El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha subrayado la importancia de negociar un nuevo sistema de financiación autonómica durante su intervención en el II Encuentro sobre Políticas Sanitarias y Estado de las Autonomías, celebrado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander. Fernández Carriedo calificó la actual estructura de financiación como "caducada e insuficiente" y abogó por comenzar un "proceso desde cero".
Durante la mesa de debate 'Crisis de Financiación: la brecha insostenible', compartida con el consejero de Cantabria, Luis Ángel Agüeros, y el de Castilla La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, el consejero destacó que el sistema lleva más de 11 años sin actualizarse. Explicó que su revisión es crucial para mantener los servicios públicos fundamentales, afectados por un aumento constante del coste operativo.
La financiación autonómica vigente no responde al coste real de los servicios públicos, generando un déficit acumulado significativo
Según datos del Consejo de Cuentas de Castilla y León, el gasto social en la comunidad ha crecido un 19% entre 2009 y 2021, mientras que la financiación líquida solo lo ha hecho en un 2%. Esta disparidad ha derivado en un déficit de 8.298 millones de euros hasta 2023, según la Junta. Fernández Carriedo también criticó el nuevo modelo de financiación del Ministerio de Hacienda, argumentando que responde a "exigencias de un partido independentista" y compromete áreas críticas como la sanidad, la educación y la atención a los mayores en Castilla y León.
El consejero señaló que dicho modelo limita la autonomía fiscal de las comunidades y perjudica la solidaridad interterritorial al favorecer a regiones con mayor capacidad fiscal en detrimento de aquellas con desafíos demográficos. Fernández Carriedo lamentó que las propuestas enviadas en enero de 2022 al Ministerio para ajustar la población a los costos de servicio no se han considerado. Además, expresó que el pospuesto Consejo de Política Fiscal y Financiera, programado para el 4 de septiembre, puede ser una oportunidad para que el Gobierno central retire su propuesta, rechazada por muchas autonomías, y se inicie una negociación conjunta.
En su conclusión, el consejero afirmó que Castilla y León está "infrafinanciada" para ofrecer servicios de calidad, dado que el actual sistema no considera adecuadamente factores como la extensión territorial, la dispersión, la baja densidad y la elevada esperanza de vida de los castellanoleoneses.
