La Audiencia Nacional ha concedido al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acceso al edificio por la puerta principal, habitualmente reservada para jueces, en lugar de la entrada común para visitantes. Esta autorización responde a una solicitud de Presidencia del Gobierno con el fin de garantizar la seguridad de Zapatero, quien se presentará este miércoles como investigado en el 'caso Plus Ultra'. La decisión, tomada por el presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, se debe a la gran expectación mediática que se espera en la sede del tribunal.
El juez José Luis Calama, que instruye el caso, ha citado a Zapatero para ser interrogado sobre su presunta influencia en la concesión de una ayuda de 53 millones de euros a la aerolínea durante la pandemia. Asimismo, deberá responder por las joyas encontradas en una caja fuerte de su despacho, cuyo valor preliminar asciende a 1,3 millones de euros según su tasación. La procedencia de estas joyas no ha sido acreditada, lo que ha llevado al magistrado Calama a abrir una pieza separada por delitos fiscales y de contrabando.
Zapatero deberá declarar sobre su presunta influencia en la ayuda a Plus Ultra y por las operaciones sospechosas con joyas de elevada tasación
Por otro lado, Calama ha denegado la petición de Zapatero de aplazar su declaración sobre las joyas, dado que el expresidente alegó necesitar más tiempo para preparar su defensa. El juez considera que no hay "indefensión", ya que los hechos son conocidos por la defensa de Zapatero y están integrados en la causa principal.
Además, el magistrado ha rechazado que todas las acusaciones populares puedan asistir a la declaración de Zapatero. Según un auto emitido por Calama, las diligencias instructoras "no son actos públicos" y el acceso debe realizarse a través del único procurador y letrado que representa a todas las acusaciones populares. Así, se mantiene el derecho a conocer el contenido de las diligencias mediante acceso a la nube del juzgado y a través de la información del letrado del PP. La decisión también desestima los recursos de varias entidades contra la unificación de las acusaciones populares.
