El Gobierno español ha iniciado un proceso de información pública sobre un real decreto propuesto por los ministerios de Industria y Turismo y de Transición Ecológica y Reto Democrático. Este decreto tiene como objetivo adaptar la legislación nacional a los reglamentos europeos sobre Materias Primas Fundamentales (CRMA) y la Industria de Cero Emisiones Netas (NZIA). El plazo para la presentación de alegaciones se extenderá hasta el 22 de abril.
Según indicó el Ministerio de Industria y Turismo, la normativa es crucial para la implementación efectiva en España de estos reglamentos de gran relevancia para la industria y la autonomía estratégica. En concreto, el reglamento NZIA establece un marco que garantizará el acceso a un suministro seguro y sostenible de tecnologías de cero emisiones, incluyendo paneles solares, baterías, turbinas eólicas y sistemas de captura y almacenamiento de carbono.
Estos ecosistemas industriales se proyectan para experimentar un crecimiento significativo en los próximos años y se consideran fundamentales para el liderazgo en la mitigación del cambio climático y la reducción de la dependencia energética del país, además de ser impulsores de innovación y generadores de empleo de calidad.
Por otro lado, el CRMA persigue el establecimiento de un marco que asegure el acceso de la Unión Europea a un suministro seguro, resiliente y sostenible de materias primas esenciales.
Necesaria la aprobación de disposiciones
A pesar de que los reglamentos comunitarios son directamente aplicables en España, su implementación efectiva requiere la aprobación de disposiciones que clarifiquen el reparto de competencias y los procedimientos administrativos necesarios. El proyecto de real decreto especifica los efectos de los proyectos estratégicos de materias primas fundamentales y de cero emisiones netas, regulando además los procedimientos para declarar proyectos estratégicos en esta última categoría.
El decreto también contempla la creación de puntos de contacto únicos en todas las comunidades autónomas, quienes se encargarán de centralizar la tramitación de proyectos. Asimismo, se establecerán comisiones de coordinación para supervisar la implementación de estos reglamentos, unificar criterios y analizar el impulso de los mismos en España.
Dada la trascendencia de estas normativas para la autonomía estratégica de España y para el desarrollo de ecosistemas industriales que fomenten tecnologías de cero emisiones netas, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 18 de febrero la tramitación administrativa urgente de esta normativa.
