El Partido Popular (PP) y Vox han utilizado su mayoría en la Comisión Mixta de relaciones con el Tribunal de Cuentas para rechazar por primera vez el informe anual de la Cuenta General del Estado, correspondiente a 2024. Este año se reveló el uso de cerca de 2.400 millones de euros de fondos europeos sobrantes para pagar pensiones. Durante una reunión a puerta cerrada, la ponencia de la comisión decidió expresar su rechazo a dicha Cuenta General, la última analizada bajo la presidencia de Enriqueta Chicano en el organismo fiscalizador.
El rechazo del PP y Vox a la Cuenta General del Estado podría marcar un precedente significativo en la fiscalización de las finanzas públicas
Fuentes parlamentarias informaron a Europa Press que este rechazo se reflejará en un informe elaborado por el personal letrado de la comisión. El documento será sometido a votación el próximo 23 de junio en una sesión abierta de la comisión.
Además del dictamen de la ponencia, la Comisión Mixta analizará y votará ese día las propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios al informe del Tribunal de Cuentas. Vox, liderado por Santiago Abascal, ha solicitado devolver la declaración al Tribunal basándose en razones como la falta de Presupuestos Generales del Estado y el uso de modificaciones presupuestarias por parte del Gobierno. También menciona los riesgos de estas modificaciones, el deterioro de las cuentas públicas y un voto particular presentado por un consejero del Tribunal.
Por su parte, el PP, representado por Alberto Núñez Feijóo, ha planteado que el Tribunal de Cuentas devuelva la declaración. Solicitan que el organismo prepare, en un plazo "improrrogable e inexcusable" de tres meses, un informe detallando las consecuencias de no tener Presupuestos actualizados.
Tras la comisión, tanto el dictamen sobre el rechazo a la Cuenta General del Estado como las diferentes propuestas de resolución se elevarán al Pleno del Congreso y del Senado para una votación definitiva. Si el Parlamento acaba rechazando la Cuenta General, sería un hecho inédito en los últimos años, dado que el informe del Tribunal de Cuentas del año pasado fue aprobado unánimemente y refrendado sin inconvenientes en las Cortes.
