El Tribunal Supremo ha resuelto parcialmente a favor de Sacyr en un recurso contencioso-administrativo relacionado con las indemnizaciones que el Estado debe pagar por el rescate de dos autopistas radiales en Madrid. Estas autopistas, construidas bajo el gobierno de José María Aznar y rescatadas durante el mandato de Mariano Rajoy tras la crisis económica, han sido objeto de controversia debido al cálculo de las indemnizaciones.
La sentencia, fechada el pasado 2 de junio, insta al Gobierno a recalcular las compensaciones para las concesionarias de manera que se paguen por las inversiones realizadas, ahora en manos del Estado. Específicamente, la decisión del Supremo anula la resolución del Consejo de Ministros del 27 de diciembre de 2023, que había establecido un pago de 570 millones de euros para la concesionaria de las autopistas R-3 y R-5 y un tramo de la M-50. Este segundo cálculo ya suponía un incremento de 451 millones respecto al inicial.
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Aunque Sacyr ya no gestiona estas infraestructuras, controladas ahora por la sociedad pública SEITT, el Supremo reconoce que las constructoras tienen un interés legítimo para impugnar el cálculo, enfocándose en una cuantificación correcta y legal de la responsabilidad patrimonial, más allá de la recuperación de la deuda original.
Las autopistas R-3 y R-5 formaban parte de una única concesión adjudicada en 1999 al consorcio compuesto por ACS, OHLA, Sacyr y FCC. Estas infraestructuras entraron en operación en 2004, pero en 2012 se declararon en concurso de acreedores, y diversos fondos adquirieron la deuda con el fin de asegurarse las futuras indemnizaciones del Estado.
Hasta el momento, el rescate de las nueve autopistas ha conllevado un pago total de 1.684 millones de euros, aunque este monto se considera provisional, dado que muchas de estas autopistas aún se encuentran en la fase de segunda resolución. Es así como se han desembolsado 134 millones por la R-4; 319 millones por la A-36; 41 millones por la A-41; 278 millones por la AP-7 Cartagena-Vera; 307 millones por la AP-7 Alicante; y 46 millones por la M-12, mientras que el coste provisional para la R-2 es de cero euros.
