"El sistema es deficitario en 200 millones de euros en 2023 y acumula pérdidas conjuntas de 470 millones en los tres últimos años”
La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) ha sido durante décadas un pilar fundamental en la prestación de asistencia sanitaria y social al colectivo de funcionarios adscritos. Sin embargo, en los últimos años, Muface ha afrontado desafíos financieros y propuestas de reforma que ponen en riesgo la existencia de este modelo de colaboración público-privada tal y como lo conocemos. Ante este panorama, es crucial que reflexionemos sobre el papel vital que desempeña y las implicaciones de su posible desaparición.
Muface, junto con entidades similares como Mugeju e Isfas, ha sido responsable de proporcionar atención médica y social a 1,8 millones de funcionarios y sus familias. Esta labor ha sido posible gracias a un concierto renovado periódicamente con aseguradoras privadas, que prestan el servicio.
Muface ha sido durante décadas un gran socio para nosotros, permitiéndonos brindar atención médica y social a los funcionarios públicos y sus familias. Sin embargo, afrontamos desafíos significativos debido a la clara infrafinanciación del concierto y las propuestas de reforma que podrían poner en peligro este modelo colaborativo.
La renovación del convenio de Muface para los años 2022-2024 estuvo marcada por la polémica y las preocupaciones sobre su viabilidad financiera a largo plazo. El incremento progresivo de las primas, hasta un total del 10% acumulado en los 3 años, ha resultado muy insuficiente para cubrir los costes crecientes de la atención médica, generando tensiones y pérdidas adicionales para las aseguradoras que están dentro del concierto. Actualmente, la situación es insostenible, pues, a la histórica infrafinanciación del modelo, se han unido el efecto de la alta inflación y la recuperación de la actividad tras la pandemia.
“La desaparición de Muface tendría impacto en la oferta privada de servicios hospitalarios, 19 provincias tendrían riesgo de cierre de hospitales privados”
Mientras los gastos sanitarios en las CCAA han subido en conjunto un 60% en los últimos diez años, la subida de la prima que Muface paga a las aseguradoras ha aumentado solo un 30%. Este desfase es todavía mayor si se evalúa un periodo de tiempo más prolongado. El sistema es deficitario en 200 millones de euros en 2023, llegando a pérdidas conjuntas de 470 millones en los tres últimos años. Como aseguradora, no podemos seguir cubriendo esta infrafinanciación a costa de pagar menos a los médicos o subir las primas.
Un aspecto muy relevante es el impacto que tendría integrar a los mutualistas en el régimen general de la Seguridad Social, lo que plantea serias preocupaciones. Reconocemos la importancia de garantizar una atención médica accesible y de calidad para todos, y creemos que la desaparición de Muface provocaría el colapso del ya tensionado Sistema de Salud Público y tendría repercusiones negativas en la diversidad de opciones y la calidad de la atención médica para sus usuarios.
Por ejemplo, la transición de los 1,8 millones de usuarios de entidades privadas a la sanidad pública tendría implicaciones significativas en términos de incremento de costes y listas de espera, así como un deterioro de la calidad de la atención médica. Según el informe ‘El mutualismo administrativo: modelo predictivo sobre la elección de los mutualistas y escenarios futuros’, realizado por la Cátedra de Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense, la desaparición de Muface dispararía en la sanidad pública las listas de espera de consultas externas (un 266%) y quirúrgicas (un 115%).
“Sería oportuno preguntar si la Sanidad pública, gestionada por las comunidades, estaría preparada para asumir la atención y el alto coste de los 1,8 millones de funcionarios”
La desaparición de Muface también tendría un impacto negativo en la oferta de servicios hospitalarios privados, lo que contribuye a la accesibilidad y a la diversidad de opciones para los usuarios. Según el informe citado, 19 provincias tendrían riesgo de cierre de hospitales privados.
En 2021, un informe de la Fundación IDIS ya ponía de manifiesto que el sistema sanitario ahorraba unos 600 euros per cápita con el modelo de concierto para funcionarios. Además, el informe destacaba, en caso de la desaparición del modelo, el sobrecoste que supondría para las arcas de la Administración, pero también el colapso de la Sanidad Pública que generaría el tener que absorber de golpe la atención a los mutualistas. El IDIS también estimaba que el gasto sanitario de los hasta ahora mutualistas pasaría de suponer 2.230 millones para las arcas públicas a ser de entre 2.959 y 3.030 millones.
Así, si desapareciera Muface, sería oportuno preguntar si la asistencia sanitaria pública, gestionada por las comunidades autónomas, estaría preparada para asumir la atención y los elevados costes de los 1,8 millones de funcionarios.
Es evidente que el modelo actual de Muface se enfrenta a desafíos significativos que requieren atención urgente. Por nuestra parte, estamos dispuestos a colaborar en la búsqueda de soluciones equitativas y sostenibles que aborden las deficiencias financieras y garanticen una atención médica de calidad para todos los beneficiarios.
En lugar de desmantelar este modelo exitoso de colaboración público-privada, creemos que es fundamental trabajar juntos para fortalecerlo y garantizar que siga cumpliendo su importante función en la prestación de asistencia sanitaria y social.
