El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, ha convocado a varios sindicatos, incluyendo CSIF, UGT, CCOO, CIG y ELA, a un encuentro previsto para el próximo 1 de julio. Esta reunión de la mesa delegada se celebrará tras las recientes movilizaciones organizadas por los sindicatos, quienes protestan por el incumplimiento de acuerdos firmados para mejorar las condiciones laborales de la plantilla de la Seguridad Social.
Estas movilizaciones, que incluyeron concentraciones ante las direcciones provinciales y los servicios centrales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), fueron convocadas por UGT, CSIF, CCOO y CIG. Las organizaciones sindicales acusan a la Administración de no desarrollar efectivamente el Acuerdo de 16 de mayo de 2023, respaldado por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones junto a la Subsecretaría de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Los sindicatos también critican que no se hayan cumplido las medidas previstas para modernizar la Administración de la Seguridad Social, contempladas desde el acuerdo de 29 de noviembre de 2018. Entre los puntos pendientes se encuentra la adaptación de la jornada a 35 horas semanales y los calendarios laborales aprobados por la Dirección General de la Función Pública.
La falta de aplicación efectiva de la nueva regulación de jornada y horarios aprobada para toda la Administración General del Estado (AGE) es otra de las reivindicaciones de los sindicatos
Los representantes sindicales denuncian además la ausencia de avances en la reorganización administrativa, así como en la cobertura y provisión de puestos de trabajo. Resaltan que el envejecimiento de la plantilla y la insuficiencia de personal agravan la situación: de los 31.000 empleados en la plantilla, un tercio de los puestos están vacantes, y en cinco años, el 50% de los empleados alcanzará la edad de jubilación. Esta situación afecta también a la atención presencial en algunas provincias, donde hay oficinas con solo uno a tres empleados.
Los tiempos de espera para la atención al público también resultan problemáticos. En Madrid, conseguir una cita en una oficina puede tomar hasta mes y medio, mientras que el plazo medio de resolución para el cobro de prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se extiende por un año, advierte el colectivo sindical.
Finalmente, los sindicatos han anunciado que continuarán con las movilizaciones hasta que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tome las medidas necesarias para cumplir con los acuerdos suscritos, con el fin de garantizar la operatividad y el futuro de una institución que consideran esencial para el Estado del Bienestar.
