El Gobierno español ha intensificado su postura en la búsqueda de reconocimiento del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea. En un gesto firme, ha advertido que no aceptará la inclusión de nuevas lenguas en el reglamento lingüístico de la UE derivada de la entrada de nuevos Estados miembro si no se da luz verde previamente a su petición.
Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han comunicado a Europa Press que no es posible para España aceptar nuevas lenguas oficiales si antes no se ha aprobado la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego. Esta decisión se presenta después de que el Gobierno solicitara incluir en la próxima reunión del Consejo de Asuntos Generales el tema de las lenguas oficiales y ampliación.
España subrayará su postura sobre las lenguas cooficiales en la próxima reunión del Consejo, en medio de la resistencia de algunos Estados miembro
Con el respaldo del acuerdo con Junts desde agosto de 2023, España llevó ante la UE su petición formal para reconocer el catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales. Sin embargo, este objetivo sigue enfrentándose al requisito de la unanimidad de los Veintisiete, una meta aún lejana.
El Ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha reiterado que es cuestión de tiempo lograr el reconocimiento, mientras que Fernando Sampedro, secretario de Estado para la UE, ya había señalado esta nueva condición respecto a la futura ampliación de la UE y la posible incorporación de nuevos idiomas.
Exteriores insiste en que urge avanzar en la reforma para incluir estos idiomas en el marco oficial de la UE. Hasta ahora, España no ha conseguido la unanimidad necesaria para avanzar en la votación. Sin embargo, el 22 de septiembre marcará una nueva oportunidad para exponer sus argumentos, aunque no se prevé un debate en profundidad. El tema no había sido abordado desde julio de 2025 debido a la resistencia de varios Estados, encabezados por Alemania.
La complejidad mayor sigue siendo la necesidad de obtener apoyo unánime, especialmente por las dudas jurídicas y el temor de que siente un precedente para otras lenguas minoritarias. España ha ofrecido cubrir los gastos adicionales, en torno a 132 millones de euros anuales, e incluso ha propuesto una implementación parcial a partir de 2027, centrada en traducir solo los principales reglamentos del Consejo y el Parlamento Europeo inicialmente.
En defensa de su propuesta, el Gobierno argumenta que las tres lenguas ya son cooficiales según la Constitución española y se utilizan en el Congreso y Senado, aspectos que no comparten otras lenguas minoritarias.