El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha citado al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a declarar como investigado el próximo 2 de junio en relación con el denominado 'caso Plus Ultra'. El magistrado considera que Zapatero podría ser el líder de una presunta red jerarquizada de tráfico de influencias, cuyo objetivo sería la obtención de beneficios económicos mediante el acceso a decisiones administrativas favorables.
Según el auto judicial, Calama sostiene que la supuesta trama estaría estructurada y organizada en torno a Zapatero, quien habría utilizado sus contactos y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración para influir en decisiones públicas, especialmente relacionadas con la aerolínea Plus Ultra. Esta compañía fue rescatada por el Gobierno durante la pandemia y, según las investigaciones, habría intentado asegurar una ayuda de 53 millones de euros mediante mecanismos irregulares.
La investigación apunta a la existencia de una estructura organizada que habría utilizado influencias ilícitas para obtener beneficios económicos, valiéndose de sociedades instrumentales y canales financieros opacos.
El juez indica que la influencia ejercida por la red no buscaba obtener un trato genérico, sino una resolución administrativa concreta: la concesión de la ayuda pública a Plus Ultra. Para ello, se habrían articulado dos líneas de influencia diferenciadas, una dirigida por el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y otra por el propio Zapatero, cuya posición habría sido predominante.
El empresario Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero, habría jugado un papel destacado en esta estructura, actuando como interlocutor y ejecutor de instrucciones dentro de un entramado destinado a canalizar los fondos recibidos. Integrado en esta supuesta red, habrían participado en la creación de empresas off-shore y en la firma de contratos con Plus Ultra, uno de los cuales contemplaba el pago del 1% del rescate recibido por la aerolínea, equivalente a 530.000 euros.
Asimismo, el juez destaca que la transferencia de fondos al entorno societario vinculado a Zapatero se habría efectuado mediante contratos de asesoría o consultoría para justificar documentalmente los movimientos financieros.
Calama concluye que, además de tráfico de influencias, los hechos podrían constituir un delito de blanqueo de capitales. La red, supuestamente diseñada para canalizar fondos ilícitos, incluiría la creación de estructuras financieras internacionales destinadas a ocultar el origen y la titularidad real de los activos. Estas actividades habrían permitido desplazar capitales fuera del territorio nacional, alimentando una desconexión intencionada entre el origen y el destino final de los fondos.
