El negocio era redondo. Los bancos estaban encantados en conceder hasta el 90% de la inversión en unos negocios que recibirán el cheque oficial de unas primas exageradas durante 25 años. Además, el desatino era todavía más increíble, ya que el Real Decreto no preveía una reducción gradual de las subvenciones cuando llegaran las mejoras tecnológicas, que naturalmente han llegado. De hecho, el coste de la generación fotovoltaica ha caído un 40% en poco más de tres años. Para terminar este despropósito que, sin duda, se reflejará poco a poco en la factura de la luz, el Gobierno, en otro alarde de ingenio, decidió que serían las Comunidades Autónomas quienes tendrían las competencias en la adjudicación de autorizaciones para levantar huertos solares. ¿Resultado? Un caldo de cultivo inmejorable para la aparición de viejos conocidos de nuestra picaresca: la especulación y el tráfico de influencias, que cambiaron el terreno de la recalificación urbanística por los permisos de conexión a la hora de las comisiones. Será la Justicia la que determine, o no, quién se saltó la Ley y concedió más permisos de los debidos. Pero mientras eso ocurre, las autoridades parece haber condenado a una tecnología que podría ser importante en la generación limpia del futuro (reducción de las primas en un 45% que da una rentabilidad del 8% según Industria, y negativa para el sector). Eso es al menos lo que piensan más allá de los Pirineos. Por ejemplo en Alemania, segunda potencia mundial en generación fotovoltaica, ya que allí la legislación sí se hizo con criterio, ya que se destinó el grueso de las subvenciones a promover instalaciones solares en los tejados para el autoconsumo de las familias. En cambio, en España, se subvenciona a un especulador cuyo mayor mérito es tener contactos en la Administración autonómica de turno. Y así nos luce el pelo...]]>