En los últimos tres lustros, el salario de los empleados públicos en España ha seguido una trayectoria marcada por la contención, los pactos parciales y la incertidumbre. La evolución, determinada en gran parte por las circunstancias económicas y fiscales del país, ha reflejado también los diferentes enfoques adoptados por los gobiernos de turno en materia de política presupuestaria. Desde 2010, las decisiones sobre retribuciones han oscilado entre la aplicación de recortes excepcionales, la congelación prolongada, acuerdos de mejora gradual y, más recientemente, subidas sujetas a condiciones aún por ejecutar.
El punto de inflexión se produjo en mayo de 2010. En plena crisis financiera, el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero anunció un recorte medio del 5% en el salario del personal del sector público, en lo que fue la primera reducción nominal de sueldos a funcionarios en democracia. La medida quedó recogida en el Real Decreto-Ley 8/2010 y respondió a las exigencias de consolidación fiscal en el marco europeo. Supuso una disminución directa en el sueldo base y complementos de más de dos millones y medio de empleados públicos, incluidos trabajadores de la Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales.
A partir de ese momento, se inició una etapa de congelación que se prolongó hasta 2015. Durante los años siguientes, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, no se aplicaron incrementos retributivos. En diciembre de 2012 se suspendió, además, el abono de la paga extraordinaria de Navidad, como medida de ahorro adicional (una decisión que fue objeto de recursos judiciales, y años más tarde el Tribunal Constitucional consideró que debía devolverse parcialmente).
En 2016 comenzaron a aplicarse incrementos moderados. Ese año se aprobó un alza del 1%, a la que siguieron otras de similar magnitud en los años posteriores. Fue en marzo de 2018 cuando el Ministerio de Hacienda firmó con los principales sindicatos un acuerdo salarial que introducía un nuevo modelo para el periodo 2018-2020 con subidas fijas anuales que oscilaban entre el 1,5% y el 2,25%, junto con una parte variable ligada al crecimiento del PIB. Según datos del ministerio, el impacto acumulado del acuerdo fue de un 6,1% en tres años.
Durante la pandemia provocada por la COVID-19 no se produjeron recortes salariales y se mantuvieron las subidas ya pactadas. En 2021 se aplicó un incremento del 0,9% y en 2022 del 2%, ambas contempladas en las respectivas leyes de los Presupuestos Generales del Estado. Pero el contexto macroeconómico se transformó inesperadamente a partir de 2021, con el repunte de la inflación tras la crisis energética y las tensiones derivadas de la guerra entre Rusia y Ucrania. La subida interanual de los precios en 2021 fue del 6,5% y en 2022 del 5,7%, datos que generaron una pérdida efectiva de poder adquisitivo para los trabajadores públicos, a pesar de los aumentos nominales.
El 19 de octubre de 2022, el Gobierno firmó con los sindicatos CC.OO y UGT el llamado "Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI". En él se recogían incrementos retributivos del 2,5% para 2023, con la posibilidad de añadir hasta un punto porcentual adicional mediante dos cláusulas. La primera, del 0,5%, dependía de que el IPC acumulado en 2022 y 2023 superase el 6%, algo que sí ocurrió. La segunda, también del 0,5%, quedaba condicionada a que el crecimiento del PIB nominal en 2023 superase el 5,9%. Los dos escenarios se cumplieron pero, a fecha de hoy, en marzo de 2025, el segundo tramo todavía no ha sido aplicado.
Durante este año, el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública no ha concretado si aplicará esa subida del 0,5% vinculada al crecimiento económico. Tampoco ha definido una senda salarial para el ejercicio actual; ni ha incluido previsiones retributivas para los próximos años..., y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado sigue pendiente.
La situación en Europa: Alemania, Francia, Grecia, Portugal, Italia
En Alemania, los sueldos del funcionariado han mantenido subidas regulares desde el año 2016, acordadas mediante convenios colectivos y vinculadas, en parte, a la inflación. Francia mantuvo congelados los salarios públicos entre 2010 y 2016, aunque desde entonces ha aplicado actualizaciones periódicas.
Por otro lado, en países del sur de Europa como Grecia y Portugal, las medidas han sido más drásticas. Grecia llegó a aplicar reducciones salariales de más del 30% en el marco de los programas de rescate financiero. Portugal congeló estos sueldos entre 2011 y 2015, con recuperaciones más lentas a partir de 2016. Italia también ha mantenido una política de contención durante varios años, aunque en los últimos ha incrementado los salarios públicos a través de negociación sectoriales.
A día de hoy, el futuro inmediato de las retribuciones en la función pública española sigue sin estar clara. La última parte del acuerdo vigente permanece pendiente de aplicación.
