Las conocidas como ‘Golden Visa’, un tipo de visado aprobado en 2013 durante la administración de Mariano Rajoy, dejarán de ser parte de la legislación española a partir de este jueves. Estos visados estaban destinados a personas no residentes en la Unión Europea que realizaran una inversión superior a 500.000 euros en propiedades inmobiliarias en España.
Desde que asumió la presidencia, Pedro Sánchez ha mantenido como objetivo la eliminación de este tipo de visados. En la legislatura anterior, el entonces ministro José Luis Escrivá, actualmente gobernador del Banco de España, expresó que el Ejecutivo estaba revisando las condiciones de las ‘Golden Visa’. En abril de este año, el presidente Sánchez anunció oficialmente su intención de suprimir este mecanismo.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, advirtió de un notable incremento en la concesión de estos visados en los últimos dos años. Entre 2013 y 2023, se otorgaron 14.576 visados, siendo los principales beneficiarios ciudadanos de Rusia, China, Estados Unidos, Reino Unido, Ucrania, Irán, Venezuela y México.
La reforma que pone fin a las ‘Golden Visa’ se articuló mediante una enmienda introducida a puerta cerrada
La eliminación de estos visados se concretó siete meses después de que se diera a conocer la intención del Gobierno. La enmienda se incluyó en el proyecto de ley de medidas sobre la eficiencia del servicio público de Justicia y fue aprobada en ponencia sin la presencia de los diputados del PP, quienes suspendieron su actividad tras la tragedia causada por la dana.
Los artículos 63, 64, 65, 66 y 67 de la Ley 14/2013, que definían los requisitos para acceder a la ‘Golden Visa’, fueron eliminados. Sin embargo, se añadió una disposición transitoria que respeta el visado para aquellas personas que ya habían presentado su solicitud antes de la entrada en vigor de la nueva ley.
Es importante señalar que los ‘Golden Visa’ no solo beneficiaban a quienes adquirían propiedades inmobiliarias, sino también a aquellos que invertían más de dos millones de euros en títulos de deuda pública española, más de un millón en acciones de empresas españolas con actividad real, o más de un millón en fondos de inversión y depósitos bancarios en instituciones españolas. Asimismo, se permitía la obtención del visado a través de la creación de proyectos empresariales considerados de interés general en España.
