El Tribunal Calificador de la oposición de administrativos (C1) de la Comunidad de Madrid ha decidido anular el segundo ejercicio de la convocatoria de 2023 tras confirmarse las irregularidades detectadas durante la prueba, realizada el pasado sábado, 30 de noviembre. La decisión surge a raíz de que uno de los supuestos prácticos del examen coincidiera exactamente con un material de la academia Adams, una situación que ha generado indignación entre los opositores.
El supuesto práctico en cuestión, que incluía preguntas y datos idénticos al contenido de la academia, otorgaba una ventaja evidente a quienes tuvieron acceso a dicho material, en detrimento del resto de los más de 7.000 aspirantes que se presentaron. La única diferencia entre ambos textos era el nombre del organismo, lo que ha desatado críticas sobre la falta de equidad en el proceso selectivo.
Nuevo examen para los aspirantes afectados
Fuentes oficiales han confirmado que se convocará una nueva fecha para que los opositores afectados puedan repetir el segundo ejercicio. En esta nueva convocatoria podrán participar exclusivamente los alumnos que se presentaron al examen anulado. Aunque todavía no se ha especificado la fecha, se espera que el anuncio se realice en los próximos días.
Además, el Tribunal encargado de la oposición podría enfrentarse a una reclamación legal por parte de la academia Adams, que había especificado en sus materiales que su contenido no podía ser reproducido total ni parcialmente. Este posible conflicto legal añade presión sobre los responsables de la organización del proceso selectivo.
Reacciones de los opositores
La indignación entre los opositores no ha tardado en manifestarse, especialmente porque la convocatoria de 2023 ya había generado polémica por la escasa preparación que permitía el calendario. Apenas transcurrieron dos meses entre la finalización de la convocatoria de 2021 y la realización del examen de 2023, lo que muchos consideran un margen insuficiente para estudiar con garantías.
Con más de 7.000 personas compitiendo por 100 plazas —7 de ellas reservadas a personas con discapacidad—, la anulación del segundo ejercicio pone en evidencia las deficiencias en la organización de las oposiciones en la Comunidad de Madrid.
Las autoridades aún no se han pronunciado oficialmente sobre las posibles consecuencias administrativas de esta situación, pero los opositores esperan que se tomen medidas para garantizar la transparencia y equidad en el futuro.
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