El Congreso de los Diputados debatirá y votará el próximo 10 de septiembre la proposición de ley promovida por Sumar, destinada a otorgar la nacionalidad española a los saharauis nacidos cuando el Sáhara Occidental estaba bajo administración española. La medida ha sido objeto de discusión en la Comisión de Justicia, donde recibió la abstención del PP y Junts, y se someterá a votación en un contexto marcado por la reciente crisis migratoria en Ceuta y un delicado momento en las relaciones con Marruecos.
Inicialmente, la propuesta fue considerada pese al voto en contra del PSOE. No obstante, los socialistas acabaron pactando el articulado con Sumar, consiguiendo el respaldo de sus habituales socios parlamentarios el 23 de julio. Vox se mostró en desacuerdo durante el proceso, mientras que PP y Junts optaron por no definir su postura. Sumar estimó que la normativa podría beneficiar a unas 80.000 personas.
La ley permitirá que los saharauis nacidos en el Sáhara Occidental obtengan la nacionalidad española por carta de naturaleza, incluso sin residir legalmente en España
El texto estipula que existan circunstancias excepcionales necesarias para la concesión de la nacionalidad, permitiendo a los solicitantes presentar documentos como un DNI español caducado, certificados de nacimiento apostillados, registros de empleo público o documentos similares expedidos por autoridades españolas en la antigua provincia.
La Comisión de Justicia ha ampliado los documentos admisibles, integrando certificados adicionales como escolarización, pensiones de jubilación, permisos de conducir y certificados de asistencia médica, entre otros. Los descendientes en primer grado podrán optar a la nacionalidad española dentro de los cinco años siguientes a la inscripción de sus progenitores en el Registro Civil.
Adicionalmente, la ley modifica el Código Civil para incluir a los saharauis entre los grupos que pueden obtener la nacionalidad tras dos años de residencia legal en España. Este privilegio está ya disponible para ciudadanos de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal y sefardíes.
El proceso para las solicitudes por carta de naturaleza será gratuito y estará disponible durante los tres años posteriores a la promulgación de la ley, con posibilidad de extenderse un año más. Justicia dispondrá de un año para resolver los expedientes, tras obtener informes de los ministerios de Interior y Justicia. La ley entrará en vigor cuatro meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y obligará al Gobierno a implementar un procedimiento específico para agilizar la tramitación de solicitudes.
Por su parte, el PP ha mantenido vivas ocho enmiendas en el Pleno, relativas a aspectos como la concesión de la nacionalidad y la modificación del Código Civil, a pesar de haberse abstenido en la votación de la comisión. Este debate parlamentario ocurre en un contexto marcado por la reciente entrada masiva de migrantes en Ceuta, con Marruecos, que considera al Sáhara Occidental parte de su territorio, opositor a esta nacionalización. Aun así, la propuesta de autonomía de Rabat cuenta desde 2022 con el respaldo del presidente español Pedro Sánchez y del PSOE, abandonando la postura tradicional de apoyar un referéndum de autodeterminación.
