La crisis económica provocada por la COVID-19
será la más intensa en la economía española desde
el final de la Guerra Civil. Las previsiones más recientes
de BBVA Research apuntan a que el PIB
caerá un 11,5% en 2020 y la tasa de paro aumentará
hasta el 19,7% a finales de año. Si la destrucción de
empleo ha resultado menor que en crisis anteriores
ha sido como resultado de las reformas emprendidas
a partir de 2010 y 2012, y de cambios recientes
en las regulaciones, que han permitido hacer un
uso masivo de los ERTE, al que se han acogido unos
3,4 millones de trabajadores.
A pesar de la menor destrucción de empleo, la crisis
va a tener un impacto muy importante sobre el
sistema de pensiones. El sistema ya tenía un déficit
importante antes de la crisis del COVID-19, en torno
a 17,5 mil millones de euros o del 1,4% del PIB en
2019. En la medida que la situación cíclica ese año
era neutral o ligeramente expansiva, tal y como
apuntaban el Banco de España o la Comisión Europea,
puede afirmarse que el déficit estructural del
sistema de pensiones era igual o superior a ese 1,4%
del PIB. Antes de la crisis del COVID-19, las previsiones
ya indicaban que ese déficit iría en aumento
como consecuencia del incremento de la esperanza
de vida, de la jubilación de la generación del babyboom
y de que las nuevas pensiones entran en el
sistema con un desequilibrio actuarial. En valor
presente, las nuevas pensiones que se están dando
de alta recibirán en media más de un 30% de lo
aportado durante toda la carrera laboral.
Sin duda, ese déficit del sistema de pensiones
aumentará en 2020 como consecuencia de la crisis,
por la fuerte caída de las cotizaciones a la
Seguridad Social, de manera que puede situarse
fácilmente entre el 5% y 6% del PIB. Dada su
fragilidad y la presión de las tendencias
subyacentes previas, hay que evitar que la crisis
tenga efectos permanentes sobre el sistema de
pensiones y no dé lugar a un aumento del
desempleo estructural y del paro de larga duración,
a una caída permanente de rentas y a un
incremento de la desigualdad. Si estas eran ya
debilidades crónicas de la economía española, hay
que hacer lo posible para que no agraven aún el
desequilibrio financiero futuro del sistema.
Para ello es fundamental, además de
proporcionar certidumbre, confianza y
consensuar medidas, también en el conjunto la
Unión Europea, llevar a cabo reformas que
permitan reducir el desempleo estructural, la
tasa de temporalidad y el paro de larga duración,
y garantizar la sostenibilidad y suficiencia a
medio y largo plazo del sistema de pensiones.
Una de las medidas para reducir la temporalidad y
el desempleo estructural, junto con los cambios
para aumentar la seguridad jurídica, es cambiar el
sistema de indemnizaciones para que sea más
ventajoso realizar contratos indefinidos que
temporales. Este cambio debería ir acompañado
por la introducción de un seguro individual al
empleo o mochila austriaca. Al aplicar solo a los
nuevos contratos permite una transición muy
gradual. Es una manera de que las empresas
provisionen anticipadamente la posible
contingencia de un futuro despido, como hacen
cuando amortizan sus inversiones productivas.
Los trabajadores van acumulado el capital
provisionado por las empresas en las que trabajan
y, si no son despedidos nunca, supone un ahorro
complementario en el momento de la jubilación
Por lo que respecta al sistema de pensiones, la mejor
solución pasa por transitar cuanto antes a un
sistema de reparto sobre la base de cuentas nocionales
o individuales, como en Suecia. La pensión
inicial se calcula teniendo en cuenta todas las contribuciones
realizadas a lo largo de la carrera laboral,
garantizando el equilibrio actuarial y financiero
del sistema. Se trata de un sistema sencillo, equitativo,
transparente, que favorece el empleo, la contributividad
y la productividad, e incentiva el aumento
de la edad de jubilación.
El reto es afrontar los nuevos desafíos tras la crisis
del COVID-19 junto con las exigencias del cambio
demográfico, la sostenibilidad y de la transformación
digital en marcha, con una economía más eficiente,
productiva, competitiva, segura, flexible y
resiliente, capaz de crecer de una manera estable y
sostenida a largo plazo, y que favorezca el empleo y
la inversión en capital físico, tecnológico y humano,
como condición necesaria para alcanzar pensiones
más elevadas en el futuro.
Rafael Doménech es Responsable de Análisis Económico en BBVA Research.
Columna publicada en el número de julio/agosto de 2020 de la revista Capital.
