La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha revelado que el gasto en intereses de la deuda de las comunidades autónomas podría aumentar significativamente, pasando de 3.608 millones de euros en 2022 a 11.528 millones en 2029. Este incremento más que triplicaría los recursos destinados a esta partida. El estudio, presentado por Manuel Díaz y Carmen Marín de Fedea, estima los costos autonómicos en intereses durante el periodo 2022-2029.
Según los expertos, las principales razones para este aumento son el incremento de los tipos de interés y el elevado volumen de deuda que enfrentan las haciendas autonómicas. En 2029, Cataluña se perfila como la comunidad que destinará más recursos al pago de intereses, alcanzando los 2.968 millones de euros, representando un incremento del 188% respecto a 2022. La seguirán la Comunidad Valenciana, con 2.080 millones (un aumento del 476%); la Comunidad de Madrid, con 1.409 millones (un 85% más) y Andalucía, con 1.356 millones (un 257% más).
De acuerdo con el informe, La Rioja experimentará el mayor incremento porcentual en su gasto en intereses, pasando de 5 millones a 45 millones, lo que supone un crecimiento del 804%. En contraste, Navarra será la comunidad con menor incremento, con un aumento del 39%, pasando de 62 millones en 2022 a 86 millones en 2029.
El tipo medio de interés se triplicará
El documento también destaca que el tipo medio de la deuda pública autonómica se elevará del 1,1% en 2022 al 3,3% en 2029. El Principado de Asturias es un caso especial, donde el tipo medio podría llegar al 4,4%, debido a su alta dependencia de los préstamos a tipo variable. Esto ha llevado a que el tipo medio de su deuda aumente significativamente más que la media durante el periodo 2022-2025.
Las comunidades deben afrontar con prudencia las políticas fiscales expansivas para no comprometer la sostenibilidad financiera regional
El informe subraya la necesidad de que las comunidades autónomas calibren cuidadosamente cualquier política fiscal expansiva. Implementar reducciones significativas en la presión fiscal o desarrollar programas de gasto con rentabilidad social limitada podría poner en riesgo la estabilidad económica de las finanzas públicas regionales.
