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Kabul ha amanecido este viernes bajo el impacto de una ofensiva aérea atribuida a Pakistán, en lo que constituye uno de los episodios de mayor escalada militar entre ambos países en los últimos años. Según fuentes del Ministerio del Interior afgano, al menos una decena de personas murieron y varias resultaron heridas tras los bombardeos, que alcanzaron zonas residenciales y supuestos escondites de milicias armadas en las afueras de la capital. El Gobierno de Pakistán confirmó la operación pocas horas después y aseguró que su objetivo eran “infraestructuras terroristas” vinculadas a grupos que, según Islamabad, han perpetrado ataques recientes contra su territorio. En un comunicado, las autoridades paquistaníes defendieron que la acción fue “limitada, precisa y necesaria” para proteger la seguridad nacional. Sin embargo, Kabul condenó de inmediato el ataque y lo calificó de “agresión injustificada”. El portavoz del Ejecutivo afgano denunció que la operación se llevó a cabo sin coordinación ni aviso previo, lo que, a su juicio, supone una clara vulneración del derecho internacional. “Afganistán no tolerará ataques contra su soberanía”, afirmó, al tiempo que exigió una investigación internacional independiente. El episodio se produce en un contexto de creciente deterioro de las relaciones entre ambos países, marcado por acusaciones cruzadas sobre la presencia de insurgentes a lo largo de la frontera. Pakistán sostiene que facciones armadas operan desde territorio afgano, mientras Kabul acusa a Islamabad de apoyar indirectamente a determinados grupos para mantener influencia en la región. La comunidad internacional expresó preocupación por la escalada. Naciones Unidas ha instado a la “máxima contención” y advierte del riesgo de una mayor inestabilidad en Asia Central. Varios países pidieron diálogo urgente para evitar un conflicto abierto que podría agravar la ya delicada situación humanitaria en Afganistán. Analistas consideran que el ataque podría tener consecuencias a largo plazo, tanto en la…
El Centro de Operaciones de Ciberseguridad para Entidades Locales (COCS EELL), un proyecto de la Agencia Estatal de Administración Digital (AEAD) del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha sido recientemente galardonado con el premio CNIS 2026 en la categoría de ‘Transformación pública con impacto’. Este reconocimiento lo concede el Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos (CNIS), destacando la importancia de su labor en la protección de las infraestructuras digitales de las administraciones locales. La implantación del centro ha supuesto una evolución significativa en la organización de la ciberseguridad a nivel local en tan solo 13 meses. Uno de los logros más destacados del proyecto ha sido la reducción en los tiempos de respuesta ante incidentes, lo cual ha aumentado la confianza de los ciudadanos en los servicios digitales que ofrecen las administraciones. La coordinación a nivel provincial y autonómico ha facilitado una forma de trabajo más ordenada y eficiente Gracias a ello, se han creado sinergias interadministrativas y se han evitado solapamientos en las funciones y en el uso de inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). En la ceremonia de entrega, Juan Jesús Torres Carbonell, director de la AEAD, fue el encargado de recoger el premio, demostrando el compromiso de su equipo en la innovación y mejora de los servicios públicos digitales. Este reconocimiento no solo premia el presente, sino que augura un futuro prometedor para la ciberseguridad local en España.
La Comisión Europea ha reiterado su compromiso de presentar próximamente su propuesta legislativa de Aceleración Industrial, diseñada para impulsar la estrategia ‘Made in Europe’. Pese a los múltiples aplazamientos, la presentación podría finalmente tener lugar la próxima semana. Sin embargo, el vicepresidente ejecutivo de Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, no descarta posponer de nuevo si esto resulta necesario para superar diferencias internas y evitar posibles bloqueos en el proceso legislativo. Durante el Consejo de Competitividad en Bruselas, Séjourné afirmó que es preferible demorar la presentación del texto antes que arriesgarse a que quede estancado durante años. La propuesta, que inicialmente se esperaba para finales de 2025, ahora apunta al 4 de marzo como nueva fecha de presentación. El objetivo primordial es reducir dependencias en un contexto geopolítico incierto. Séjourné explicó que la propuesta busca ser «lo más ambiciosa posible», conciliando las diferentes direcciones y sensibilidades políticas, geográficas y económicas dentro de la Comisión Europea y entre los Estados miembro para asegurar su aprobación. Según el comisario, es crucial que las capacidades de mercado europeas se traduzcan en potencia industrial, permitiendo a Europa fabricar localmente los componentes más críticos para su seguridad. Debates abiertos: definición y alcance En paralelo, permanecen abiertos dos debates significativos: la definición de producción europea y su posible extensión a socios considerados fiables, así como los sectores que debería comprender el ‘Made in Europe’. A pesar de las diferencias, Séjourné defiende que se trata de discusiones saludables y necesarias para una propuesta de tal envergadura. La iniciativa no debe analizarse en un vacío, sino como parte de una estrategia más amplia que contempla el refuerzo del mercado interior, políticas industriales sólidas, diversificación comercial y promoción de la inversión. Como enfatizó Séjourné, si eliminamos uno de los pilares, no habremos elaborado la estrategia económica correcta. También recordó…
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha aplaudido la reciente convalidación en el Congreso de los Diputados del Real Decreto-ley que aborda la revalorización de las pensiones para el año 2026, beneficiando a más de 13 millones de personas. En un comunicado en su perfil de la red social ‘X’, la ministra expresó que «el Gobierno cumple con quienes han sostenido el país durante décadas y genera confianza con los más jóvenes«. Este importante Decreto-ley recibió un apoyo casi unánime, con la única excepción del partido político Vox, que votó en contra. El decreto contempla un incremento del 2,7% para las pensiones contributivas y de clases pasivas, mientras que las pensiones mínimas experimentarán un aumento superior al 7%. Además, las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares se revalorizarán en un 11,4%, mismo porcentaje que se aplicará a las pensiones no contributivas y al Ingreso Mínimo Vital (IMV). La revalorización representa un incremento de unos 570 euros adicionales al año para una pensión media de jubilación El Ministerio de Seguridad Social recalca que esta medida se ha gestionado de manera efectiva desde el mes de enero, con los pensionistas ya beneficiándose del incremento tras la aprobación del decreto por el Consejo de Ministros. La aprobación final del Congreso de este jueves supone el respaldo definitivo a esta política social que busca mejorar la calidad de vida de los pensionistas españoles.
El próximo sábado, las calles de Madrid serán escenario de una manifestación nacional convocada por los sindicatos UGT FICA, CCOO de Industria y ELA. La protesta se enmarca en la negociación del IX Convenio de Iberdrola y tiene como principal objetivo exigir una subida salarial para los trabajadores que permita preservar su poder adquisitivo. Los beneficios de Iberdrola y el reclamo de sus trabajadores UGT FICA ha subrayado que Iberdrola registró en 2025 «unos beneficios históricos de 6.285 millones de euros». Sin embargo, la denuncia de los sindicatos es clara: mientras la empresa alcanza cifras récord, su plantilla experimenta una pérdida de poder adquisitivo que supera el 16% en el último lustro. Los trabajadores han desempeñado un papel crucial durante eventos críticos como el apagón, los incendios forestales y las inundaciones de 2024, lo que refuerza la reivindicación de los sindicatos sobre la necesidad de reconocimiento y compensación. Los 9.000 trabajadores y trabajadoras de Iberdrola hacen un trabajo esencial El sindicato critica la «posición de bloqueo» que mantiene Iberdrola en las negociaciones, estancadas desde enero de 2025, frente a un incremento salarial propuesto que «no garantiza el IPC». Este planteamiento, según los sindicatos, escalaría la caída en el poder adquisitivo de los trabajadores, quienes acumulan pérdidas significativas desde 2021, con incrementos anuales que no superan el 0,7%. La manifestación en Madrid: un llamado a la acción La manifestación convocada por UGT FICA, CCOO de Industria y ELA comenzará a las 12.00 horas en la Puerta de Alcalá. El recorrido incluirá paradas estratégicas en puntos emblemáticos como Cibeles, para finalizar en una concentración en Sol. Esta acción busca visibilizar la situación de los empleados de Iberdrola y presionar a la empresa para que adopte medidas que garanticen la estabilidad económica de su plantilla.
En un debate acalorado en el Congreso de los Diputados, el decreto del escudo social, que contempla medidas como la moratoria antidesahucios y la prohibición del corte de agua y luz para las personas en situación de vulnerabilidad, ha sido blanco de críticas por parte de PP, Vox y Junts. Estos partidos han ratificado su voto en contra de la convalidación del decreto, lo que ha generado indignación entre el Gobierno y sus socios parlamentarios, quienes calificaron la postura de estos grupos como una «vergüenza». Durante la sesión en la Cámara Baja, las críticas de PP, Vox y Junts giraron en torno al argumento de que el decreto facilita la ‘okupación’ de viviendas. Esta postura, defendida por los partidos, provocó una fuerte reacción del Ejecutivo. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, calificó dicha justificación como una «excusa absolutamente falsaria». Bolaños recordó que: hace aproximadamente un año PP y Junts votaron a favor de la convalidación de un decreto similar El ministro instó a los partidos a considerar la importancia de aprobar el texto para no generar «incertidumbre» ni «sufrimiento» a quienes enfrentan dificultades financieras. La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, destacó esta contradicción en la postura de PP y Junts, instando a los últimos a abstenerse para evitar impactos negativos en las familias. Aina Vidal, portavoz adjunta de Sumar, acusó a Junts de representar intereses de «fondos buitre» y destacó el riesgo al que se enfrentan 200,000 personas, con 50,000 en Cataluña, ante una posible caída del decreto. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, fue particularmente crítica, deseando que aquellos que se oponen al decreto sientan el impacto real de los desahucios. Por su parte, la diputada de Junts Marta Madrenas reprochó al Gobierno la mezcla de medidas en un mismo decreto,…
En un reciente informe del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, se señala que las solicitudes de subsidio por desempleo han experimentado un aumento de 4.000 personas, alcanzando un total de 212.000 peticiones la semana pasada. Este incremento refleja la volatilidad del mercado laboral en medio de una recuperación económica que aún enfrenta ciertos desafíos. En la semana que finalizó el 14 de febrero, el número de beneficiarios de esta prestación ascendió a 1,833 millones, lo que representa una disminución de 31.000 en comparación con los 1,864 millones registrados en los siete días anteriores. Sin embargo, al contrastar estos datos con cifras del año 2025, se observa un leve incremento respecto a los 1,847 millones de entonces. Las cifras ponen de manifiesto tanto las subidas como las caídas en diferentes regiones del país. Los datos más recientes indican que los incrementos en las solicitudes de subsidio por desempleo se concentraron principalmente en Iowa, Míchigan, Florida y Nevada, con incrementos de 377, 105, 84 y 1, respectivamente. Por el contrario, las disminuciones más significativas se observaron en estados como Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, California y Texas. En cuanto a las tasas más elevadas de desempleo con ayuda, Rhode Island lidera con un 3%, seguido de Nueva Jersey con un 2,9% y Massachusetts con un 2,7%. Minnesota y Washington presentan una tasa del 2,5%, mientras que Illinois, California, y Nueva York se sitúan cerca, con un 2,3% y 2,2% respectivamente. Otros estados como Montana, Míchigan, Oregón y Pensilvania cierran la lista con tasas del 2%.
Sumar ha expresado su disposición a reconsiderar el enfoque del decreto del escudo social, el cual incluye medidas como la prohibición de desahucios y cortes de agua y luz a personas vulnerables, así como exenciones fiscales relacionadas con los incendios y la DANA. Esta discusión ha surgido ante la negativa del PP, Vox y Junts de respaldar el texto vigente. En el pasado, estas formaciones ya rechazaron un decreto que contemplaba la revalorización de las pensiones para 2026, lo cual obligó al Gobierno a separar dicho punto del paquete normativo para asegurar su aprobación. El portavoz de IU integrado en Sumar, Enrique Santiago, ha expresado su descontento con la postura de PP, Vox y Junts, calificando su voto en contra como una «vergüenza». Santiago ha mencionado la posibilidad de plantear las medidas en distintas normas si es necesario, para garantizar la protección de los grupos más vulnerables. Por su parte, el diputado de Compromís en Sumar, Alberto Ibáñez, ha instado al Gobierno a presentar un nuevo decreto cuanto antes. Ibáñez ha enfatizado la «obligación moral» del Ejecutivo de proteger a las personas en situación de vulnerabilidad, descartando la posibilidad de que «desahucien a los niños» o «corten la luz a las familias más empobrecidas». La diputada de Compromís, Águeda Mico, también ha mostrado su apoyo a abordar cada caso de manera individual y evitar los llamados «decretos ómnibus». La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha subrayado la necesidad de que los partidos voten a favor del decreto, rechazando la opción de segmentar las medidas de manera que se tenga que elegir entre diferentes grupos vulnerables. Mientras tanto, Junts ha focalizado su rechazo hacia la moratoria antidesahucios, argumentando que podría fomentar la ‘okupación’ de viviendas. Han afirmado que apoyarían el resto del decreto si se presenta de…
Estados Unidos ha dado un paso significativo en su política hacia Cuba al permitir la reventa de petróleo venezolano a la isla. Según una guía publicada por el Departamento del Tesoro de EE.UU., las compañías estarán autorizadas a redistribuir el crudo venezolano siempre que estas acciones beneficien directamente «al pueblo» cubano. Esta medida refleja el compromiso de EE.UU. con el pueblo cubano y busca aliviar parte de la escasez que la isla enfrenta actualmente. El Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha dejado claro que adoptará una política favorable respecto a las licencias para revender petróleo con el propósito de uso en Cuba. No obstante, las transacciones deberán apoyar al pueblo cubano, incluyendo al sector privado, y estarán excluidas aquellas que involucren o beneficien a personas vinculadas con el Ejército o instituciones gubernamentales cubanas. De acuerdo con el apoyo y la solidaridad de Estados Unidos hacia el pueblo cubano, la OFAC aplicaría una política de concesión de licencias favorable El Tesoro también especificó que no será necesario contar con una entidad establecida en Estados Unidos para acogerse a esta política. Además, se mencionó que las restricciones de la licencia emitida el pasado 10 de febrero por la OFAC, que autorizaba «ciertas actividades» relacionadas con el crudo venezolano, no serán aplicables a Cuba. Esta decisión llega en un momento crítico, ya que Cuba enfrenta una aguda escasez desde que la Administración Trump adquirió control sobre la comercialización del petróleo venezolano, una medida que se intensificó tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro. La medida también debe ser contextualizada dentro del ámbito más amplio de las tensiones entre EE.UU. y Cuba, donde se han amenazado con aranceles a países que suministren petróleo a la isla. Estas nuevas políticas podrían aliviar parcialmente la situación cubana y…
El Congreso de los Diputados se prepara para una votación crucial este jueves sobre la derogación o convalidación del decreto ley que extiende el conocido ‘escudo social’, el cual incluye una moratoria antidesahucios. Sin embargo, el Partido Popular (PP), Vox y Junts han manifestado su intención de votar en contra, luego de que el texto fuera rechazado previamente en la Cámara Baja. Este decreto no solo contempla medidas para evitar desalojos, sino que también prohíbe el corte de suministros a personas vulnerables. Desde su aprobación en el Consejo de Ministros, está en vigor pero requiere la aprobación del Congreso en un plazo de treinta días para ser convalidado o derogado definitivamente. Decisión política dividida en el Congreso Originalmente, la prórroga del escudo social fue parte de un decreto que también abarcaba la revalorización de las pensiones, pero fue rechazado con los votos del PP, Vox, Junts y UPN. Estos grupos defendieron que, aunque apoyaban el aumento de las pensiones, no estaban de acuerdo con la moratoria antidesahucios ni con la prohibición de cortes de suministros básicos para los vulnerables. Debido a esto, el Gobierno optó por desagregar el decreto en dos textos separados para facilitar la votación. Además, el Ejecutivo incluyó una modificación, a solicitud del PNV, en el decreto del escudo social, para que la prohibición de desahuciar no afecte a propietarios individuales con una sola vivienda en alquiler No obstante, PP, Vox y Junts mantienen su postura en contra. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, reiteró su voto negativo afirmando que el decreto favorece «ocupaciones» al complicar los desalojos en situaciones de vulnerabilidad económica. Desde el Gobierno, sin embargo, consideran que Junts está utilizando pretextos para justificar su oposición. El Pleno también abordará decretos relacionados con ayudas a las víctimas de accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz (Córdoba) y…