El Gobierno de Andorra ha puesto en marcha un estudio para determinar si plataformas de contenido para adultos como OnlyFans pueden ser equiparadas a la prostitución, lo que podría tener importantes implicaciones económicas y regulatorias para los creadores de contenido y el atractivo del Principado como destino fiscal.
Tal y como cuentan los medios del Principado, la ministra de Justicia e Interior, Ester Molné, ha explicado que la actual Ley de Seguridad Pública prohíbe la prostitución en su forma tradicional, es decir, el intercambio físico de servicios sexuales por dinero. Sin embargo, la normativa no contempla expresamente la actividad en plataformas digitales. Por este motivo, el Ejecutivo ha decidido analizar si los servicios ofrecidos a través de OnlyFans pueden derivar en situaciones de abuso o explotación similares a la prostitución física, lo que podría derivar en una reforma legal.
Posibles efectos en la economía digital y la fiscalidad
Andorra se ha convertido en los últimos años en un destino atractivo para creadores de contenido digital debido a su favorable marco fiscal. Influencers, streamers y creadores de OnlyFans han establecido su residencia en el Principado aprovechando sus ventajas impositivas. Una posible regulación que equiparase OnlyFans con la prostitución podría afectar a la operativa de estos creadores y desincentivar su permanencia en el país.
Desde el punto de vista fiscal, si Andorra opta por una regulación más estricta sobre este tipo de actividades digitales, podría generar incertidumbre en el sector y modificar la estructura impositiva aplicada a estos profesionales. Empresas tecnológicas y plataformas digitales podrían replantearse su relación con Andorra en caso de que las restricciones aumenten.
Un precedente legal para Europa
El estudio encargado por el Gobierno de Andorra podría sentar un precedente para otros países europeos que aún no han regulado explícitamente la actividad en plataformas de contenido para adultos. En un contexto donde la regulación de la economía digital es cada vez más estricta, cualquier decisión tomada por el Principado podría influir en futuros marcos normativos en la región.
Por ahora, el Gobierno andorrano mantiene el estudio en curso y no ha adelantado posibles cambios legislativos. Sin embargo, cualquier decisión podría afectar no solo a los creadores de contenido en el país, sino también a la posición de Andorra como destino para la economía digital.
