Estado

Según los datos del Ministerio de Hacienda, el déficit del conjunto de las administraciones públicas se situó en 11.439 millones de euros hasta febrero, lo que supone restar 7.899 millones del año antes, un 40,8% menos, por lo que desciende al 0,88% del PIB El déficit público baja al 0,88% del PIB hasta febrero y en lo que respecta al déficit del Estado hasta el mes de marzo, el dato se sitúa en el 0,44% del PIB, frente al 1,22% existente en el primer trimestre de 2021. De esta forma, el déficit se sitúa en 5.811 millones, lo que supone un descenso del 60,4% respecto a los 14.665 millones del mismo periodo del ejercicio anterior, expone Europa Press. Este resultado se debe, según Hacienda, a un "sólido" incremento de los ingresos no financieros del 17,2%, frente al comportamiento de los gastos, que decrecen a un ritmo del 1,5%. "La evolución hasta marzo muestra que el déficit del Estado continúa la senda descendente iniciada en 2021 como consecuencia de la reactivación económica y la creación de empleo impulsadas por el avance del proceso de vacunación", ha destacado el Ministerio que encabeza María Jesús Montero. La administración central aglutina la mayor parte del déficit público En cuanto al déficit público hasta febrero, el de la Administración Central aglutinó la mayor parte, con 9.978 millones, el 0,76% del PIB, y dentro de este, el déficit del Estado se redujo a la cifra de 11.050 millones, lo que equivale al 0,85% en términos de PIB. Por su parte, los Organismos de la Administración Central registran hasta febrero de 2022 un superávit de 1.072 millones, frente al déficit de 950 millones de un año antes. De su lado, la administración regional registró un déficit hasta febrero de 331 millones, lo que equivale al 0,03% del…
La dificultad de estas empresas para desarrollarse provoca que las compañías también recurran a fondos extranjeros para conseguir financiación. Las 'startups' españolas consiguen financiación con mayor facilidad del sector público que de bancos, aunque señalan que estas ayudas son lentas y exigen numerosos requisitos a la hora de expedir certificaciones, licencias o permisos, según datos recogidos por Europa Press. Así lo recoge el informe de RSM 'Future in progress: el sector emprendedor español en primera persona', para el que han entrevistado en profundidad a diez emprendedores de las 'startups' Bodas.Net, Exoticca, Colvin, The Power MBA, Monei, Seedtag, gibobs, Wallapop, Bipi Car y Trucksters. A esta mayor facilidad de financiación se suman otro tipo de herramientas que se están facilitando a nivel institucional, como la ley de emprendedores, que el año pasado fue modificada para reducir la burocracia y beneficiar fiscalmente a estas empresas. "La empresa se ha enfrentado con diferentes retos, como todas las 'startups' en sus inicios. La burocracia es uno de ellos: tener que solventar todos los requisitos y requerimientos que debe cumplir cualquier empresa justo en sus primeras fases, en un momento en que está muy enfocada en su producto y en el mercado, es difícil", ha señalado el director financiero de Wallapop, Joaquín Ruiz. El estudio concluye que el ecosistema emprendedor español "todavía está madurando" y las firmas de 'venture capital' nacionales no consiguen satisfacer todas las necesidades de las 'startups', en tanto que los bancos se quedan fuera de la ecuación al no ser capaces de ofrecer las condiciones adecuadas. Fondos extranjeros como herramienta de financiación Esto hace que las compañías recurran a fondos extranjeros para conseguir financiación, una vez cuentan con métricas de facturación y número de clientes suficientes como para obtener créditos o aportes a capital de origen privado. Según datos de la…
Según los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda, el déficit público, excluida la ayuda financiera, se situó en 48.594 millones de euros hasta junio, lo que supone restar 21.377 millones a la cifra registrada un año antes, un 30,6% menos, por lo que desciende al 4,02% del PIB El déficit público cae un 30,6 % en el primer semestre y el del Estado baja un 20,3 % hasta julio. En lo que respecta al déficit del Estado hasta el mes de julio, el dato se sitúa en el 3,98 % del PIB, y desciende un 20,3 % respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 48.077 millones de euros, según informa Europa Press. Este resultado se debe, principalmente al robusto incremento de los ingresos no financieros del 16,7 %, frente al comportamiento de los gastos, que crecen a un ritmo del 2,5 %. En cuanto al déficit público hasta junio, el de la Administración Central aglutinó la mayor parte con 35.187 millones, el 2,91 % del PIB, y dentro de este, el déficit del Estado alcanzó la cifra de 35.334 millones, lo que equivale al 2,92 % en términos de PIB. Por su parte, los organismos de la Administración Central registraron a finales del mes de junio un superávit de 147 millones, frente al déficit de 841 millones registrado en el mismo periodo de 2020. 3.626 MILLONES DE GASTO SOCIO-SANITARIO DE LA COVID EN CCAA De su lado, la Administración regional registró un déficit hasta junio de 6.387 millones, un 17,7 % menos respecto al año pasado, lo que equivale al 0,53 % del PIB. Este resultado obedece a un incremento de los ingresos del 7,6 %, superior al aumento de los gastos del 5,5 %. De acuerdo con la información transmitida por las comunidades autónomas, 3.626 millones…
El Tribunal Supremo ha fallado a favor de la Junta de Castilla y León, una sentencia que abre la vía a recursos de otras autonomías en la misma situación y que podría suponer el pago de hasta 4.150 millones de euros En concreto, la Junta de Castilla y León, a través de la Dirección de los Servicios Jurídicos, interpuso un recurso contencioso-administrativo el 25 de septiembre de 2020, después de que el Consejo de Ministros desestimara por falta de respuesta la reclamación del pago de las cantidades debidas a la Junta de Castilla y León por las repercusiones en la liquidación del sistema de financiación del ejercicio 2017 correspondientes al IVA, que sumaban 182 millones de euros. El Ejecutivo regional solicitaba al Gobierno de España que se pagaran a la comunidad las cantidades debidas como consecuencia de la pérdida de ingresos en la mencionada liquidación correspondiente al IVA, que ascienden a 120,49 millones de euros, a lo que se suman las cantidades correspondientes al nuevo cálculo de la variación de los ingresos tributarios del Estado y su repercusión en los fondos del sistema de financiación autonómica, que ascendía a otros 61,51 millones de euros. Esta última cantidad corresponde a 30,98 millones de euros del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, 21,21 millones de euros del Fondo de Suficiencia Global y 9,32 millones de euros del Fondo de Cooperación. Con este fallo, el Tribunal Supremo "reconoce" la "importancia" de la prueba aportada por los Servicios Jurídicos en el recurso. Así, como se destaca desde el Ejecutivo regional, la Junta "ha intentado llegar a una solución consensuada previa a la judicial, y ha realizado en los últimos dos años numerosos intentos para la reclamación del pago de las cantidades que se adeudan a Castilla y León por las repercusiones en la…
Por Óscar Cortés, ex asesor de Transformación Digital del ministro de Justicia (2014-2018). Hace unos días, el presidente del Gobierno presentó públicamente el Plan para la Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2015. Aunque pueda parecer una novedad, los esfuerzos por digitalizar la Administración española vienen de antaño: planes, reformas normativas y proyectos se han venido sucediendo en los últimos veinte años, en un proceso con sus luces y sus sombras. Entre las luces, destacan los importantes avances en la oferta de servicios públicos online que, según el último Digital Economy and Society Index 2020, sitúan a nuestro país como uno de los punteros en Europa. Además, destaca la reconocida digitalización de la Agencia Tributaria o la ambición por superar el viejo procedimiento administrativo, con la aprobación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, que ambiciona un nuevo proceso digital. Sin embargo, la crisis de la Covid-19 ha evidenciado las carencias de una digitalización del sector público que ha sido desigual y poco orientada a empresas y ciudadanos. La suspensión de los plazos administrativos y judiciales, tras el primer estado de alarma en marzo de 2020, fue debida en gran parte a la insuficiente capacidad digital, lo que, en ámbitos como la Administración de Justicia, supuso un auténtico cierre de derechos. La lentitud en resolver la avalancha de solicitudes en los servicios de empleo y Seguridad Social, la complicada gestión de los datos sanitarios, o el fracaso de la Radar Covid, han puesto de manifiesto la dificultad a la hora de abordar con flexibilidad nuevas soluciones; la fragmentación de sistemas; lo lejana que está la interoperabilidad; la baja capacitación digital de los empleados públicos o la obsolescencia de estructuras y procedimientos en un modelo burocrático que no ha evolucionado. Para más inri, los ciudadanos se han…
La caída de los ingresos y el aumento del gasto derivados de la crisis del coronavirus ha elevado el déficit del conjunto de las administraciones públicas, excluyendo las corporaciones locales, a 78.952 millones de euros hasta octubre, lo que equivale al 7,14% del PIB, frente al 1,35% de hace un año, por lo que se quintuplica respecto al año pasado. Mientras, el déficit del Estado se ha situado en el 6,54% hasta noviembre, frente al 0,88% del PIB de hace un año, con 72.322 millones de euros, casi siete veces mayor. Al igual que en los meses previos, todos los datos están afectados por la declaración del estado de alarma y la batería de medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la pandemia con el objetivo de paliar los efectos sociales, económicos y laborales de esta emergencia. De acuerdo con los datos de ejecución presupuestaria publicados este viernes por el Ministerio de Hacienda, si se descuenta el gasto en intereses (déficit primario), la cifra del déficit del Estado desciende hasta el 4,7% del PIB. Esta evolución obedece, por un lado, al descenso del 12,8% de los ingresos, hasta los 162.312 millones, como consecuencia de la situación económica derivada de la crisis sanitaria, y a un aumento de los gastos del 19,1%, hasta los 234.634 millones, correspondiendo casi el 90% del incremento a gastos relacionados con la pandemia, como el aumento de programas sanitarios y por las mayores transferencias a Seguridad Social y comunidades autónomas. Por su parte, las comunidades autónomas han registrado hasta octubre un superávit de 1.084 millones, lo que supone el 0,10% del PIB, frente al déficit del 0,36% del PIB registrado hace un año. Esta evolución positiva, explica Hacienda, se debe a varias medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar los recursos de las comunidades…
El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021, los primeros Presupuestos desde que Pedro Sánchez fue investido presidente en 2018, y los ha enviado al Senado para completar su tramitación con el respaldo de once formaciones que alcanzan 189 diputados, lo que supone el 54% de la Cámara Baja. Desde la Constitución, gobiernos con mayoría absoluta han aprobado los Presupuestos con más diputados, pero según ha dicho la socialista Adriana Lastra, esta es la vez en la que se han sumado más votos de un mayor número de partidos políticos. Así, el Gobierno ha superado las votaciones decisivas de las secciones de sus Presupuestos con los votos de Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu, el PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias y el Partido Regionalista de Cantabria. En contra han votado el PP, Vox, Ciudadanos, Junts, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y el BNG. Estas votaciones han registrado ocho ausencias -sólo se han contabilizado 342 votos-, la mayoría de ellas en el bloque del rechazo a las cuentas, ya que los apoyos han ascendido a 188 apoyos frente a 154 votos en contra. La enmienda del PP es su voto Todo ello tras una tramitación acelerada de las cuentas en el Congreso -y así se prevé también en el Senado- que ha comprimido los plazos con el fin de llegar al 1 de enero con las cuentas aprobadas, pese a presentarse con un mes de retraso respecto al plazo marcado por la Constitución. A su paso por el Congreso, el proyecto ha sido objeto de modificaciones derivadas de los diferentes acuerdos con los socios presupuestarios, ya que el Gobierno ha rechazado pactar ninguna enmienda con cualquier formación que no fuera 'amiga' a sus Presupuestos. Sólo una enmienda pactada por el…
Madrid, 9 de octubre de 2020 Los datos de transacciones inmobiliarias correspondientes al pasado mes de agosto de 2020 dados a conocer hoy por el INE, reflejan un descenso interanual del 12,1% y representa el sexto mes consecutivo después de los descensos registrados el pasado mes de julio (32,4%), de junio (34,3%), mayo (53,7%), en abril (39,2%) y el del mes de marzo (18,6%). El descenso registrado en agosto es, por tanto, el más leve desde la declaración del estado de alarma el pasado mes de marzo que paralizó muchas operaciones de compraventas que estaban en marcha. Cabe recordar que fue el pasado mes de febrero cuando esta estadística había vuelto a la senda de datos positivos (2,3%) después de seis meses consecutivos de datos en negativo, consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Hipotecaria. Por segundo mes consecutivo después de la declaración de estado de alarma por parte del Gobierno por la crisis del coronavirus las compraventas de vivienda superan las 30.000. “Es un dato esperanzador ya que apunta a que, de momento, la demanda de vivienda se ha despertado con fuerza después del confinamiento y nos hace pensar que poco a poco las cifras de compraventa vayan a ir mostrando caídas más leves”, explica Anaïs López, directora de Comunicación de Fotocasa. Este dinamismo en la demanda de vivienda ya se notó en los datos de tráfico y contactos desde el inicio de la desescalada. “En Fotocasa con el fin del estado de alarma tuvimos datos históricos tanto de tráfico como de contactos y nos indicaba que el mercado se había despertado muy activo y que los españoles tenían ganas de buscar una nueva vivienda después del confinamiento”. De hecho, “los primeros datos de los que disponemos en Fotocasa sobre la demanda de vivienda señalan se ésta…
El Consejo de Ministros aprueba este viernes el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, entregará el próximo lunes en el Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación. Paralelamente, se aprobará el cuadro macroeconómico donde el Gobierno contempla una rebaja de su previsión de crecimiento hasta el 2,2%. Una vez aprobados por el Consejo de Ministros y remitidos a la cámara baja, se dará el pistoletazo de salida para la tramitación parlamentaria de las cuentas públicas, que según el artículo 133 del Reglamento del Congreso goza de preferencia y que suele desarrollarse en unos tres meses. Tomando como referencia la tramitación de los PGE de 2018, ésta se inició el 3 de abril de 2018, con su llegada al Congreso, y finalizó el 28 de junio, con su aprobación definitiva en el Pleno de la Cámara Baja tras votar las enmiendas que habían sido incorporadas anteriormente en el Senado.
En materia de depuración y restauración ambiental no alcanzamos las cotas de cumplimiento que pide Europa, lo que puede acarrear importantes sanciones. Ya hay tres procedimientos abiertos contra España”, subraya Antolín Aldonza, portavoz de la Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua (Asagua). Falta de inversiones en infraestructuras y conservación, insostenibles bajas en unas licitaciones que durante los últimos cuatro años han sido mínimas, deudas de las administraciones públicas y la ausencia de una normativa global que posibilite el desarrollo integral del ciclo urbano que satisfaga las demandas sociales sin perjudicar el medio ambiente son otras ‘gotas’ que pueden desbordar este singular ‘océano’. “El patrimonio de nuestros servicios es muy extenso y valioso y no deberíamos permitir que se deteriore. Hay que recuperar los niveles de inversión de tiempo atrás”, aboga José Carbonell, presidente de la Asociación Española de Empresas Gestoras de Servicios de Agua Urbana (Aga). Déficit de tarifa. Abrimos el grifo, y el agua está ahí. La que se marcha, no se pierde sin más, sino que hay una labor de reutilización. “Para beberla y devolverla después al cauce no llegamos a poner ni un euro de cada cien del presupuesto familiar”, resalta Fernando Morcillo, presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (Aeas). Otro dato: el precio medio del agua para uso doméstico es de 1,7 euros el metro cúbico, de los que un euro correspondería a abastecimiento (60%), y los 70 céntimos restantes a alcantarillado y depuración (40%). Tarifas que no llegan a cubrir el coste total de los servicios, en contra de las exigencias de la Directiva Marco del Agua. “Están por debajo de nuestros colegas europeos por lo que es necesario avanzar en la recuperación de los costes en los servicios de agua urbana”, manifiesta Fernando Morcillo. Si nos comparamos…