El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha remitido este jueves una carta a los ayuntamientos catalanes en la que anuncia que va a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), apoyado en solitario por los socialistas, que autoriza al Gobierno a usar los remanentes municipales.
El acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la FEMP se aprobó esta semana en la organización municipal con un empate técnico que sólo se salvó con el voto de calidad del presidente de la federación, el socialista Abel Caballero. Torra entiende que se trata de una “decisión unilateral” que perjudica a los ayuntamientos.
Según el acuerdo aprobado, los ayuntamientos que así lo decidan podrán poner sus remanentes a disposición del Gobierno, que usará 5.000 millones a fondo perdido e irá devolviendo el resto con intereses en un plazo de 10 años.
El presidente de la Generalitat dice en su carta a los municipios catalanes que con este pacto “el Estado se apropia de la buena gestión de muchos ayuntamientos y se lleva para un uso que desconocemos miles de millones de euros de Catalunya que servirían para invertir en vuestros pueblos, villas y ciudades".
La Generalitat entiende que se trata de un acuerdo “gravísimo” que perjudica a la ciudadanía y anima a los ayuntamientos catalanes a ejercer "todas las acciones para impedir y evitar que el Estado pueda utilizar, de forma injusta, insolidaria y unilateral, los recursos". "Los ayuntamientos, dentro de las singularidades de cada uno, debéis poder decidir de manera plena el destino de los remanentes municipales", concluye Torra.
En este asunto, Torra coincide con el PP, que también recurrirá al Constitucional por invasión de la autonomía local el acuerdo entre el Gobierno y la FEMP. Así lo anunció el martes pasado en una reunión con alcaldes en Murcia el vicesecretario nacional de Política Territorial de ese partido, Antonio González Terol.
El PP esgrime argumentos similares a los de Torra para oponerse y califica de "apropiación, confiscación o robo" el plan aprobado. Además, los populares presentarán mociones en contra de esa medida en todos los ayuntamientos y diputaciones en los que tiene representación.
(SERVIMEDIA)
