La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha revelado que el Gobierno está planeando una iniciativa legislativa "inminente" para modificar el límite de edad en la prestación de hijos enfermos. Según Saiz, algunas cuestiones requieren un enfoque legal más allá de la vía reglamentaria. Estas declaraciones se produjeron durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en respuesta a la diputada de Sumar, Aina Vidal, quien cuestionó las reivindicaciones de las asociaciones de familias beneficiarias de la prestación CUME, destinada al cuidado de menores con cáncer u otras enfermedades graves.
Saiz ha destacado que se han inclinado significativamente hacia las propuestas de estas asociaciones en el nuevo reglamento que ampliará la prestación CUME y cuya publicación está prevista para octubre. "He mantenido un diálogo constante con estas asociaciones, y como resultado, el nuevo reglamento incluirá cerca de todas las mejoras solicitadas", afirmó la ministra.
El nuevo reglamento sobre la prestación CUME abarcará casi todas las mejoras solicitadas por las asociaciones de familias, según anunció la ministra Saiz
Entre las novedades, Saiz menciona la posibilidad de elegir entre el médico de atención primaria o el especialista para elaborar los informes, eliminar la incompatibilidad de las prácticas formativas y clarificar situaciones similares al ingreso hospitalario. También se suprimirá la restricción que impedía acceder al subsidio a trabajadores con jornadas a tiempo parcial igual o inferior al 25%. Además, se ha aclarado el procedimiento para la emisión del informe de la inspección del Servicio Público de Salud necesario cada dos años y que el cálculo de la prestación no considerará la reducción de jornada por guarda legal.
Aina Vidal, por su parte, ha cuestionado si una entidad privada con intereses económicos debería gestionar el acceso a este derecho de seguridad social, y expresó su colaboración continua para mejorar una prestación esencial. A su vez, la diputada Idoia Sagastizabal del PNV, interrogó sobre el cumplimiento del Gobierno con las familias cuidadoras y resaltó que, a su juicio, el nuevo reglamento aún deja "cuestiones esenciales" sin abordar. Entre estas, mencionó la necesidad de informes de especialistas y procedimientos de inspección, denunciando que una reforma no debería simplemente sustituir unos problemas por otros.
