El Partido Popular (PP), Vox y Junts han criticado con dureza el decreto ley que el Gobierno ha sancionado con 309 millones de euros en medidas urgentes para apoyar a Ceuta tras la reciente entrada masiva de inmigrantes. La norma, que incluye 36,6 millones de euros en ayudas directas a autónomos y empresas afectadas, fue debatida en el Pleno del miércoles para decidir si debe derogarse o convalidarse.
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido la necesidad del decreto, apelando a su aprobación para evitar que la ya existente incertidumbre económica se agrave en Ceuta a raíz de la crisis. No obstante, pese a la gestión del gobierno, formaciones como Podemos, EH Bildu y PNV han expresado su apoyo al decreto. En contraste, el PP, Vox y Junts no han adelantado su postura, aunque sí manifestaron un fuerte desacuerdo.
El decreto ha sido presentado como una respuesta ejemplar, pero para muchos no es más que una reparación de emergencia tras un fracaso político
El portavoz del PP, José Vicente Marí Bosó, ha acusado al Gobierno de usar el decreto como herramienta propagandística más que como una verdadera ayuda. "No pueden tapar su incompetencia con dinero", ha declarado. Destacó que a los ceutíes les preocupa más volver a la normalidad y evitar futuros episodios similares, criticando además los precedentes de gestión ineficaz como las ayudas a La Palma o en Valencia.
Por su parte, José María Figaredo de Vox ha rechazado el decreto, calificando la situación como una invasión y las ayudas de limosna. Según sus cálculos, cada empresa y autónomo recibiría una media de 2.000 euros, lo cual considera insuficiente.
Desde Junts, Josep Maria Cruset ha cuestionado severamente la respuesta del Gobierno, interpretando estas ayudas como el coste de un fracaso político. Cruset ha subrayado que gobernar no significa simplemente ofrecer soluciones monetarias post-crisis, sino también evitar que estas situaciones ocurran.
