La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha decidido llamar a declarar como testigos dentro de la investigación de la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos a finales de julio al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y a Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno. Según el auto emitido esta semana, Vivas deberá comparecer el 30 de septiembre, mientras que Sanz y el jefe de la Policía Local de Ceuta lo harán el 1 de octubre.
La renuncia de Sanz se produjo tras revelarse que había mantenido conversaciones con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) mediante WhatsApp y una llamada telefónica de once minutos un día antes de los hechos. En este contexto, la jueza ha solicitado a distintas entidades policiales y militares que proporcionen informes sobre las alertas y análisis de riesgos emitidos en relación con el evento, especificando destinatarios, medio de comunicación y horarios.
Tardón ha solicitado una extensa serie de diligencias a raíz de "la gravedad de los hechos investigados" y "la magnitud de la movilización producida"
Entre las diligencias solicitadas por Tardón figuran un análisis biométrico y reconocimiento facial por parte de la Policía Judicial para identificar a las personas que aparecen en las imágenes recopiladas por el CENIF —Centro Nacional de Inmigración y Fronteras— en labores de coordinación y dirección operativa en la zona afectada. Además, ha requerido informes a la Comisaría General de Policía Científica y al CNI.
También ha instado a las direcciones de Policía y Guardia Civil a que creen un informe identificando a los efectivos uniformados que aparecen en las grabaciones anexas al caso, para reconstruir la estructura de mando en la zona de Fnideq-Castillejos durante los días 29, 30 y 31 de julio.
Para investigar la posible financiación de la movilización, se ha pedido a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que elaboren un informe sobre movimientos económicos significativos en la región. Aún más, Tardón ha solicitado a varias organizaciones, incluido el CNI, que recaben información para determinar qué personas o grupos podrían haber tenido la capacidad para coordinar la movilización de tal magnitud.
Además, se ha acordado abrir una investigación tecnológica confidencial para indagar sobre el origen de la convocatoria y el proceso de difusión. Para este fin, se solicita colaboración judicial de empresas como Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, entre otras, para analizar los datos relacionados con números telefónicos y contenido difundido entre el 1 de julio y el 15 de agosto de 2026.
La jueza ha instruido que todo el material audiovisual capturado durante los días 20 de julio y 7 de agosto de 2026 sea integrado en un informe pericial único, con el propósito de reconstruir los eventos cronológicamente, identificar a los implicados y trazar los movimientos realizados durante la implementación de los hechos.
Tardón ha enfatizado que las pruebas periciales se centran en la actividad en redes sociales, la identificación de aquellos que dinamizaron y organizaron los hechos, la posible existencia de estructuras criminales y los responsables de la planificación y dirección estratégica de los sucesos. Asimismo, se investigarán las muertes que tuvieron lugar y las acciones desarrolladas antes, durante y después de la afluencia masiva.
