La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha exigido al Gobierno que cumpla de inmediato con la sentencia del Tribunal Supremo que anula el registro de alquiler de corta duración. Cano ha pedido la apertura de un diálogo con las comunidades autónomas para crear un sistema coordinado que permita perseguir la oferta ilegal sin perjudicar a quienes cumplen con la normativa.
En un comunicado, Cano ha valorado positivamente el fallo del Supremo, que estima parcialmente el recurso interpuesto por la Generalitat Valenciana contra el Real Decreto 1312/2024. Este decreto regulaba el Registro Único de arrendamientos de corta duración, relacionado con viviendas turísticas y alquileres gestionados a través de plataformas digitales, y establecía la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. El recurso presentado por la Generalitat se fundamentaba en la creencia de que el decreto creaba una duplicidad de procedimientos y excedía las competencias estatales en turismo.
El Tribunal Supremo confirma que el modelo impulsado por el Gobierno generaba duplicidades, inseguridad jurídica y solapamiento con las competencias autonómicas en turismo.
La consellera destacó que la Comunitat Valenciana ya cuenta con un registro autonómico operativo para viviendas de uso turístico, que garantiza control sobre la actividad, trazabilidad de los inmuebles y seguridad jurídica en el sector. Cano afirmó que tanto la Generalitat como las instituciones europeas habían advertido sobre la incompatibilidad de someter una vivienda a más de un procedimiento de registro obligatorio, recordando que la normativa europea no exige un registro nacional y prohíbe duplicidades sobre un mismo inmueble.
Cano señaló que era necesario combatir el intrusismo en los alquileres turísticos ilegales mediante la cooperación institucional y el respeto al marco competencial, evitando crear estructuras paralelas que duplicaban registros existentes. La consellera enfatizó que Europa aboga por la coordinación de datos en lugar de la acumulación de registros y trámites administrativos.
A pesar de la sentencia, Cano recordó que se mantiene vigente la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, así como las obligaciones de transmisión de datos por parte de las plataformas digitales y el intercambio de información con fines estadísticos, competencias que el Tribunal Supremo reconoce al Estado.
