La mayoría de las grandes plataformas digitales que operan en España no han podido demostrar que garantizan una retribución equivalente al salario mínimo del país, salvo Just Eat, que ha demostrado ofrecer una retribución similar al salario mínimo legal en España, aunque no alcanza un "salario vital decente", es decir, superior al SMI.
Esta conclusión se desprende del informe 'Fairwork España 2024', elaborado, entre otros, por CCOO, donde se analizan siete de las principales plataformas digitales en España. El informe señala que estas plataformas aún están lejos de garantizar condiciones de trabajo y empleo justas. Además, seis de ellas - Glovo, Cabify, Uber, TaskRabbit, MyPoppins y la cooperativa La Pájara - no han podido demostrar que garantizan, al menos, una retribución equivalente al salario mínimo.
El informe 'Fairwork España 2024', presentado este jueves en Madrid, tiene como objetivo evaluar si las siete plataformas digitales analizadas promueven estándares mínimos para un trabajo justo y decente, así como medir la distancia de cada una respecto a condiciones que favorezcan un trabajo justo. También ofrece recomendaciones sobre cómo avanzar hacia este objetivo.
Del estudio también se extrae que Just Eat, al igual que la cooperativa de reparto La Pájara, han demostrado también disponer de una protección adecuada frente a riesgos laborales y sus efectos, tales como accidentes o bajas médicas, mientras que Cabify y Uber podrían mejorar ampliamente y ser más eficientes a la hora de evitar el deterioro de la salud laboral de quienes trabajan para ellas.
Las otras tres plataformas, que operan únicamente con trabajo autónomo -- Glovo y TaskRabbit-- o delegan en el cliente la responsabilidad de formalizar la relación laboral -- MyPoppins--, no pudieron demostrar la movilización de recursos suficientes para la eliminación o control de los riesgos laborales y sus posibles efectos negativos en quienes trabajan para ellas.
Algo similar ocurre respecto a la claridad y transparencia de los contratos de trabajo o de los "términos y condiciones" para la prestación de servicios de quienes trabajan para las plataformas. A excepción, nuevamente, de Just Eat y la cooperativa La Pájara, con unos contratos justos, las restantes cinco plataformas incorporan cláusulas que les permiten modificar, unilateralmente y sin previo aviso, las condiciones y organización del trabajo, transfiriendo a quienes trabajan para ellas responsabilidades legales y económicas que deberían asumir las propias plataformas.
Por el contrario, en general se puede afirmar que las siete plataformas han demostrado estar comprometidas, aunque con un muy amplio espacio de mejora, con prácticas que evitan la discriminación (por razones de género, nacionalidad, orientación…), respetando la diversidad.
En relación a los derechos de sindicación y de representación colectivas de sus trabajadores, las cuatro plataformas Just Eat, La Pájara, Uber y Cabify están garantizando dichos derechos y no dificultan la actividad sindical legalmente reconocida en España, tal y como se desprende del informe.
Destaca el caso de la plataforma de reparto Just Eat, que innovadoramente ha firmado un primer acuerdo de empresa con los sindicatos españoles más importantes, Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, para regular negociadamente sus condiciones de trabajo.
Sintéticamente, la cooperativa La Pájara ha obtenido 8 puntos de los 10 posibles puntos que proporcionan los investigadores en el informe. La plataforma Just Eat ha obtenido 7 puntos, mientras que Cabify y Uber han obtenido 2 puntos.
Las tres restantes plataformas, Glovo, MyPoppins y TaskRabbit, al no haber proporcionado evidencias suficientes, no han podido recibir ninguno de los 10 puntos posibles.
Durante la presentación del estudio, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha trasladado la necesidad de una regulación para controlar los algoritmos que estas plataformas digitales aplican al mercado de trabajo y de agencias públicas para cotejar los algoritmos, con el objetivo de que no se generen sesgos discriminatorios.
"No vale con que los RLTs (representantes legales de los trabajadores) puedan tener acceso a los algoritmo. Vamos a necesitar agencias públicas que cotejen", ha aseverado el líder sindical.
El sindicalista ha matizado que ya existe una agencia pública para intervenir los sesgos algoritmos, pero que no tiene como objetivo prioritario la intervención en el marco laboral, por lo que ha insistido en la necesidad de permitir que el Ministerio de Trabajo y que los agentes sociales puedan intervenir en la misma, así como de dotarla de recursos.
Así, Sordo ha subrayado la necesidad de reforzar la vigilancia de las plataformas digitales y los algoritmo que usa porque no tratan "cuestiones neutras", ya que el objetivo de los mismos es maximizar los recursos de las empresas, y ha avisado de que los algoritmos contribuirán a generar sesgos de géneros y "muchos más".
"Es que en la acumulación de datos, en función de dónde viva una persona, en función de los niveles de cómo sea el barrio en el que vive esa persona, en cómo esté comunicado con el centro de trabajo al que tiene que ir y, por ejemplo, la tendencia que tiene a llegar tarde cuando llueve, porque resulta que se atasca la carretera, (...) puede tener un sesgo discriminatorio a la hora de ser contratado en una empresa y que no se entera nadie", ha advertido.
Por su parte, el profesor de Filosofía del Derecho en Icade, consultor y ex secretario de Estado de Agenda Digital, José María Lassalle, también ha reiterado la necesidad de establecer un marco regulatorio para la Inteligencia Artificial (IA) y ha instado a los partidos políticos a incorporar esta cuestión en la agenda pública e iniciar un proceso de negociación y debate público en relación a la IA y las plataformas digitales.
