El Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña han llegado a un acuerdo para reformar el sistema de financiación autonómica, un pacto que generará un cambio significativo en el manejo de los ingresos regionales. Este nuevo modelo, que privilegia los ingresos sobre el gasto, ha sido presentado en rueda de prensa por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, en compañía de la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero.
Según fuentes del Govern, el enfoque es ahora más maduro hacia las comunidades autónomas. En lugar de recibir fondos basados en necesidades de gasto, las comunidades generarán sus ingresos y los administrarán según consideren. Esto implica que Cataluña, junto a otras comunidades que opten por este sistema, tendrá la capacidad de recaudar todos los impuestos.
El sistema prevé que los impuestos recaudados se distribuyan entre las administraciones, estableciendo claramente qué tributos y porcentaje le corresponde tanto al Estado como a la Generalitat
Una parte de la recaudación se destinará a los gastos estatales en Cataluña, y el resto será manejado por la Generalitat. Posteriormente, Cataluña contribuirá a la solidaridad interregional, respetando el principio de ordinalidad. Además, el Gobierno central transferirá a la Generalitat los gastos correspondientes a las competencias ya traspasadas como lengua o seguridad.
El acuerdo incluye el plan de que, en un futuro, la Agència Tributària de Catalunya (ATC) asuma la responsabilidad de recaudar todos los impuestos generados en la región. Aunque operará de manera independiente, se ha advertido que la ATC enfrentará desafíos, ya que actualmente no posee la plataforma tecnológica, el personal ni el conocimiento necesarios para gestionar este volumen de recaudación.
El plan director elaborado por Indra, esperado para la próxima semana, detallará las fases de crecimiento y las estrategias para expandir la capacidad de la ATC
Este desarrollo supone un cambio estructural en las finanzas regionales, marcando un nuevo capítulo en la relación fiscal entre el Estado y las comunidades autónomas.
