pax está todavía lejos de alcanzarse. Lo mejor de todo es que ésta es una guerra sin cuartel, en la que no hay dos únicos bandos al modo convencional. Todo depende de la parte del pastel que esté en juego. Y lo peor, es que hablar de energía se ha convertido en un galimatías demasiado complejo para el ciudadano medio: primas a las renovables, déficit tarifario, TUR… ¡Nadie entiende nada! Lo único que el consumidor de a pie tiene claro es que desde enero paga un 10% más (un 9,8% para ser exactos) en el recibo de la luz. No es el único incremento que ha traído consigo 2011: llenar el depósito del coche es hoy entre un 15% y un 20% más caro, en función de si usa gasolina o diésel. Dicen que la culpa es del petróleo, que se ha encarecido en los mercados internacionales, de que escasea la capacidad de refino –la conversión del barril de crudo en productos– y de la ola de frío que ha asolado a Europa y ha espoleado la demanda de energía. Así que lo mejor es que vayamos por partes, para ver si añadimos algo de luz a este embrollo de nomenclaturas: Primas: Las energías renovables reciben, aquí y en muchos países de Europa, mecanismos económicos para impulsar su despliegue y compensar que las fuentes energéticas convencionales (carbón, gas o petróleo) no incluyen en sus costes de producción el impacto ambiental. El sistema más extendido son las primas, por las que las renovables venden a la red toda su producción a un precio fijado legalmente en su totalidad (tarifa fija total) o en parte (prima). Y si no hay producción, no hay prima. Estos incentivos se van reduciendo conforme la tecnología va madurando y los pagamos entre todos en el recibo de la luz.
Déficit de tarifa: Agujero en el sistema eléctrico debido a que los ingresos (lo recaudado por las tarifas de acceso a las redes o peajes) no cubren todos los costes del sistema (transportar, distribuir, subvencionar determinadas energías y otros servicios...). Se lleva generando desde el año 2000, aunque en los últimos ejercicios se ha disparado hasta alcanzar un total de 18.000 millones de euros que los consumidores adeudan a las eléctricas. El Gobierno acaba de hacer una primera emisión (uno 3.000 millones de euros) de este pastel como si se tratase de deuda pública (titulización) para aliviar esta pesada carga. Y confía en que con las últimas medidas adoptadas para ahorrar 4.600 millones en los próximos tres años, el sistema sea autosuficiente en 2013. Vista la trayectoria, habrá que ver para creer.
TUR: Tarifa de último recurso que se aplica a los consumidores con una potencia contratada de hasta 10 KW. Hablamos de un potencial de 27 millones de clientes, la mayoría hogares y pymes. De éstos, unos siete millones han elegido salir al libre mercado (han elegido comercializadora), por lo que no están sujetos a esta tarifa. En teoría, si la tarifa es muy baja, las eléctricas no tienen incentivos para realizar ofertas con las que atraer clientes al mercado. Tampoco pagan la tarifa los tres millones de hogares acogidos al bono social. ¿Quién puede beneficiarse de esta medida? Aquellos consumidores más vulnerables que cumplan algunos de los siguientes requisitos: tener una potencia contratada inferior a 3 KW en su primera vivienda, ser pensionista con pensión mínima; ser familia numerosa u hogares que tengan todos sus miembros en situación de desempleo. El Gobierno estima que hay dos millones más de potenciales clientes que podrían acogerse a este bono.
Y ahora viene la batalla de todos contra todos y del sálvese quien pueda:
Renovables versus energías convencionales: Las primas renovales se han convertido en la gran bestia negra para las energéticas tradicionales, que han acusado sin tapujos a estas energías de hacer del déficit de tarifa un pozo sin fondo. Iberdrola y Gas Natural han sido las más beligerantes: la primera, líder en eólica, ha arremetido sin piedad contra las fotovoltaicas, a pesar de invertir en esta tecnología fuera de España, y Gas Natural porque la creciente producción de renovables ha tenido paradas sus centrales de ciclo combinado. En su defensa, las renovables recuerdan que las compañías tradicionales se han beneficiado históricamente de subvenciones cruzadas y de beneficios caídos del cielo (los llamado windfall profits) en casos como la energía hidráulica, por la que apenas pagaron por la concesión de los saltos y cuyas instalaciones están tan amortizadas que todo lo que generan es beneficio limpio. Al final, el Gobierno ha acabado revisando las primas a la eólicas, la solar y la fotovoltaica.
Fotovoltaicos en pie de guerra: Acusados de convertirse en otra burbuja financiera (lea el post de Capital), los fotovoltaicos andan a tortas con el Gobierno por la retroactividad normativa que les ha acaba de aplicar. Una medida “injusta”, dicen, que van a recurrir porque vulnera la seguridad jurídica de unos 50.000 productores a los que les ha pillado con más de 20.000 millones de euros apalancados en la banca. Una melé que no favorece la imagen internacional de España y en la que no sólo se ven atrapados grandes fondos de inversión, sino muchos particulares que apadrinaron una placa por considerarlo un negocio seguro. Ahora, nada es lo que parecía.
Subir o no el recibo de la luz: Es lógico pensar que si la materia prima (petróleo) se encarece, también lo haga la luz. Pero parece que esta subida no va ayudar a paliar el agujero del déficit: no se ha subido la parte regulada de la tarifa, la de los peajes, algo que en el sector descuentan que pasará en la próxima revisión trimestral. También sería aconsejable, como ya ha dicho el regulador (la CNE), que se revisen los costes del sistema. A costa del recibo de la luz, la oposición popular ha encontrado otro motivo de ariete contra el Ejecutivo. Es cierto que, traducida, equivale a poco más de tres euros al mes o un café, como ha dicho el ministro Miguel Sebastián. Comparaciones desafortunadas al margen, es una cifra que nadie puede decir que tenga un gran impacto en el gasto doméstico. La clave es que no parece que sea la última. El problema radica en el coste político, por impopular, de una decisión de este tipo. Y aquí el PP que tanto protesta tiene mucho que ver: desde 1997 la tarifa real (incluido el efecto del IPC) ha descendido progresivamente durante nueve años y no es hasta 2005 (con el PSOE) cuando empieza a estabilizarse. Además, un precio artificialmente bajo de la luz ha sido el mayor freno a avanzar en la eficiencia energética y el ahorro.
Los deberes del nuevo secretario de Estado de la Energía: Fabricio Hernández aterrizó en el Ministerio, no sin cierta polémica por su actividad de consultor enegético, el pasado 11 de enero y sobre la mesa tiene otros toros con los que lidiar, además de las tarifas. Todavía siguen en el aire cuestiones como el futuro de la central de Garoña –su asesoramiento a Endesa e Iberdrola, dueños de la planta, no es muy bien vista–y la ubicación del cementerio nuclear (Almacén Temporal Centralizado) de residuos radiactivos. Átomos sí y átomos no, los ecologistas, las eléctricas y los políticos autonómicos de un color y del otro andan a la gresca.
Quizá el único que ha empezado el año con buen pie sea Florentino Pérez: después de mucho anunciarlo, ACS ha alcanzado el 20% de Iberdrola. Convertirse en el primer accionista de la eléctrica le ha costado, a golpe de chequera, 2.600 millones de euros. Algo que, claro, no ha hecho tan feliz a Ignacio Sánchez Galán. El presidente de la eléctrica ve cómo la batalla, que se dirime también en los tribunales, se recrudece un poco más. ¡Feliz año nuevo!]]>
