A partir de mañana, bares y restaurantes ofrecerán envases para las sobras de comida y los supermercados comenzarán a vender productos considerados «feos», según ha confirmado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Esta iniciativa es el resultado de la publicación de la Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario, formalizada el pasado 2 de abril en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
A pesar de que se había establecido que la norma entraría en vigor el 2 de enero de 2025, fuentes ministeriales han asegurado que se trata de un error administrativo que se ha arrastrado durante el proceso de tramitación de la Ley. Desde su inicio en 2021, la ley ha pasado por diversas modificaciones y debates, siendo finalmente aprobada en el Senado con una enmienda que anticipaba su entrada en vigor al día siguiente de su publicación. Sin embargo, esta enmienda fue desestimada en el Congreso, lo que ha generado confusión sobre su aplicación.
La Ley entrará en vigor este jueves, salvo por el artículo 6 que establece las principales obligaciones
Esta legislación tiene como objetivo principal reducir el desperdicio alimentario promoviendo la donación de alimentos sobrantes y exigiendo a los establecimientos de más de 1.300 metros cuadrados que adopten medidas para prevenir y gestionar este problema. En total, la norma incluye 23 artículos que abordan desde la promoción de acuerdos para la donación de excedentes hasta la imposición de sanciones por incumplimiento.
Las necesidades de los bares y restaurantes se concretan en la obligación de facilitar a los consumidores la posibilidad de llevarse los alimentos no consumidos, sin costo adicional, siempre que se cumplan ciertas condiciones de servicio. Para ello, deberán utilizar envases que sean reutilizables o fácilmente reciclables.
Además, la ley aborda la necesidad de comercializar productos considerados «feos» o menos atractivos, con el fin de reducir el desperdicio en su origen. Se espera que esta iniciativa contribuya a una mejor gestión de los recursos alimentarios, estableciendo prioridades que van desde la prevención del desperdicio hasta la transformación de alimentos no vendidos en productos alternativos.
El Gobierno también tendrá la responsabilidad de elaborar un Plan Estratégico para la prevención y reducción de pérdidas alimentarias, que será revisado cada cuatro años. Las infracciones a esta normativa serán sancionadas con multas que variarán según la gravedad de la infracción, con un periodo de prescripción establecido para cada tipo de falta.
