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Economía

El nuevo Ministerio de Sanidad podría dejar sin mutua a casi 2 millones de funcionarios

Por María Nogales

Mónica García aboga por integrar en el SNS a las personas que reciben actualmente prestación sanitaria bajo mutuas de prestación sanitaria privada

Ahora que finalmente el panorama político se asienta, ha echado a andar la legislatura y una vez que los ministros ya han tomado posesión de sus carteras, cabe preguntarse qué nuevas medidas pueden estar por llegar tras la reciente investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Uno de los ministerios que más cambios puede traer consigo es el de Sanidad, que ha pasado de José Miñones a Mónica García. La nueva ministra de Sanidad y, hasta ahora líder de Más Madrid en la Comunidad de Madrid, ha tomado posesión de una de las cinco carteras correspondientes a Sumar.

Pero, ¿quién es Mónica García? Además de iniciar su carrera política en 2015 y haberse presentado con anterioridad a las elecciones de la Comunidad de Madrid, la madrileña es licenciada en Medicina y Cirugía, especializada en anestesiología, cuyo desempeño ha llevado a cabo en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. 

Si algo ha definido a la nueva ministra durante su carrera política ha sido la defensa a ultranza de la sanidad pública. De hecho, en la reciente toma de posesión, afirmó lo siguiente: “La misión será poner nuestro Sistema Nacional de Salud en el centro”. A esto, añadió que era un orgullo para ella decir por primera vez como ministra las palabras que tantas veces ha repetido: «Viva la sanidad pública».

Asimismo, expresó que era el momento de “blindar la universalidad, porque no hay nada más justo y eficiente que tener una sanidad que atiende a todas las personas que viven en nuestro país”, recordando que en 2012 la sanidad universal española “se vio dañada” y que aún no se ha logrado “revertir” ese daño. 

«Hace 10 años intentaron secar las raíces de uno de los troncos más robustos de nuestro estado del bienestar. Nos decían que no era sostenible, como si sostener la vida no fuera la tarea más importante. Nos decían que no era rentable, como si los latidos cardiacos o la sinapsis neuronal tuvieran algo que ver con la rentabilidad. Nos dijeron que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades, como si la ciencia y la medicina no hicieran justo eso, retar constantemente las posibilidades de supervivencia y calidad de vida», recordó.

¿El fin de las mutuas?

Al haber ocupado el cargo de Sanidad, una de las carteras correspondientes a Sumar (al igual que Trabajo, Cultura, Derechos Sociales e Infancia y Juventud), hay que atender con detenimiento a lo que esta formación propuso en las elecciones del 23 de julio de 2023, hace justo cuatro meses, para entender lo que podría estar por venir.

La medida que, a priori, más ha llamado la atención y que podría tratar de poner en marcha Mónica García es la de “integrar” a los funcionarios en la sanidad pública. Tal y como proponía Podemos en sus anteriores programas electorales, la nueva formación que ocupa este espectro de la izquierda también aboga por integrar a las personas que reciben atención sanitaria de mutuas de carácter privado (Mufade-Mugeju-Isfas) “de forma paulatina, escalonada y programada” bajo el amparo del sistema público de salud. 

Incluso la formación morada llegó a registrar la Proposición No de ley, en septiembre de 2021, en el Congreso de los Diputados, con el objetivo de integrar a los nuevos mutualistas en la sanidad pública. De hecho, fue la propia Mónica García la que afirmó esto en una entrevista con Redacción Médica: “Hay que ir transitando hacia un modelo que sea 100% público. Esta dualidad no beneficia a ninguna de las partes”, dijo la actual ministra de Sanidad. 

Asimismo, Sumar también pretende que se elimine la posibilidad de que las entidades locales “realicen aseguramientos privados colectivos para sus empleados públicos”. Junto a esto, la formación quiere una ley de espera que “establezca tiempos máximos de espera y garantice un registro homogéneo, transparente y fiable de las listas de espera en toda España”. 

Pero, en caso de que finalmente se llevara a cabo la idea de integrar a los funcionarios en la sanidad pública, ¿a cuántas personas afectaría?

Únicamente teniendo en cuenta al colectivo que conforma Muface, el organismo público encargado de cubrir la asistencia sanitaria y farmacéutica, así como otras contingencias sociales a los funcionarios adscritos, hablamos de 1.499.451 personas en España a 31 de diciembre de 2021, según la última memoria del organismo. Si se tiene en cuenta al resto de mutualistas, es decir, al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas) y a la Mutualidad General Judicial (MUGEJU), el colectivo alcanza los casi dos millones de personas.

Además, desde la Fundación IDIS apuntaron en uno de sus informes a las posibles consecuencias que podría tener en España acabar con el modelo de las mutualidades. Una de las principales conclusiones que se observan es que, en caso de que los funcionarios no tuvieran que elegir entre la sanidad pública o privada, pasarían directamente a tener un aseguramiento público, lo que podría conllevar a la “pérdida masiva en el número de asegurados, que podría provocar el cierre de clínicas y hospitales privados en las comunidades autónomas en las que exista un elevado grado de dependencia de pólizas de mutualistas”. De igual forma, también señalaban un posible “efeto en cadena”.

Cabe destacar, también, que el informe de la Fundación IDIS recoge las cifras del gasto sanitario de uno y otro modelo: el gasto sanitario per cápita de un mutualista (947 euros) es inferior al de un usuario del Sistema Nacional de Salud (1.291 euros), lo que supone que cada mutualista genera un ahorro de 344 euros, que, en caso de que se llevara a cabo esta medida, pasaría al SNS.

El resto de las medidas que puede traer consigo Mónica García a cargo del ministerio de Sanidad

Otro de los principales objetivos del programa de Sumar hacía referencia a un “gran pacto por la salud, la sanidad y el bienestar en España que prohíba las formas de gestión privadas”.

Así promovían un “plan de desprivatización, que incluirá los servicios de limpieza, hostelería o lavandería, a fin de garantizar una atención de calidad a los pacientes. También desarrollaremos una Ley General de Salud y Bienestar que asegurará una atención sanitaria integrada en los territorios y vertebrada desde la Atención Primaria y comunitaria”. Igualmente, otro de sus compromisos era el de aumentar el gasto sanitario público medio punto del PIB todos los años hasta igualar el porcentaje promedio de los diez países europeos con mayor participación de gasto sanitario público sobre el PIB.

Por otro lado, una de las medidas estrella de Sumar es crear una empresa farmacéutica pública que “investigue, fabrique y comercialice medicamentos, terapias esenciales y vacunas, guiándose por principios de interés público”. 

Así como avanzar en la eliminación progresiva del copago farmacéutico, priorizando a aquellas personas de rentas bajas y elaborando un catálogo de medicamentos de alto valor terapéutico exentos de copago. Por último, cabe destacar la incorporación en los servicios sanitarios públicos de prestaciones como la salud bucodental, la nutrición, la salud óptica, la audioprótesis, la psicoterapia, la terapia ocupacional y la fisioterapia.

Por ahora y, con el nuevo curso político recién iniciado, habrá que esperar para saber cuánto y hasta dónde puede cambiar el Sistema Nacional de Ssalud (SNS) y el rumbo que podrá tomar la sanidad privada en nuestro país bajo el mandato de Mónica García como ministra de Sanidad. 

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