, el CGPJ se limitaría a gestionar lo legalmente establecido, además de encargarse de la inspección y del régimen disciplinario.
Con estas dos colaboraciones pretendo resaltar la necesidad de reformas institucionales urgentes y de calado que garanticen mínimamente un Estado eficiente, tras el próximo proceso electoral, sin abrir el melón de la reforma constitucional. Con seguridad, a mis propuestas se le podrán hacer muchas matizaciones, concreciones, ampliaciones y correcciones. Dejo abierto el debate y ojalá se ensanche y se convierta en exigencia al futuro Gobierno que debiera legislar en pro de la democracia, aunque sea contra su interés y comodidad.
