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El Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET) ha contabilizado 190 incidentes de extrema derecha en 15 países a lo largo de 2025, siendo Estados Unidos el epicentro de esta actividad con 99 incidentes, lo que representa el 52,1% del total. Según el informe del OIET, al que ha tenido acceso Europa Press, este país no solo concentra la mayor cantidad de episodios extremistas, sino que también exporta modelos organizativos, tácticas e ideologías. En España, el informe recuerda la operación policial llevada a cabo en noviembre de 2025 en Castellón, que resultó en el desmantelamiento de una célula del grupo extremista The Base. Durante la operación, la Policía requisó manuales tácticos, planes de sabotaje e infraestructuras de comunicaciones cifradas. Según el OIET, "España ha dejado de ser un mero espacio de tránsito ideológico para convertirse en un territorio donde el extremismo de derecha puede estructurarse con fines terroristas". Estados Unidos ejerce un papel esencial no solo como foco de actividades extremistas, sino también como fuente de inspiración para grupos en Europa y Oceanía. El análisis del OIET destaca a grupos estadounidenses como Patriot Front y Blood Tribe, quienes actúan como modelos a seguir para células en otros continentes. Además, muchos ideólogos de Estados Unidos logran radicalizar audiencias internacionales mediante plataformas digitales. Reino Unido es el segundo país más afectado, con 24 incidentes en 2025 comparados con los nueve de 2024. Este incremento se da en un contexto caracterizado por las secuelas del Brexit, tensiones raciales y la actividad de grupos neonazis como Patriotic Alternative. Dos ideologías dominan el panorama extremista de 2025: el neonazismo, responsable del 29,5% de los incidentes, y la supremacía blanca, asociada al 22,5%. El OIET advierte que estas ideologías han mostrado una notable capacidad de adaptación en los entornos digitales y en la captación de nuevas…
El Tribunal Supremo celebrará este viernes una vista para evaluar varias peticiones que buscan suspender temporalmente el real decreto del Gobierno sobre la regularización extraordinaria de migrantes. Este proceso se realiza mientras se determina el fondo del asunto. Originalmente programada para el 13 de mayo, la audiencia fue pospuesta por razones de servicio, según informó una providencia recogida por Europa Press. Las organizaciones y entidades que han solicitado la suspensión cautelar del decreto incluyen a Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Libertad y Justicia, Vox y la Comunidad de Madrid. Por su parte, la Abogacía del Estado acudirá en defensa del decreto, argumentando que su paralización afectaría directamente los derechos de las personas extranjeras involucradas y el interés general, según un informe al que ha tenido acceso dicha agencia de noticias. El Ejecutivo defiende que detener el decreto afectaría los derechos de los migrantes y el interés general. Hazte Oír sostiene que el decreto excede los límites legales y modifica estructuralmente la política migratoria del Estado, produciendo efectos directos y duraderos. La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica advierte del riesgo cierto de perjuicio irreparable, debido al volumen extraordinario de solicitudes, la creación de situaciones jurídicas individualizadas y la emisión de autorizaciones de residencia y trabajo. Vox, a través de Ignacio Garriga, critica que se legaliza lo que consideran una invasión migratoria y envía un mensaje inoportuno a nivel internacional. La Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, argumenta que la medida impacta gravemente la prestación de servicios públicos en la región sin ofrecer mecanismos de financiación o provisión de recursos, además de contravenir la normativa europea y afectar la seguridad. En abril, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó esta regulación, cuyo objetivo es beneficiar a 250.000 solicitantes de asilo y a…
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha presentado una proposición no de ley ante el Congreso de los Diputados instando a condenar los recientes ataques ejecutados por Estados Unidos e Israel contra instituciones académicas en Irán y Líbano, respectivamente. La iniciativa, a la que ha accedido Europa Press, busca debatirse en el Pleno de la Cámara Baja y, de ser aprobada, supondría la condena de "los ataques contra la Facultad de Ciencias de la Universidad Libanesa en Hadath y contra la escuela de primaria femenina de Minab (Irán), además de cualquier agresión a instituciones educativas en contextos de conflictos armados". La exposición de motivos del PSOE destaca la muerte del decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Libanesa, junto a otro profesor, a causa del impacto de un dron israelí el 12 de marzo en las inmediaciones de Beirut. Además, se menciona el fallecimiento de al menos 175 personas, en su mayoría niñas, tras un bombardeo en la escuela de primaria femenina en Minab (Irán) el 28 de febrero, en un ataque estadounidense que alegadamente fue un error. España, como firmante de los Convenios de Ginebra y miembro comprometido con la agenda de la ONU para la protección de la infancia y la educación en conflictos, no puede permanecer impasible ante estos hechos. Con esta proposición, los socialistas instan al Gobierno a exigir el respeto al Derecho Internacional, subrayando la necesidad de proteger las instituciones educativas como bienes civiles. También hacen un llamado a promover medidas que aseguren la igualdad de acceso a la educación en situaciones de conflicto, resaltando su importancia para lograr la paz y la seguridad. Finalmente, la iniciativa busca que el Congreso insta al Ejecutivo a fomentar la moderación en el uso de la fuerza y a optar por el diálogo diplomático como única…
El sindicato ESK ha afirmado que la suspensión de la huelga en Tubos Reunidos no supone una rendición ni la aceptación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ni del cierre de la acería. Aseguran que la lucha cambia de fase, pero continúa, subrayando que la empresa no ha ganado nada mientras la plantilla se mantenga organizada y activa en la defensa de sus intereses. En un comunicado, ESK detalló que la decisión de suspender la huelga indefinida, que ha durado 96 días, fue adoptada por mayoría del comité de huelga y se hará efectiva a partir de las 06:00 horas del lunes, momento en el que los trabajadores retomarán su actividad laboral. Según el sindicato, su postura inicial era prolongar la huelga hasta que la empresa retirase el ERE, o al menos, hasta obtener claridad sobre su intención de mantenerlo dentro del concurso y en qué condiciones se podría combatir. El sindicato sostiene que la presión de los trabajadores es una herramienta crucial para forzar la retirada de medidas que consideran perjudiciales para los empleos, la acería, la logística y la viabilidad industrial de Tubos Reunidos. Sin embargo, ESK acepta colectivamente la voluntad de la mayoría y se prepara para esta nueva fase junto a otras secciones sindicales, con el objetivo de oponerse al ERE y proteger el futuro de la fábrica. Suspender la huelga no significa rendirse ni aceptar el ERE o el cierre de la acería, sino ajustarse a una nueva fase de lucha. El sindicato enfatiza que para asegurar el futuro de Tubos Reunidos, la planta debe funcionar como una unidad integral. Destacan que para producir tubos se necesita el acero adecuado, y que la acería, junto con la logística interna, son componentes claves que no pueden externalizarse sin consecuencias negativas para la producción y el…
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha citado a declarar este jueves al empresario Víctor de Aldama como parte de la investigación del conocido 'caso Koldo'. Esta decisión se produce después de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil presentara un informe sobre contratos de material sanitario adjudicados en Baleares, vinculados a una presunta trama de corrupción relacionada con la pandemia. Inicialmente, tanto Aldama como Koldo García, exasesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos, estaban programados para declarar el 14 de mayo. Sin embargo, la declaración de Aldama fue pospuesta a la semana siguiente debido a un ajuste en la agenda de la Audiencia Nacional, según una providencia revisada por Europa Press. Durante su pasada cita, Koldo se acogió a su derecho a no declarar. La defensa de Koldo argumenta que los hechos por los que se le investiga ya han sido juzgados por el Tribunal Supremo, y ha solicitado el archivo de la causa. La abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, insiste en que las acusaciones relacionadas con las mascarillas en Baleares y Canarias ya fueron tratadas en un juicio anterior en el Supremo. Además, indicó que en dicho juicio se presentaron como testigos los expresidentes regionales Francina Armengol y Ángel Víctor Torres, lo que habría agotado las vías investigativas sobre estos asuntos. La Fiscalía Anticorrupción solicitó las declaraciones de Koldo y Aldama para investigar las conexiones entre los miembros de lo que se cree es una organización criminal. El informe de la UCO destacó que Aldama habría pagado a Koldo 10.000 euros mensuales para facilitarle acceso al entorno de Ábalos. Estos pagos habrían continuado incluso después de la salida del ministro y su asesor del cargo en julio de 2021. Más allá de los contratos de material sanitario, el juez Moreno explora…
La comisión del Congreso que investiga la gestión de la inundación provocada por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) de 2024 en Valencia comenzará a escuchar testimonios clave esta semana. Este lunes, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, comparecerá ante la comisión. El martes será el turno de Maribel Vilaplana, la periodista que coincidió en una comida con el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la tragedia. Polo ya ha prestado declaración en el juzgado de Catarroja, que lleva la causa penal por la riada, y también ha comparecido ante el Senado, que mantiene su propia investigación sobre el desastre. En su declaración ante los senadores el pasado mes de febrero, Polo afirmó que no hubo un vacío informativo para el Barranco del Poyo entre las 18:00 y las 18:43 horas del 29 de octubre de 2024. Según explicó, el Sistema Automático de Información Hidrológica (S.A.I.H.) captaba y publicaba datos sobre el barranco, aunque a posteriori se constató que nadie miró esa información. Para Polo, el problema principal fue la falta de planificación en la protección civil. La ausencia de decisiones estratégicas en el Cecopi fue uno de los problemas críticos durante la gestión del desastre. En su comparecencia judicial, Polo detalló que había propuesto al Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) alertar a la población sobre la situación. Mencionó que en esa reunión se generó incertidumbre respecto a la presa de Forata, señalando una posible coronación pero sin concluir que colapsaría. Polo transmitió que en la CHJ había una percepción de inacción por parte del Cecopi, lo que llevó a una reunión tensa y que él mismo comunicó al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Según Polo, el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, reiteró que la ley…
El Ministerio de Sanidad ha anunciado que este lunes se realizará una segunda prueba PCR a los españoles que continúan aislados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Esta decisión sigue el protocolo establecido por la Comisión de Salud Pública al cumplirse una semana desde la primera prueba. Si el resultado de la nueva PCR es negativo, los pacientes que están siendo vigilados podrán abandonar sus habitaciones para acceder a las zonas comunes de su planta. Además, tendrán la posibilidad de recibir visitas de sus familiares, siempre bajo las medidas de protección y prevención dictadas por las autoridades sanitarias. De los 14 españoles que permanecen en el Hospital Gómez Ulla, un paciente de 70 años dio positivo en hantavirus. La ministra de Sanidad, Mónica García, informó el viernes pasado que este paciente presenta una evolución favorable y se encuentra casi asintomático. Los otros 13 ciudadanos en cuarentena también permanecen asintomáticos. La ministra García destacó que la situación es alentadora, ya que el paciente positivo en hantavirus muestra signos casi asintomáticos. En otro caso relacionado, la cuarta prueba PCR realizada a una mujer en seguimiento en Alicante dio negativa, según informó la Generalitat Valenciana. La mujer seguirá ingresada en el hospital alicantino donde podrá recibir visitas, siempre que se cumpla el protocolo del Ministerio de Sanidad y se utilice el equipo de protección personal adecuado.
Las autoridades sanitarias han comunicado que las dos mujeres aisladas en Barcelona y Alicante podrán realizar la cuarentena en casa si una nueva prueba PCR, programada para el 23 de mayo, confirma que no están infectadas con hantavirus. Esta fecha marca 28 días desde su exposición inicial, que ocurrió el 25 de abril. El Ministerio de Sanidad ha señalado que esta semana se definirán las condiciones específicas para llevar a cabo la cuarentena domiciliaria a través de la Ponencia de Alertas. Las dos mujeres ya han obtenido un resultado negativo en la prueba realizada el sábado y, tras una semana de aislamiento hospitalario y sin presentar síntomas, tendrán la posibilidad de recibir visitas de familiares, cumpliendo con las medidas preventivas establecidas por el protocolo conforme a la Comisión de Salud Pública. En paralelo, las personas aisladas en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla también podrían salir de sus habitaciones si una segunda prueba, prevista para este lunes, resulta negativa. Según el Ministerio, estos pacientes podrán desplazarse por las zonas comunes de su planta y recibir visitas familiares, siempre bajo estrictas medidas de protección y prevención. De los 14 españoles que fueron trasladados al Hospital Gómez Ulla, uno, un paciente de 70 años, dio positivo por hantavirus, pero su condición está mejorando y se encuentra casi sin síntomas. Según informó la ministra de Sanidad, Mónica García, este viernes, el resto de los 13 ciudadanos en cuarentena siguen asintomáticos.
En España, los precios de ciertos productos alimenticios han experimentado un notable incremento entre abril de 2025 y abril de 2026, según el Índice de Precios al Consumo (IPC) del Instituto Nacional de Estadística (INE). Las hortalizas cultivadas por su fruto, como los tomates, pepinos y calabacines, registraron una subida del 23%, mientras que las legumbres verdes elevan sus precios un 17,5%. Asimismo, los huevos aumentaron un 14,7%, y el pescado fresco, refrigerado o congelado subió un 8,7%. Otros productos como los despojos comestibles vieron un incremento del 8,6%. Por otro lado, ciertos alimentos han visto una disminución de sus precios. Las frutas tropicales, entre las que se encuentran los aguacates y las piñas, se abarataron un 20,4%. También descendieron los precios de los aceites vegetales en un 5,9% y otras frutas frescas en un 5,4%. En abril, el IPC base 2025 introdujo una nueva clasificación de consumo, ampliando de 12 a 13 los grandes grupos en los que se divide. Estos ajustes incluyen la incorporación de productos en la cesta de la compra del IPC, como los aguacates, mientras que algunos artículos considerados en desuso, como las corbatas, han sido eliminados. Además, se han mejorado los procesos de recogida y grabación de precios. Ahora, las modificaciones se integran en el mismo mes en que ocurren, gracias a la utilización de dispositivos electrónicos. El INE promueve el desarrollo de métodos automatizados de recolección de información, utilizando datos de escáner, la obtención automática de precios de Internet y herramientas informáticas en los establecimientos. Estas innovaciones seguirán implementándose en la nueva base del IPC a lo largo del año.
La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, y la directora de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Rocío Prieto, comparecerán este 18 de mayo ante la comisión de investigación del Congreso que indaga sobre el apagón del 28 de abril de 2025. Esta será la segunda sesión de la comisión, que comenzó hace un mes con la declaración de los consejeros delegados de Endesa, Iberdrola y Naturgy. Estos últimos criticaron la gestión de Red Eléctrica durante el incidente y expresaron sus reservas sobre el informe del panel de expertos europeos, considerando que la participación de Red Eléctrica en el panel supone un conflicto de intereses. Corredor y Prieto responderán a las preguntas de los grupos parlamentarios, quienes buscan esclarecer las causas detrás del cero energético registrado en 2025. La discusión se centrará en comprender mejor lo sucedido y en evaluar la respuesta de las distintas entidades implicadas. El apagón de 2025 sigue generando tensiones en las instituciones españolas, donde se busca determinar responsabilidades y causas. Anteriormente, Corredor y Prieto ya comparecieron en una comisión similar en el Senado, impulsada por el Partido Popular gracias a su mayoría absoluta. Esta investigación concluyó en abril, responsabilizando del incidente al Gobierno de Pedro Sánchez, en particular a la exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, además de a la presidenta de Redeia y a la CNMC. La nueva comparecencia en el Congreso se produce una semana después de que el Senado, con los votos de PP, Vox y UPN, reprendiera a Sara Aagesen, criticando su gestión del apagón como "nula". Este contexto añade presión a los próximos interrogatorios en la Cámara Baja.