Podemos ha presentado recientemente una propuesta legislativa en el Congreso que solicita al Gobierno el abono retroactivo de los descuentos en el bono social eléctrico y térmico correspondiente al segundo semestre de 2024. Esta medida surge tras la caída de dichas subvenciones, que no fueron renovadas en los decretos anticrisis hasta enero de este año. Las bonificaciones representan un descuento del 65% para consumidores vulnerables y del 80% para los vulnerables severos, propuestas que se habían prorrogado debido a la crisis provocada por la guerra en Ucrania hasta junio del año pasado.
Puedes ver que Podemos logró un acuerdo con el Ejecutivo para extender estas ayudas durante el presente año a través del último decreto anticrisis. Este acuerdo también incluía el abono retroactivo de las bonificaciones correspondientes al periodo de julio a diciembre de 2022, respaldado por una enmienda registrada en la ley de gases de efecto invernadero. Sin embargo, el Gobierno decidió retirar este proyecto legislativo tras las presiones de PP y Junts, quienes incluyeron la eliminación de un impuesto eléctrico en contra de la postura del Ejecutivo. Como resultado, la enmienda de Podemos no prosperó.
Por otro lado, el PNV ha presentado una serie de enmiendas relacionadas con la proposición de ley que tiene como objetivo flexibilizar y facilitar el acceso de la industria a las redes de transporte energético. Esto fue anunciado por Aitor Esteban, el antiguo portavoz de la formación, en su último enfrentamiento con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Durante su intervención, Esteban instó a Sánchez a acelerar las inversiones en redes, almacenamiento e interconexiones energéticas tanto a nivel nacional como europeo, enfatizando que actualmente existe una gran cantidad de energía que se desperdicia debido a normativas antiguas y rígidas. Esteban argumentó que existe electricidad disponible que podría ser ofrecida a nuevas empresas o aquellas que buscan descarbonizarse, pero que no pueden acceder a ella debido a restricciones normativas.
En este contexto, el PNV propone reformas a la Ley del Sector Eléctrico, con el fin de que las capacidades en las redes de transporte sean asignadas a nuevos consumidores. Esto implicaría compartir infraestructuras de conexión a través de la cesión de instalaciones a las redes de distribución. Además, proponen que cualquier denegación de acceso a la red esté justificada y basada en criterios técnicos de seguridad, así como en la sostenibilidad y eficiencia del sistema eléctrico, en línea con los estándares establecidos por el Gobierno o la CNMC.
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