La Unión Europea (UE) inicia hoy un hito significativo en la implementación del Reglamento de inteligencia artificial (AI Act) con la entrada en vigor de las primeras obligaciones de transparencia. Estas normas, especificadas en el artículo 50 del reglamento, se aplican a nivel nacional y comunitario, reforzando el sistema de supervisión y cumplimiento en todos los Estados miembros.
La Comisión Europea será la encargada de aplicar las obligaciones que exigen identificar contenidos generados o manipulados mediante IA, incluyendo los deepfakes. Además, será necesario que los chatbots informen a los usuarios de que están interactuando con una inteligencia artificial. Para tal fin, las herramientas capaces de crear imágenes, vídeos, audios o textos deberán incorporar marcas que permitan reconocer estas producciones, y cuando se utilicen con fines profesionales, se requerirá una clara indicación de que han sido alteradas mediante IA.
Europa da un paso adelante con la implementación de la AI Act, garantizando mayor transparencia y supervisión en el uso de inteligencia artificial
El nuevo marco legal habilita a Bruselas para empezar a supervisar los modelos de IA de propósito general, sistemas responsables de múltiples tareas. La Oficina Europea de IA tendrá la capacidad de solicitar información a las empresas responsables de estos sistemas, evaluar su funcionamiento, ordenar medidas correctivas e incluso restringir su disponibilidad en caso de incumplimientos. Este control será compartido con las autoridades nacionales, mientras el Supervisor Europeo de Protección de Datos gestionará los sistemas usados por instituciones de la UE.
Para fortalecer este sistema, se ha constituido un panel científico compuesto por 60 expertos independientes y un asesor científico jefe, además de establecer varios canales para denunciar posibles incumplimientos, uno de ellos abriendo la posibilidad a ciudadanos y empresas y otro para desarrolladores de aplicaciones basadas en modelos ajenos.
La implementación de la ley es escalonada. El próximo 2 de diciembre, entrarán en vigor nuevas prohibiciones bajo el paquete AI Omnibus para prevenir sistemas que generen contenido sexual explícito sin consentimiento o material de abuso sexual infantil. En esa fecha también concluirá el periodo de adaptación para que ciertos modelos de IA incorporen mecanismos que identifiquen contenidos generados mediante esta tecnología.
El calendario continúa con el 2 de diciembre de 2027, cuando las normas aplicables a la IA considerada de alto riesgo serán efectivas, afectando sectores como la sanidad, la educación y el empleo. Este proceso culminará el 2 de agosto de 2028, cuando se apliquen disposiciones para sistemas de inteligencia artificial integrados en productos sujetos a otra legislación europea, como dispositivos médicos o vehículos.
En el caso de sistemas de alto riesgo, el Reglamento clasifica como tales a los sistemas de IA que son componentes de seguridad de productos o productos en sí mismos, exigidos a someterse a un proceso de evaluación de conformidad por un organismo competente, conforme a leyes de armonización de la Unión. Este grupo incluye, entre otros, maquinaria, juguetes, equipos a presión y dispositivos médicos.
El AI Act de la UE se posiciona como la primera normativa integral a nivel mundial que busca fomentar la innovación y adopción de la IA asegurando, al mismo tiempo, un alto nivel de protección de la salud, seguridad y derechos fundamentales.
Respecto a las empresas afectadas por el artículo 50, los proveedores de sistemas de IA, especialmente aquellos de propósito general, deberán garantizar que los contenidos generados o manipulados incorporen un marcado que permita su identificación. Los sistemas destinados a informar al público sobre asuntos de interés público deberán declarar que el contenido ha sido generado o manipulado por IA, a excepción de situaciones donde exista revisión humana o control editorial.
La Comisión Europea aclara que revisiones meramente formales no se consideran revisión humana. Esta obligación se aplica a contenidos relacionados con política, procesos democráticos, seguridad pública, y otras materias de interés público. Las autoridades nacionales de vigilancia del mercado supervisarán el cumplimiento, y las sanciones podrían alcanzar hasta 15 millones de euros o el 3% de la facturación anual, aplicando la cifra más elevada. El principio de proporcionalidad se considerará en el caso de pymes y medianas empresas.
