El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha celebrado el principio de acuerdo alcanzado entre los sindicatos ATP, CCOO, SIPA y UGT, que suman el 88% de representación de los trabajadores, y la empresa Airbus. El acuerdo llega tras una mediación del Gobierno durante una reunión de urgencia en el Ministerio de Industria y Turismo, con la presencia del ministro Jordi Hereu y el consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury.
Fernández ha agradecido la intervención del ministro en el proceso de mediación, que ha sido clave para llegar a un buen acuerdo entre las partes y garantizar así la viabilidad y la estabilidad de Airbus en la región. Ha subrayado la relevancia de esta intermediación, destacando su importancia para el sector aeroespacial, crucial para el desarrollo industrial y económico de Andalucía.
El acuerdo supone un alivio para miles de trabajadores que dependen de esta actividad, al reducir la incertidumbre y la angustia de muchas familias
El delegado ha instado a la Junta de Andalucía a reconocer el esfuerzo tanto de las organizaciones sindicales como de la empresa en la consecución de este preacuerdo, así como el papel del Gobierno de España para proteger los intereses económicos y sociales de la región. El ministro Hereu, en sus declaraciones, ha calificado el principio de acuerdo como una victoria para los trabajadores en términos salariales y laborales, asegurando al mismo tiempo la competitividad de Airbus España.
Por su parte, Airbus ha valorado positivamente la propuesta de entendimiento con los sindicatos, pactada con el apoyo del Ministerio de Industria, que facilita someterla a referéndum entre los empleados. La empresa ha destacado las mejoras y aclaraciones incorporadas en la oferta, que refuerzan la posición competitiva de Airbus en España.
El acuerdo será sometido a referéndum vinculante entre los empleados de Airbus en septiembre, permitiendo que todos puedan entender completamente la propuesta. Esta reunión finaliza tras el cierre de la segunda mesa de mediación ante el SIMA, confirmando las previsiones adelantadas por el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, sobre una potencial mediación gubernamental si el conflicto persistía.
