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Aspac pide cambios en la Ley Concursal y urge a aprobar el Estatuto del administrador concursal

Aspac reclama ajustes en la Ley Concursal y la aprobación del Estatuto del Administrador Concursal para mejorar la gestión de insolvencias

Aspac pide cambios en la Ley Concursal y urge a aprobar el Estatuto del administrador concursal
Por Redacción Capital

La Asociación de Administradores Concursales y Expertos en Reestructuración e Insolvencia (Aspac) ha reclamado ajustes en la Ley Concursal en conmemoración del cuarto aniversario de su entrada en vigor. La organización también ha instado a la aprobación del Estatuto del Administrador Concursal, con el objetivo de corregir carencias presentes en los concursos sin masa y en los procedimientos especiales para microempresas.

Aunque Aspac valora positivamente los avances logrados con la reforma de septiembre de 2022, que introdujo planes de reestructuración temprana para evitar la quiebra de empresas viables, advierte que persisten significativos retos prácticos. Entre estos, destaca la falta de implementación del Estatuto del Administrador Concursal, la necesidad de una plataforma digital operativa y carencias en los procedimientos para pymes y particulares.

Es tiempo de avanzar hacia un marco más eficaz, transparente y profesionalizado que refuerce la seguridad jurídica

Manuela Serrano, presidenta de Aspac, ha enfatizado que la experiencia acumulada en estos cuatro años permite identificar qué aspectos son exitosos y cuáles requieren atención. Según Serrano, uno de los principales problemas es la actual configuración de los concursos sin masa, la cual limita la supervisión profesional en situaciones donde hay intereses importantes tanto de acreedores como de deudores. Además, Aspac ha señalado que el procedimiento especial para microempresas conlleva desafíos, ya que la exclusión del administrador concursal genera dificultades en la gestión de la insolvencia en negocios de pequeño tamaño.

Por todo esto, la asociación subraya la importancia de aprobar el Estatuto de la profesión para regular adecuadamente aspectos como el acceso, la formación, la retribución y la responsabilidad de los administradores concursales. El objetivo es alinear el modelo español con la Directiva 2026/799 (Segunda Directiva de Insolvencia) de la Unión Europea, cuya transposición debe completarse antes de enero de 2029.

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