El reciente debate planteado por Sumar sobre el incremento del tipo máximo del IRPF para las rentas de capital al 30% plantea varias cuestiones clave sobre su impacto en la equidad económica, la progresividad fiscal y la competitividad internacional. Charlamos con varios expertos para lanzar las principales conclusiones sobre el tema.
Según fuentes consultadas del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), el aumento del IRPF en las rentas de capital contribuiría, en su opinión, a una redistribución más justa de la riqueza. Actualmente, estas rentas, que incluyen dividendos, intereses y ganancias patrimoniales, están concentradas en los sectores de mayor poder adquisitivo. “Un aumento en el tipo impositivo generaría ingresos adicionales para el Estado, permitiendo financiar servicios públicos esenciales, lo que beneficiaría a los sectores más vulnerables y reduciría la brecha entre quienes generan ingresos a través del capital y los que dependen de salarios”, aseguran desde el colectivo.
Además, las rentas de capital en España se gravan a tipos más bajos que las del trabajo, lo que disminuye la progresividad del sistema fiscal. En su opinión, al elevar el tipo impositivo sobre el capital, especialmente para las rentas más altas, se igualaría el trato fiscal entre trabajo y capital. Esto contribuiría a una mayor progresividad y justicia fiscal, ya que actualmente los ingresos por capital disfrutan de un tratamiento más favorable, lo que reduce su contribución a la redistribución de la riqueza.
Según el Comité de Expertos para la reforma tributaria, las rentas del capital son más sensibles a los impuestos que las del trabajo, lo que podría incentivar prácticas de elusión fiscal. Por otro lado, remarcan que España ocupa una posición media en competitividad fiscal dentro de la OCDE.
Aunque el aumento del IRPF podría afectar la percepción de los inversores internacionales, la estabilidad económica, la infraestructura y otros factores juegan un papel más relevante en la atracción de capital extranjero. Por lo tanto, los riesgos de una pérdida significativa de competitividad fiscal son limitados, según se desprende de la opinión de Gestha. Especialmente, inciden, en el contexto de una armonización tributaria global, impulsada por iniciativas como el impuesto mínimo del 15% para multinacionales.
Y como apunte final, desde Gestha garantizan que el aumento de impuestos sobre las rentas de capital podría generar ingresos adicionales, pero su capacidad para financiar significativamente servicios públicos como sanidad y educación es limitada debido a la concentración de estas rentas en un pequeño porcentaje de la población.
Para mejorar estos servicios, añaden, será necesario implementar otras reformas fiscales complementarias, como el fortalecimiento del intercambio automático de información y la armonización de impuestos sobre el patrimonio y las grandes fortunas.
José María O’Kean: "No tiene sentido poner impuestos a determinados sectores económicos si funcionan en competencia"
Según José Ramón Pin Arboledas, profesor del IESE, la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025, a la que acompañan cambios fiscales normalmente, no va a ser fácil. “La coalición que sustenta parlamentariamente al gobierno Sánchez tiene sus grietas. Las más evidentes son las de Junts y Podemos/Sumar. Una por la derecha independentista y la otra por la izquierda radical”
“Por tanto, las propuestas de Yolanda Díaz (Sumar) pueden ser sólo propaganda para distanciarse del PSOE, cara a unas posibles elecciones (¿2026/27?). Para eso pide, entre otras cosas: subir el tipo impositivo en las rentas de capital en el IRPF y eliminar exenciones en las sucesiones”, señala Pin Arboledas.
No obstante, añade que “es posible que la subida de la recaudación de impuestos, este año y el que viene, se pueda desacelerar. Entonces, en la medida que en Europa (España incluida) se produzca el ‘soft landing’, como anuncian los expertos, las esperanzas de la hacienda pública española de equilibrar las cuentas públicas por aumento de la recaudación, en comparación con este año, se pueden ir esfumando”, argumenta el experto.
Asegura, por tanto, que es posible que Sánchez necesite modificar la legislación fiscal “de manera urgente (¿Decretos-ley?), el IRPF en particular, para cuadrar esas cuentas. Incluso aunque los PGE de 2025 sean rechazados en las Cortes y tenga que prorrogar los de 2024”. “Si Sumar consigue introducir alguna de esas medidas, la clase media se verá afectada. En particular la clase media ahorradora. También se dificultará la creación de trabajo y el acceso a la vivienda”.
José Ramón Pin Arboledas:
"Si Sumar consigue introducir alguna de sus medidas fiscales, la clase media ahorradora se verá afectada, se dificultará la creación de trabajo y el acceso a la vivienda"
En palabras de Pin Arboledas, lo que pretende esta parte del gobierno es subir el tipo para las rentas de capital de esas familias: “También bajar los mínimos exentos (de tres millones hasta un millón, excluida la casa familiar) del impuesto sobre herencias. Es decir, que toda aquella clase media que ha tenido la precaución de ahorrar algo para aliviar su vida, o la de sus herederos, van a ver como una parte importante de ello se traslada a un Estado dilapidador”.
En su opinión, ambas medidas supondrían un aumento recaudatorio de unos miles de millones. Pero, matiza, a la vez, desincentivarían el ahorro aún más en España. “Sin ahorro privado no hay consumo privado, lo que dificulta el crecimiento del PIB; tampoco hay inversión lo que reduce la creación de puestos de trabajo. Por tanto, baja la recaudación fiscal a pesar de subir los tipos impositivos y eliminar exenciones fiscales”.
Y detalla que, “por ejemplo, sin ahorro privado no se invierte en compra de vivienda. Y, aunque se pudiera pensar que eso moderaría los precios de los inmuebles para la clase media, tampoco es así. No lo es, porque se desincentiva la financiación de empresas inmobiliarias y constructoras, con lo que se contrae la oferta de casas. Las pocas casas que se ofrecen son caras y las clases medias y trabajadoras no pueden comprarlas. La demagogia es siempre mala consejera”.
Pin Arboledas explica que el esfuerzo fiscal es lo que “cada ciudadano medio soporta de impuestos sobre su renta". España estaba en 2020 dentro de los cinco países de la OCDE con mayor esfuerzo fiscal; en 2022 era un 17,8% superior a la media europea. Entre otras cosas porque, a pesar de la enorme inflación soportada por los ciudadanos, el gobierno no ha deflactado el IRPF, reduciendo el tipo impositivo en los tramos de la clase media, y solo ha reducido el IVA en algunos productos alimenticios (nada en carnes y pescados).
“En 2024, el esfuerzo fiscal español es de los mayores del mundo desarrollado. A este paso, si Sumar impone su criterio, tendríamos un Estado rico con ciudadanos pobres. Lo que, a la larga, debido a la ineficiencia de la Administración como inversora, acabaría en un Estado pobre con ciudadanos más pobres todavía. Es un círculo vicioso que conviene a la izquierda gobernante porque los ciudadanos pobres dependen de las subvenciones que les da un Estado, que ellos pretenden gestionar para crear ‘votos cautivos’”.
Gestha: "Los riesgos de una pérdida significativa de competitividad fiscal son limitados"
En el tema tributario explica que el problema para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es que Junts es de derechas, aunque independentista, y en puridad no debería votar la propuesta de Sumar. Va contra su electorado. Sin embargo, ya se sabe, un independentista no tiene un pensamiento racional".
José María O'Kean Alonso, catedrático español de economía aplicada, profesor de varias materias económicas en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla desde 1997 y en el IE Business School desde 1991, matiza que es una cuestión ideológica y recuerda que estamos ante un gobierno que quiere mucho peso del Estado y no que la iniciativa privada sea la que lidere el modelo económico.
“Se pueden establecer todos los juicios de valor que queramos, pero, desde el punto de vista económico, siempre la innovación, el espíritu empresarial y dejar que la gente tenga su iniciativa individual hace crecer más la economía. Pero tampoco hay modelos claros, porque miremos Dinamarca o Finlandia, países nórdicos en los cuales el Estado pesa mucho y tienen niveles de renta muy elevados”, puntualiza.
Si nos centramos en el tema impositivo, el experto asegura que aquí se plantea otra disyuntiva: “¿Tienen que pagar más las personas que tienen riqueza y reciben unos intereses, unos dividendos, o los que están trabajando, entendiendo autónomos, empresarios o trabajadores? El IRPF del trabajo tiene unos tipos y el IRPF del capital tiene otros; siendo mucho más bajo que el del trabajo”.
“Existe un tope del 40% para las rentas del trabajo y las de capital en la actualidad es del 28% (y ha subido), pero lo que quieren es llevarlo al 33% con una tendencia a llevarlo incluso más arriba. Pero también quieren subir la parte de renta de trabajo por encima de 150.000 euros, por encima ya del 40%; por tanto, la subida va siempre a rentas de capital y a rentas altas”, añade O´Kean.
El comité de expertos para la reforma tributaria cree que la subida de impuestos a las rentas del capital podría incentivar la elusión fiscal
También vemos los impuestos a los ricos, a las herencias o el gravamen de solidaridad ambiental (coches de lujo, yates, etc; es decir, para los bienes de lujo). También quieren mantener el impuesto a los bancos, a las eléctricas… Este es el modelo que tienen y a partir de ahí podemos enjuiciar cosas”, enfatiza el catedrático.
Desde su punto de vista, asegura que ponerle impuestos a determinados sectores económicos no le parece bien si el sector funciona en competencia: “Si las empresas llegan a acuerdos entre sí, éstas tienden a subir precios y, por tanto, obtener beneficios extraordinarios a costa siempre del consumidor, lógicamente. Pero, de repente, ¿llega el Estado y te dice que esos beneficios se los das a él?”.
“Lo que tiene que hacer el Estado es asegurar que haya competencia y que, por tanto, el consumidor se beneficie de unos precios más bajos que repercutirán en una renta disponible más elevada una vez que ha pagado todos los impuestos que tiene que pagar. Pero claro, si no vas a ser capaz de hacer que determinados sectores tengan un nivel de competencia mayor, al final lo está pagando el consumidor. Es complicado el tema. En cualquier caso, repito, es una cuestión ideológica”.
El Gobierno de Madrid aprueba una nueva deducción fiscal para nuevos residentes extranjeros
Mientras tanto, y en contra del modelo que sigue el Gobierno central, la Comunidad de Madrid ha dado un paso importante en la atracción de nuevos residentes fiscales extranjeros al aprobar en junio un Proyecto de Ley que modifica las disposiciones legales en materia de tributos cedidos por el Estado. Según informa Equipo Económico, este proyecto, que está en trámite parlamentario, introduce una deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del 20% sobre el valor de adquisición de activos financieros para nuevos contribuyentes que se muden a la región.
La deducción será aplicable a los valores representativos del capital, incluyendo tanto deuda pública como acciones de empresas, y entrará en vigor antes del 31 de diciembre de 2024, afectando así la declaración del IRPF para el año fiscal 2024. Sin embargo, se ha eliminado la posibilidad de incluir bienes inmobiliarios en esta deducción, buscando evitar un aumento en la demanda de propiedades ya elevada.
El objetivo de esta medida es atraer a contribuyentes de alta capacidad adquisitiva y fomentar la inversión y el empleo en la región. La deducción también será accesible para extranjeros no residentes en la Unión Europea que obtengan una "Golden Visa". Sin embargo, se ha señalado que la normativa no exige que las inversiones se realicen en Madrid o en España, lo que podría limitar el impacto deseado en la economía local.
Los contribuyentes que se trasladen a Madrid deben considerar si optar por esta nueva deducción o por el régimen especial que beneficia a trabajadores y empresarios desplazados, el cual ofrece ventajas fiscales significativas. Esta reforma fiscal se presenta como una estrategia del gobierno madrileño para potenciar la economía local y atraer inversión externa.
